Lorenzetti volteó la reforma impulsada por Cristina.

El 2013 reunió todos los condimentos para ser recordado como el año en el cual la Justicia saltó al escenario principal de la política. Expedientes que involucraron a funcionarios de primera línea, fuego cruzado por reformas planteadas desde el Gobierno y la Corte Suprema, fallos intempestivos que supieron patear el tablero; nada ha quedado afuera en esta saga cuyo denominador común fue el descenso de la Justicia a los rituales de la política con una velocidad nunca vista: reuniones de madrugada, disputas por cargos y alusiones por momentos demasiado evidentes para demostrar que la justicia federal nunca ha dejado de ser una corporación poderosa y que en 2014, sin lugar a dudas, protagonizará nuevas batallas.

El kirchnerismo comenzó el año obnubilado con dos cuestiones que ya en enero  se veían como urgentes: el fallo de la Corte Suprema por la Ley de Medios y, en los niveles más reservados, la situación del vicepresidente Amado Boudou. Justamente, en febrero Carlos “chino” Zaninni comenzó a indagar que posibilidades habían en el juzgado de Ariel Lijo de archivar la causa Ciccone, expediente que si bien al comienzo Zaninni celebró (nunca toleró que Boudou se promocionara como sucesor de Cristina Fernández) luego le pidieron que interviniera no solo por Boudou sino por otros amigos del oficialismo que podrían verse complicados. “A esta altura ya es imposible cerrar nada, esperaron demasiado”, le avisó Lijo al secretario de Legal y Técnica. Pero le dio un suspiro: en abril ordenó una batería de medidas que a lo largo del año le permitieron mantener ese expediente con un perfil relativamente bajo.

Pero, tal como se veía venir, noviembre llegó con una serie de testimoniales de la familia Ciccone y de un ejecutivo de Telefónica que terminaron por arrastrar al vice a las puertas de una indagatoria que ya todos dan por descontada y que le ponen fecha para febrero o marzo. En este momento en la cima del poder las dudas pasan por la postura que asumirá Boudou cuando llegue lo peor. En el seno del peronismo ya promueven una renuncia que será conveniente si se precipita el clima de transición. Intrigas que corren por cuenta de aquellos gobernadores que ya sueñan con una eventual asamblea legislativa, como es el caso del cordobés Juan Manuel De la Sota o del propio Daniel Scioli.

A Boudou lo espera una indagatoria.

Ya en el mes de abril la trama Ciccone fue superada por  el escándalo del caso Báez-Fariña-Elaskar que reveló Canal 13. Un asunto colorido y que cumple con todos los aspectos para ser una reminiscencia de los 90: vedettes, financistas flojos de papales, autos de alta gama y uno de los empresarios más protegidos por el poder K (Lázaro Báez). Leonardo Fariña y Federico Elaskar denunciaron una red de lavado de dinero que involucraría a la propia familia presidencial para luego auto desmentirse. El expediente recayó en el juez más joven del fuero federal, Sebastián Casanello, quien ya indagó a los dos denunciantes, realizó 10 allanamientos, pidió exhortos y que prepara medidas para el mes de febrero. Durante los últimos meses del año se registró un movimiento clave: ingresó, como coordinador de las defensas, el abogado Nicolás Maciel que también defiende a un contador imputado en la trama Schoklender-Sueños Compartidos y que hace tres años protagonizó un escándalo en el fuero penal económico cuando lo denunciaron por supuesto intento de soborno.

Mayo y junio trajeron la aventura más arriesgada del Gobierno en materia de política judicial cuando Cristina Fernández propuso una reforma al Consejo de la Magistratura que tenía por principal rasgo la elección mediante el voto popular de los integrantes del cuerpo que debe remover y seleccionar a los jueces y que además estos no debían ser necesariamente abogados. La Corte Suprema guardó un silencio total para evitar recusaciones pero combatió los planes del Gobierno con tres operadores eficaces: el jefe de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, el titular del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo, y el titular de la Junta de Camaristas Federales, Gustavo Hornos, que además presidía la Casación Penal.

Cabral desfiló por cuanto programa de televisión lo invitara para defenestrar la reforma por intentar politizar un organismo que, según su punto de vista, debería ser técnico. Pagó solicitadas en los diarios y nunca dejó de recordar que fue la propia Cristina Fernández quien durante el gobierno de Néstor Kirchner alentó la reforma al Consejo que le dio más lugar a los estamentos técnicos.

Rizzo –siempre con la voz de Carlos Fayt en el oído-  logró aglutinar a todos los colegios de abogados del país para litigar contra la reforma una vez que la votó el Congreso.  Primero logró una serie de medidas cautelares y se llevó el premio mayor al presentar el amparo que luego la Corte tomó para dar de baja la reforma.

Hornos fue el jugador más sigiloso. Organizó una estrategia con los presidentes de todas las Cámaras Federalesdel país para lograr que el Gobierno modificara los proyectos en la Cámara de Diputados y la reforma no incluyera el control de los fondos de la Corte Suprema (le enviaron una nota llena de críticas a Julián Domínguez, quien ante la certeza de que la reforma no tendría posibilidades sin el visto bueno de estos jueces aceptó los cambios propuestos y la convenció de esto a Cristina). Fue la primera vez que Elisa Carrió habló de un supuesto pacto Gobierno-Corte. Luego la Corte tumbó la reforma por 6 votos negativos contra el solitario voto de Eugenio Zaffaroni.

Gils Carbó fue una de las impulsoras de Justicia Legítima.

En paralelo a estos asuntos el Gobierno auspició la creación de la agrupación de jueces Justicia Legítima que supo conducir la procuradora general Alejandra Gils Carbó junto a otros jueces de peso como María Laura Garrigós de Rébori y Alejandro Slokar. Hubo una serie de actos masivos y solicitadas en los diarios a favor de la reforma judicial pero la caída de la misma disgregó al grupo y le ocasionó a Gils Carbó una guerra feroz en el ministerio público que perdura hasta hoy y que dará letra a nuevos episodios ya que tiene una causa abierta en los tribunales de Comodoro Py por haber nombrado fiscales sin el acuerdo del Senado. Gis Carbó se apartó de la conducción del grupo y pasará el verano intentando moderar su exaltado perfil.

En la segunda mitad del año la Corte dominó la escena ante la perspectiva de un fallo final por la ley de medios. Antes de eso Ricardo Lorenzetti vivió una polémica con el presidente de la AFIP Ricardo Echegaray cuando este lo denunció por tener bienes supuestamente no declarados (el pleno de la Corte se abroqueló en torno a Lorenzetti). Sin embargo, nada dijeron los ministros del otro denunciado por Echegaray, el contador Héctor Marchi, que controla la caja de la Corte. Más tarde el tribunal envió un fuerte mensaje a las aspiraciones reeleccionistas de distintos cuadros políticos cuando dio de baja la candidatura a gobernador de Gerardo Zamora que iba por un tercer mandato.

El fallo de la Ley de Medios, que fue favorable al Gobierno y que se conoció 48 horas más tarde de la debacle electoral del kirchnerismo, estalló  en el seno de la Corte y pulverizó la buena relación que existía entre los ministros y que había quedado en evidencia cuando fuera el fallo contra la reforma. No los dividieron sus percepciones sobre la ley, sino los contactos con la política que ellos mismos supieron tener. Demasiadas conversaciones privadas de Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco con Zaninni así como también de Juan Carlos Maqueda con sectores del establishment inquietos por el caso Clarín.

Contrario a lo que se venía pronosticando, la Ley de Medios no la definió Lorenzetti sino Enrique Petracchi quien cambió su voto sobre el final (sus secretarios habían escrito tres borradores distintos). No hubo grandes explicaciones para ese giro aunque sí un dato para considerar: el año terminó y el amparo que favorece a Petracchi para estar en la Corte luego de los 75 años todavía no fue confirmado por sus pares.