Seis efectivos de la Policía Federal y uno del Servicio Penitenciario Federal fueron procesado por la jueza a cargo del Juzgado Criminal de Instrucción N° 38, Wilma López, acusados de violar durante los años 2009, 2010 y 2011 a dos hermanas, de entre 13 y 16 años, que se encontraban en situación de calle, informó el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal.

En el caso, actúo en un primer momento el fiscal César Troncoso, quien tras tomar algunas declaraciones y solicitar una Cámara Gesell consideró que «la situación probatoria no superaba el nivel incipiente de probabilidad propio de dichos contra dichos”. Ante esta situación, la parte querellante planteó la recusación de Troncoso, a lo que se hizo lugar en virtud de considerar que existía un incumplimiento de los estándares mínimos de investigación que garantizan una tutela judicial efectiva, por brindarle a los hechos de la causa un tratamiento basado en su parecer subjetivo, que hacía a un lado su deber de objetividad. Por estos hechos, además, la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó resolvió iniciar un sumario disciplinario contra Troncoso.

Como consecuencia, se designó en su reemplazo al titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 8, Fernando Fiszer, que logró avanzar en la investigación que finalmente termina en el procesamiento de los efectivos. Según se determinó, durante los años 2009, 2010 y 2011, cuando las jóvenes tenían entre 13 y 16 años de edad, fueron abusadas sexualmente por varios oficiales de la Policía Federal Argentina en ejercicio, quienes aprovechándose de una relación de poder sobre ambas hermanas, perpetraron las violaciones.

Por lo general las jóvenes, eran buscadas en algún sitio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayormente en la zona de Parque Lezama, para llevarlas a dependencias del Cuerpo de la Policía Montada en la calle Cavia, al predio de ese Cuerpo ubicado debajo de la Autopista ‘Presidente Héctor Cámpora’ (AU 7), el Cuerpo de Policía de Tránsito, los galpones de la División San Martín, la estación de ferrocarril del barrio de Devoto, y otras estaciones de tren; o hasta una pensión ubicada en la calle Warnes, en la que residían mayormente agentes y aspirantes de la Policía Federal Argentina.

En algunas oportunidades, las chicas eran ingresadas ocultas en los autos, y en otras eran obligadas a utilizar el uniforme policial para disimular su ingreso y luego eran abusadas por los funcionarios policiales. Cuando las jóvenes decidieron dirigirse a la justicia, los imputados comenzaron a enviarles mensajes de tenor amenazante, por diferentes vías.

Una de las jóvenes se ausentó de su hogar durante 6 meses, y fue encontrada por otro oficial en la estación Retiro, quien solicitó la intervención del SAME, que ordenó el posterior traslado al Hospital Pirovano. Allí la joven pudo ser asistida por el cuerpo médico y psicológico, y se denunciaron los hechos a través de un defensor oficial.

Al tomar intervención en la causa, el fiscal Fernando Fiszer, solicitó que debía decretarse el procesamiento de los seis funcionarios policiales y de un agente del servicio penitenciario, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de promoción a la corrupción de menores de 18 años, agravado por haber sido cometido mediante intimidación abusando de su autoridad, por ser agentes de una fuerza de seguridad. Las penas que les podrían corresponder, oscilan entre 8 y 20 años de cárcel.

En su dictamen, Fiszer sostuvo que la precisión en la descripción de los lugares donde se sucedieron los episodios, demostraban que indudablemente estuvieron allí y que no existía motivo para sospechar lo contrario. Además, sustentó su afirmación en las evidencias que se obtuvieron en los informes psicológicos y psiquiátricos de las jóvenes, como así también en la concreta individualización que ambas hermanas realizaron de los imputados.