La Justicia investiga si en la División Asuntos Jurídicos de la Policía Federal se encuentra montada una organización que maneja los juicios contra agentes de esa fuerza de seguridad, previa aceptación de dinero en forma irregular.
Fuentes judiciales revelaron que la causa, que está a cargo del juez de instrucción Juan Ramos Padilla, busca establecer si la fuerza policial brindaría asistencia jurídica a efectivos y oficiales, haciendo figurar a situaciones particulares como «actos de servicio».
La denuncia menciona casos resonantes: Cromañón, la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, el asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra y «la causa donde murieron Kiki Lezcano y Esteban Blanco, abatidos por un policía federal, cuyos cuerpos aparecieron meses más tarde enterrados como NN».

El principal investigado es el comisario Marcelo Emilio Pecorelli, quien fue denunciado por el propio Ministerio de Seguridad por los presuntos delitos de «exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de los deberes de funcionario público». Un anónimo recibido en la cartera a cargo de Nilda Garré advirtió sobre una serie de irregularidades que el uniformado habría cometido aprovechando su cargo y las relaciones personales e institucionales que cosechó a lo largo de su carrera. Pecorelli se desempeñó como subdirector de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal y según la documentación a la que accedió la agencia DyN, «se le atribuye pedir sumas de dinero a cambio de que la dirección en la que se desempeñaba representara al personal policial en causas penales en las que se encontrasen imputados»