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Organizaciones civiles respaldan a Gils Carbó en causa ante la Corte

Gils Carbó creó fiscalías temáticas sobre delitos complejos.

Gils Carbó creó fiscalías temáticas sobre delitos complejos.

Tres organizaciones civiles se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia en calidad de amicus curiae para pedir que las escuche en la causa en la que se investiga la designación de fiscales subrogantes por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó para apoyar esos nombramiento y la política llevada adelante por el organismo.

El Centro de Estudios Legales y sociales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, señalaron que “la impugnación de un dictamen emitido por una Procuradora Fiscal Subrogante ante la Corte Suprema de la Nación en base a la supuesta invalidez de su designación pone en cuestión el alcance de las facultades de la Procuradora General de la Nación para decidir la política de actuación del Ministerio Público Fiscal y su modo de organizar los recursos, así como las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y deberes constitucionales del organismo a su cargo”.

Según informó el sitio de noticias de la Procuracón, las entidades sostuvieron que el cuestionamiento al sistema de designación de fiscales subrogantes relacionado con este caso, se expandiría a decisiones tomadas por los responsables del Ministerio Público Fiscal (tanto durante la gestión de Gils Carbó como durante las gestiones de Procuradores anteriores) en otros supuestos en los que intervinieron fiscales subrogantes. En este aspecto, pusieron como ejemplo el daño que generaría la impugnación de los nombramientos en unidades fiscales especializadas que han sido creadas para la persecución de ciertos fenómenos criminales complejos, como la criminalidad económica, la trata de personas, los delitos de lesa humanidad y la violencia institucional.

El CELS, CIPCE e INECIP señalaron que de prosperar la impugnación realizada al nombramiento de Cordone Rosello, se pondría en juego “las facultades del jefe máximo de los fiscales para establecer los mecanismos que considera más eficaces para dar respuesta a las demandas concretas de la función fiscal en los distintos trámites judiciales, ya sea por razones de emergencia, vacancias o necesidades institucionales”. Y trajeron a colación el dictamen de Gils Carbó en la causa, donde la Procuradora General había señalado que el caso ponía en discusión la forma de organización jerárquica del Ministerio Público Fiscal (y el alcance de las facultades del máximo responsable), que por su naturaleza no puede asimilarse al modo de organización y funcionamiento del Poder Judicial.

En definitiva, las organizaciones demostraron que el interés general del caso se evidenciaba ante el cuestionamiento del “sistema de designación de subrogantes establecido por la Procuración General de la Nación en diversas resoluciones generales, a partir de las facultades propias que le otorga la Ley Orgánica del Ministerio Público”.

La causa se inició en marzo de este año, cuando la procuradora fiscal subrogante a cargo del Área de Derecho Privado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, María Alejandra Cordone Rosello, emitió el dictamen correspondiente en la causa A. 203 L. XLVII “Automóviles Saavedra S.A. c/Fiat Argentina SA”. A raíz de esto, el titular de Automóviles Saavedra, Antonio Conrado Martino, entendió que el dictamen no lo favorecía y por eso cuestionó la resolución a través de la cual se había designado interinamente a Cordone Rosello en el cargo que había ocupado Marta Amelia Beiró de Gonçalvez hasta su renuncia, el 1° de agosto de 2012.

En el mes de junio, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había señalado que correspondía desestimar la presentación, debido a que la designación de Cordone Rosello se había realizado de acuerdo a las facultades de superintendencia que le confiere la ley. Allí, la titular del MPF analizó todos los antecedentes desde la última reforma constitucional que justificaban la designación de magistrados subrogantes en el ámbito del Ministerio Público. A la vez, la Secretaría de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal había elaborado un documento destinado a aclarar el funcionamiento de los regímenes de designaciones, que refutaba las denuncias presentadas contra la Procuradora General de la Nación y funcionarios del MPF.

 


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