Diez de los once implicados en crímenes de lesa humanidad que estaban internados en el Hospital Militar, como una forma de evitar las condiciones impuestas en cárcel común, debían haber recibido el alta médica, denunció el ministro de Justicia, Julio Alak. «Pensábamos que la situación médica de los internados era más compleja, por eso creamos una comisión para evaluar su estado en 30 días, pero mirando la historia clínica en 72 horas nos dimos cuenta que una persona no podía estar internada porque tenía que hacer bicicleta fija para rehabilitar una rodilla», se quejó.

Al pasar revista sobre las patologías por las que los militares investigados estaban internados, Alak explicó que algunos estuvieron alojados en el hospital Militar por más de un año por un dolor en el pecho, una fractura de tibia ocurrida hace más de seis meses o una «bolita de grasa».

«Nuestro Gobierno no admite ningún tipo de privilegios, menos aún a los que han cometido actos de genocidio en la República Argentina», advirtió el ministro, tras señalar que esta situación demuestra que los crímenes de lesa humanidad no son «algo del pasado» y merecen «una activa participación del Gobierno y el Estado» para verificar el cumplimiento de la pena.

En una conferencia de prensa, el ministro explicó que se había ordenado el lunes pasado la creación de una comisión interministerial para evaluar el estado de salud de los militares que estaban internados en el Hospital Militar. Esta decisión se tomó luego de la fuga que protagonizaron el jueves 25 de julio pasado los militares Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por crímenes de lesa humanidad en San Juan y trasladados a Buenos Aires para ser atendidos por patologías menores.

Al respecto, Alak insistió en cuestionar la decisión judicial que autorizó el traslado a la Capital Federal en el caso de Olivera «para un tratamiento dermatológico» y en el de De Marchi por una atención «psiquiátrica» que podían haber sido atendidas por los profesionales de la provincia de San Juan del Servicio Penitenciario Federal.

«Lamentablemente fueron trasladados al Hospital Militar Central en donde (Olivera y De Marchi) terminaron de perpetrar un planificado plan de fuga. Pero las fuerzas federales de seguridad, de INTERPOL, de Migraciones y los organismos internacionales los tratan de ubicar y detener», sostuvo. Señaló además que se han recibido distintos llamados para aportar datos en base a la recompensa de cuatro millones de pesos para quien reporte sus paraderos.

Tras sostener que «como quedó en evidencia que muchos traslados se hacían por cuestiones medicas absolutamente menores que podían ser tratados en forma común», el lunes pasado se ordeno crear una comisión para que en 30 días evaluara el estado de salud de todos los militares y miembros de la fuerzas de seguridad imputados, procesados o condenados por crímenes de humanidad.
En ese sentido, Alak reveló que en solo tres días se pudo establecer que de los once internados en el Hospital Militar de Palermo, diez estaban en condiciones de ser dados de alta. Puntualizó que dos de ellos fueron remitidos inmediatamente a la cárcel porque estaban internados sin orden de un tribunal, mientras que en otros ocho casos estaban en condiciones de recibir alta y así se le informará a la Justicia para que disponga su remisión a la cárcel. Solo un caso necesita una evaluación médica para determinar si corresponde que siga internado.

El funcionario dijo que no podía precisar en detalle la patología de cada uno de los implicados, pero mencionó a los militares que estaban internados en el Hospital Militar, entre los que se destacó la figura del médico Norberto Bianco, señalado como uno de los encargados de los partos clandestinos que derivaron en robos de bebés.