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Piden medidas para investigar a jueces de Casación en un intento de soborno

El fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción n° 49, presentó un nuevo pedido de medidas de prueba ante el juez Guillermo Rongo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 11, con el objetivo de determinar el rol que tuvieron los jueces de la Cámara de Casación Penal Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo en la causa por intento de soborno vinculada al proceso judicial por el asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, informó la Procuración General de la Nación en su sitio Fiscales.

En el marco de esta causa ya se encuentran procesados el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid; el ex titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza; el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme; el empleado judicial Luis Ameghino Escobar y el contador del gremio Angel Stafforini.
En su escrito, Azzolin recuerda que retomó el trabajo iniciado por el anterior fiscal de la causa Sandro Abraldes y reitera las medidas de prueba que ya habían sido pedidas ante al juez anterior, José Luis Rodríguez, quien las rechazó “con argumentos absolutamente discutibles”.

“No me refiero a otra cosa que a lo ya expuesto por el fiscal Sandro Abraldes, quien indicó que la tarea de delimitar el objeto procesal de la causa no estaba clausurada, ya que no podía descartarse la intervención de Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo”, precisa el escrito presentado por Azzolin.

Al momento de confirmar los procesamientos de Aráoz de Lamadrid, Pedraza, Riquelme, Ameghino Escobar y Stafforini, la Cámara del Crimen dio por acreditado que la maniobra se realizó en dos etapas. La primera apuntó a manipular el sorteo para que los recursos de casación interpuestos en el marco de la investigación por el asesinato de Ferreyra quedaran radicados en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. En tanto, la segunda etapa -según el fallo de la Cámara del Crimen-, estuvo destinada a “influir indebidamente en el juez Riggi y, en el resto de los vocales de la sala, para obtener un fallo favorable a los intereses de los imputados, hecho éste que sucedería los primeros días de febrero de 2011”.

La cámara afirmó que la segunda etapa habría quedado truncada por el allanamiento realizado en el estudio jurídico de Octavio Aráoz de Lamadrid. Sin embargo, Azzolin sostiene en su escrito que “en el sumario se han recolectado indicios suficientes para sospechar que los contactos con los jueces para influir en su decisión podrían haberse generado en forma contemporánea al sorteo –ocurrido en enero de 2011- o incluso antes. En ese sentido se destaca el interés en lograr que el por entonces juez Mitchell estuviera en funciones durante la feria de enero de 2011 para garantizar que el recurso no se tramitara como cuestión de feria. Y también la aparente gestión de uno de los imputados para favorecer a un hijo del juez Riggi como forma, tal vez, de lograr un elemento de negociación independiente del aparente dinero que se recolectaría para conseguir la decisión esperada”.

A partir de estas constataciones, Azzolin solicitó nuevamente la realización de aquellas medidas de prueba que en su momento fueron denegadas. Las medidas consisten en:

– Tomar testimonio a la jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal, Ángela Ledesma.
– Tomar testimonio a empleados de la vocalía de Riggi y de la que era titular Mitchell.
– Investigar la existencia de algún beneficio que podrían haber obtenido descendientes del juez Riggi con relación a algún proyecto vinculado al rubro de la construcción en el que la UOCRA estuviera involucrada.
– Acceder a los legajos completos de todos los recursos presentados ante la Cámara Nacional de Casación Penal, durante la feria judicial de verano del año 2011, en la causa “Ferreyra”.
– Esclarecer la vinculación de la firma “PINTEC” con el pago efectuado a Riquelme.


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