Por Martín Casares

En los últimos días la seguridad ciudadana ingresó de lleno en la campaña electoral: con diversas opiniones, propuestas por parte de la oposición, la respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Y con sus cambios de orientación y rumbo, los gobiernos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires dejan entrever que no hay una política de Estado en materia de seguridad.

Las medidas recientemente anunciadas parecen ser contrarias a la política pública en materia de seguridad ciudadana que venía sosteniendo el Gobierno; que en realidad no era mucho más que la negación misma del problema.

En el medio de la campaña, y después del resultado de las PASO, se presentan una serie de medidas puntuales sin relación entre sí que aparecen como una reacción oportunista de corto plazo y uso electoral.

En primer lugar se envía 4.500 efectivos de Gendarmería a la provincia, sin planificación previa, conocimiento del territorio ni capacitación o entrenamiento; se propone la designación de un nuevo ministro de Seguridad de un marcado perfil duro que en su discurso destaca la importancia de la represión y contar con más policía con más facultades.

También resultan ejemplificadores los anuncios del candidato oficial Martín Insaurralde respecto a la propuesta de bajar en la edad de imputabilidad, planteo que siempre fue rechazado por el kirchnerismo; y la postura del flamante ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires respecto a la posesión de armas por parte de la población, totalmente en contra del plan de desarme que hace años viene llevando adelante el gobernador Scioli.

Finalmente, se instala en el debate público y político el tema de la baja de la imputabilidad como una de las soluciones a la problemática de la inseguridad. Nada más alejado de eso, sobre todo si se tiene en cuenta que si se analizan las estadísticas criminales, los delitos cometidos por jóvenes menores de edad no supera el 5 %.

Mi intención no es poner en tela de juicio el cambio de orientación en la política pública de seguridad del Gobierno; de hecho en este punto me parece un avance que se reconozca el problema de seguridad, su magnitud y el fracaso de su abordaje anterior. Ahora bien, también creo importante destacar, que para hacerse cargo de la situación de inseguridad no basta con cambiar el discurso, medidas aisladas o designar a “duros” a cargo de las áreas de seguridad.

Sino el cambio de la orientación de la política pública de seguridad ciudadana y de los planes de gobierno a ciegas; sin análisis de información objetiva respecto a la cantidad, tipo y complejidad de los delitos a abordar, ni del impacto de las medidas en términos de eficacia. En síntesis, creo que lo criticable es la toma de medidas improvisando y la afectación de recursos públicos sin conocer el problema, profundidad, ni los resultados que deberían esperarse.

Recordemos que hasta hace muy poco, los funcionarios de primera línea del gobierno responsables de las áreas de seguridad, sostenían que existía era una “sensación de inseguridad” que era una construcción subjetiva sin fundamentos objetivos, y acto seguido culpaban a los medios de comunicación por generar una percepción negativa de aumento del delito.

No es malo que el Gobierno haya decidido modificar la orientación de su política criminal y encaminar de este modo sus proyectos; lo que no resulta adecuado es que esto se haga de manera improvisada, sin una planificación estratégica que defina una meta y objetivos concretos.

Lo que hace falta es un “Plan Estratégico de Seguridad” que aborde la problemática de la violencia y la delincuencia de manera integral con objetivos bien definidos a largo, mediano y corto plazo.