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La Justicia ordena a la Jefatura de Gabinete dar a conocer los contratos de la productora de 6,7,8

Para la Justicia no hay motivo para no dar a conocer los contratos de Gvirtz.

Para la Justicia no hay motivo para no dar a conocer los contratos de Gvirtz.

La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una resolución que ordenó al Estado Nacional entregar copia de contratos entre Radio y Televisión SE y Pensado Para Televisión SA, la productora de Diego Gvirtz.

Esa productora es la que realiza los programas 6,7,8, que se emite casi todos los días por la televisión pública, Duro de Domar, que se emite por Canal 9, al igual que Televisión Registrada (TVR), que esta temporada cumple 15 años en el aire.

El pedido de acceso a la información fue presentado por la periodista Mariel Fitz Patrick, que trabaja para Jorge Lanata, en el programa que se emite los domingos por Canal 13.

Fitz Patrick había solicitado copia de esos contratos a la Jefatura de Gabinete el 14 de diciembre del año pasado, pero desde allí le negaron la información. Primero, el 3 de enero de 2013, le informaron sobre la prórroga que establece el decreto de acceso a la información pública y más tarde, el 17 de enero, le comunicaron la denegación del pedido advirtiendo que la periodista no acreditaba un “interés legítimo” para pedir la información.

Tras la negativa de la Jefatura de Gabinete, la periodista realizó una presentación ante la Justicia, que en primera instancia le dio la razón. Esa resolución fue apelada por el Gobierno y llegó a la Cámara, que ratificó la resolución de la instancia anterior.

Los camaristas sostuvieron que “no se advierte la necesidad de brindar a los contratistas de Radio y Televisión Argentina SE un resguardo del que carece el resto de los contratistas del Estado, ya que quien contrata con él no puede aspirar al secreto de tal relación ni sentirse afectado porque se conozca la existencia de ese vínculo”.

La sentencia firmada por los jueces Marcelo Daniel Duffy, Jorge Eduardo Moran y Rogelio W. Vicenti, concluye: “La amparista invocó su carácter de periodista y ello también le confiere suficiente interés para pedir y obtener información pública, sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad que pueda derivar del uso que le dé a dicha información”.


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