Por Rafael Saralegui.

El renunciado secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dejará su cargo el próximo 2 de diciembre con media docena de denuncias en su contra. La causa que se encuentra más avanzada es la que está a cargo del juez federal Guillermo Bonadío, quien lo procesó por abuso de autoridad por multar a consultoras que difunden un índice de inflación diferente al del poco creíble del Indec.

Bonadío dictó el primer procesamiento de Moreno.

El mismo día que se anunció Moreno dejará su cargo por el de agregado comercial en la embajada argentina en Roma, el funcionario se la pasó en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí se presentó ante los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal para apelar el procesamiento que le había dictado Bonadío.

El juez federal Bonadío, como Moreno, milita en el peronismo, pero en bandos opuestos. Hombre de armas llevar, al igual que al secretario, de quien se dice recibía a los empresarios con una pistola sobre el escritorio, procesó al secretario como una señal hacia los operadores K en el mundillo judicial.

Bonadío recibió la causa después de que se excusara su colega Norberto Oyarbide por “violencia moral”. Moreno les dijo el martes a los camaristas que debían dejar sin efecto el procesamiento porque había existido antes una causa por el mismo motivo, que había estado a cargo de Julián Ercolini, quien había sostenido la inexistencia de delito.

La denuncia contra Moreno había sido impulsada por otro peronista, el ex funcionario Jorge Todesca, duhaldista, viceministro de Economía en 2002, durante el interinato del retirado caudillo de Lomas de Zamora. Y el procesamiento fue dictado por Bonadío en septiembre último, en plena campaña electoral. De todos modos, en el expediente Moreno contraatacó denunciando a las mismas consultoras.

Si bien la causa a cargo de Bonadío es la que se encuentra más avanzada, no es la única en trámite contra el secretario en retiro forzado. Una de las denuncias se la realizó el fiscal Guillermo Marijuán por amenazas. Fue por haber concurrido a una asamblea del Papel Prensa con guantes de boxeo. Esa causa también recayó en Ercolini.

Moreno cosechó otras dos denuncias en abril pasado, cuando irrumpió junto al designado ministro de Economía, Axel Kicillof, en la asamblea del Grupo Clarín en representación del Estado. Una denuncia la hizo el mismo grupo empresario y otra el diputado del peronismo opositor Eduardo Amadeo por el delito de “coacción agravada”. Las causas recayeron en Oyarbide y en Rodolfo Canicoba Corral.

Los diputados nacionales Manuel Garrido y Alfonso Pray Gat también denunciaron a Moreno por haber supuestamente falseado los datos de crecimiento del PBI. Esa causa con intervención del fiscal Federico Delgado, también está en el juzgado de Ercolini. Los dos legisladores realizaron una ampliación de la denuncia la semana pasada. Prat Gay sostuvo que «la Justicia debe investigar si hay funcionarios que han comprado cupones del PBI con información privilegiada antes de numerosos anuncios irregulares de indicadores económicos por parte de la presidente».

En la presentación de mayo, el diputado solicitó que también se investigue a la secretaria de Comercio Exterior y ex directora de Índices de Precios de Consumo del INDEC, Beatriz Paglieri, a la directora general del organismo, Ana María Edwin, y a los funcionarios José Luis Blanco y Jorge Adrián Souto.

Justamente en su última declaración jurada presentada en la Oficina Anticorrupción Moreno dijo poseer activos por 2.257.163 pesos, lo que representa un incremento de 470 mil pesos respecto del año anterior. “Moreno declaró una gran diversidad de inversiones en bonos y acciones. Por ejemplo, adquirió acciones de YPF por 102.762 pesos. También títulos de la deuda de Formosa por 8 mil pesos, Boden 2015 por 134.431 pesos, Bonar X por 75 mil pesos, bonos de la provincia de Buenos Aires por casi 50 mil pesos y cupones atados al PBI por 35 mil pesos. Entre esos bonos y otros que ya tenía, Moreno completó inversiones por casi 500 mil pesos. Además, declaró ingresos por sueldo, alquileres y demás rentas por unos 580 mil pesos”, informa el diario Página 12.

Otra sonora denuncia contra el secretario fue realizada por una despachante de aduanas, quien lo acusó de violencia de género, amenazas y abuso de autoridad. La denuncia de Paula de Conto quedó a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli.