Por Alejandro Mosquera

Nuevamente un debate sin profundidad se da sobre la seguridad. El espacio se llena de voces más preocupadas en la conquista de votos, por las lecturas rápidas de encuestas, que en tratar de generar un debate serio y genuino en el marco electoral,  en muchos recurriendo a viejo recurso de la demagogia punitiva.

Entre los reiterados argumentos reapareció la idea de la baja de la edad de punibilidad de adolescentes, niñas y niños. Y la saturación de personal de las fuerzas de seguridad en los territorios. Las dos propuestas tienen sus orígenes cercanos en el país que generó el neoliberalismo tanto en sus consecuencias sociales, como culturales. Y son incoherentes con una política de inclusión, de mayor distribución de la riqueza, y de modificación del tipo de Estado que generó aquella experiencia nefasta.

Se discute sobre los niños de 14 a 16, no de todos, sino  de los niños pobres, víctimas de la pobreza y las lacras sociales que produjo la devastación del Estado de Bienestar en los 90. Chicos que nacieron en el año 2000 aproximadamente cuando estallaba el modelo económico-social e institucional que concreto el menemismo y continuó el alianzismo Delaruista y la experiencia del club devaluacionista de la etapa Duhaldista. Son los chicos de la extrema pobreza, con niveles de indigencia nunca vividos, con jefes y jefas de familias desocupados tratando de sobrevivir mientras los bancos, las financieras y muchas grandes empresas se enriquecieron licuando sus deudas vía la devaluación asimétrica.

En paralelo al retiro del Estado en sus funciones de “bienestar” creció otro Estado, policial y autoritario, para mantener a raya a una gran mayoría de la población que se encontraba en condiciones de vida extrema.  Es el Estado duro, donde se extremaban las facultades policiales de detención, donde se declaraba la “guerra” al delito como forma de lograr más poder para las corporaciones de las fuerzas de seguridad.  Si siempre el poder político había pactado con ellas en una trama sucia de delitos y negocios, en esa  etapa desarrolla a niveles  no vistos anteriormente en democracia. El delito se hace más complejo, crece el narcotráfico, el delito financiero y tantos otros. Para alguna de estas organizaciones delictivas el reclutar chicos con complicidad policial se convirtió en rentable. Eran  los eslabones prescindibles o  intercambiables.  Cuando la policía necesitaba demostrar actividad ante la presión de la opinión pública allí se encontraba los objetos de sus espectaculares operativos.

Esa política mal llamada tolerancia cero, es en realidad intolerancia selectiva, que resguarda los espacios de impunidad para las organizaciones delictivas y concentra su poder de fuego sobre el segmento social empobrecido. Ese tipo de policía cuya misión (mas allá de discursos) esta sostenida en la fuerza bruta, no necesita transformarse, ni profesionalizarse.  Su base es la saturación de fuerzas de seguridad en el territorio. Una desprofesionalizada burocracia estatal, sin capacitación, con bajos sueldos, destinada a ocupar el territorio. No logran percibir que son reclutados en el mismo segmento social donde se encuentran los niños y niñas perseguidos, estigmatizados y amenazados de sus barrios. Quizás si los sindicatos de policías pudieran desarrollarse más conciencia de trabajadores lograrían estos empleados estatales y no serían tan manipulables por las modas punitivas y la corrupción de los jefes.

Cuando se discute entonces la situación de los niños y niñas en conflicto, en primer lugar hay que lograr que las leyes de protección integral de la niñez se apliquen en toda su dimensión, con aumentos de presupuesto significativos en todos los niveles estatales, habría que discutir cómo lograr la doble escolaridad en todas las escuelas primarias y medias, y como  convertir en sujetos de derechos a los niños frente al poder arbitrario de policías y jueces, es decir que puedan tener defensa, garantías y un plus de derechos que los adultos y no como hasta ahora que tienen menos derecho. Para ello necesitamos nacionalmente un régimen penal juvenil, pero ello no implica bajar la edad de punibilidad.

Un dato positivo del último tiempo en la Provincia era que se estaba impulsando una política de desarme y persecución del mercado negro. Sin embargo tanto el intendente electo como Ministro de seguridad Alejandro Granados, como el Intendente Hugo Curto, parecen promover  o legitimar en sus dichos el armado de la sociedad civil. Vale recordar que este solo logra más violencia,  más indefensión,  y muchos de los homicidios se realizan con armas presentes  en la sociedad. Mal camino si se quiere cuidar a la sociedad.