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El plan de Gils Carbó para recuperar el protagonismo perdido

La procuradora general Alejandra Gils Carbó cree haber encontrado, en la saga de motines policiales, una oportunidad para recuperar el protagonismo luego de meses de silencio. Ya conversó con Julián Álvarez y con Julio Alak (responsables del Ministerio de Justicia) y definió la creación de un grupo de fiscales con tareas poco claras. La debacle en la Corte Suprema de la reforma judicial que apoyara desde la agrupación Justicia Legitima sumió a la jefa de los fiscales en una suerte de ostracismo: delegó la conducción de la organización en la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori, y se alejó de los atriles incendiarios. Incluso, y tal como ha contado CyR, recompuso relaciones oxidadas como en el caso del fiscal Carlos Rívolo.

 

Los desmanes que se están sucediendo a lo largo del país le dan ahora una nueva oportunidad. El Gobierno le ha encargado que encuentre a los responsables políticos del reclamo policial. El fiscal federal de San Isidro Rodolfo Domínguez (con experiencia en causas de narcotráfico) encabezará una unidad fiscal en la cual no figuran integrantes de Justicia Legítima y estará a cargo de los delitos que afecten el orden constitucional.

 

Gils Carbó tiene, en paralelo, una tensión personal con las fuerzas de seguridad ya que desde hace meses avanza en un plan para que todas las muertes que ocurran en unidades carcelarias y comisarías tengan por consecuencia la apertura de un expediente que deberá ser investigado por un fiscal.

 

 

El grupo de fiscales que organizó la procuradora ya recibió la indicación de rastrear en las internas del peronismo de las distintas provincias a fin de dar con los instigadores de los saqueos. Los fiscales de Comodoro Py le auguran un final con escasos resultados mientras le reprochan que haya intentado, la semana pasada, promover a su colega de Justicia Legítima Alejandro Slokar a la jefatura de la Casación Penal.

 

La sanción a José María Campagnoli –a quien la procuradora acusa de extralimitarse en sus funciones en la causa de lavado de dinero que protagoniza Lázaro Báez– también podría ser un boomerang contra Gils Carbó, que tiene una causa abierta en Comodoro Py y acaba de suma runa nueva denuncia de la diputada Elisa Carrió.

 

Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de su presidente, Carlos Donoso Castex, emitió un comunicado de apoyo a Campagnoli donde se afirma que no hay motivos para sancionar al fiscal. “Para sostener esta tesitura tenemos en cuenta que el Dr. Campagnoli ya no interviene en la investigación en la que fue cuestionado y tampoco se observa que se den los presupuestos a que alude el art.29 del Reglamento del Tribunal de Enjuiciamiento, y especialmente que pueda sostenerse que haya un riesgo de que se vea afectada la normal prestación del servicio”, dice el comunicado de los fiscales, quienes además señalan que la apertura de un jury de enjuiciamiento no debería implicar necesariamente la suspensión de Campagnoli.

 

“A nadie puede escapar que la suspensión de acuerdo al reglamento vigente se trata de una ‘posibilidad’ que debe adoptarse sólo en un caso imprescindible”, sigue el comunicado firmado por Donoso Castex, “y de ningún modo puede constituirse en una regla por cuanto es indudable que en si misma se trata de una sanción anticipada que puede generar un menoscabo irreparable al fiscal involucrado. Para ello debe tenerse en cuenta que la suspensión trae aparejado el cobro de tan solo el 70% del sueldo y a su vez impide al fiscal acusado el ejercicio de cualquier otra actividad, lo cual sin duda habrá de repercutir en una notable disminución de sus ingresos”.


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