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Casación absuelve a un condenado por robar carne en un supermercado

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a un hombre que había sido condenado por robas dos trozos de carne en un supermercado para alimentar a su familia y criticó el funcionamiento del sistema penal que se puso en marcha pese a la insignificancia del hecho y el dispendio de recursos judiciales.

Los jueces Ángela Ester Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa resolvieron por unanimidad, hacer lugar a un recurso de casación deducido por la Defensa Pública Oficial en favor de H.H.G. contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 6 que lo había condenado a quince días de prisión en suspenso por haber intentado apoderarse de dos piezas de carne tipo palomita del interior del Supermercado Día, ubicado enCabildo 4265 de esta ciudad el 18 de julio de 2008, calificando la conducta como hurto en grado de tentativa.

El Máximo Tribunal penal del país consideró que la afectación al bien jurídico fue ínfima y puntualizó que en el caso se encontraban en juego los principios de lesividad y proporcionalidad, cuya aplicación debe ser directa.  Ello significa que un Estado de Derecho de bases republicanas debe limitar el uso de la violencia estatal sólo a aquellos supuestos en que se produzca una lesión al bien jurídico que sea relevante para la víctima, lo cual excluye los daños insignificantes.

En el fallo se aludió a la ilegitimidad de la cultura inquisitiva, pues tanto desde el punto de vista sustancial como desde el procesal, el sistema se mostró incapaz de aplicar criterios de mínima intervención y proporcionalidad; de atender adecuadamente al interés concreto de las víctimas y de distribuir racionalmente la carga de trabajo.

La doctora Ledesma -que lideró el acuerdo- consideró que la forma en que tramitó la causa, al igual que tantas otras que ingresan en el Tribunal, demuestran que quinientos años de cultura inquisitiva, forjaron un sistema de justicia burocrático, rígido, secreto, lento, ineficiente y extremadamente injusto que opera sin satisfacer ningún interés legítimo.

La magistrada subrayó que en esta causa transcurrieron cuatro años desde el hecho, intervinieron 11 jueces, 4 fiscales, 5 defensores y más de 8 funcionarios (sin contar los innumerables empleados) para que se dicte la condena de un hombre que en su defensa dijo que “necesitaba llevarse la carne porque no tenía para comer y su hijo hacía tres días que no comía”.

En su voto, además indicó que el sistema no ofrece respuestas diferenciadas de acuerdo a la problemática concreta del caso, sino que aplica automáticamente la violencia estatal frente al mero incumplimiento de las normas.  Esta lógica atenta contra una buena administración de justicia, pues impide que los esfuerzos de jueces, fiscales y funcionarios se oriente a los casos de mayor complejidad y/o trascendencia social.

Finalmente, la doctora Ledesma aseveró que la Justicia se mostró incapaz de comprender el alcance del conflicto, pues “los papeles” se encargaron de mediatizar esa realidad.  La cultura del expediente (y la escasa oralidad) constituye la forma bajo la cual se consagra el imperio de la arbitrariedad y del autoritarismo en el que el conflicto primario es sustituido por finalidades estatales autónomas –no siembre visibles- que sólo tienden a preservar el interés del Estado y su normatividad. A su entender, este caso es altamente demostrativo de la intolerancia del sistema, pues frente a la escasa o insignificante afectación del bien jurídico protegido, ha sido implacable.


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