Por Javier Sinay.

“Voy a pedir formalmente a la Procuración de la Corte, a la Procuradora María del Carmen Falbo que aparte al fiscal de la causa, al doctor Juan Cruz Condomí Alcorta, por investigar a los propios hechos de los cuales ha sido responsable y por los cuales tiene una denuncia penal al respecto. Además, por haber negado información a la Justicia, porque no nos ha remitido la copia de la causa judicial que él lleva adelante y porque esto está obstaculizando las pruebas en este proceso”, indicó el juez de La Plata en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, que entiende en la causa con respecto al temporal que barrió la ciudad el pasado 2 de abril y que hoy se presentará ante la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Según los datos oficiales sólo hubo 60 muertos.

“El fiscal no puede obstaculizar las pruebas en un proceso; por el contrario, es la persona que representa el cumplimiento de la ley y no puedo oponerse a la investigación”, dice. Arias y Condomí mantienen una relación tensa desde el inicio mismo de la causa. A principios de abril, el fiscal le pidió al juez que se inhibiera de seguir investigando las causas por las que murieron las víctimas y le enviara la causa, y sostuvo que Arias estaba haciendo “una investigación en la que está citando a familiares de los muertos, cuando esa función le corresponde al fiscal”. Luego la Suprema Corte bonaerense hizo lugar al pedido de inhibición para Arias formulado por el juez Guillermo Atencio, aunque finalmente habilitó a Arias para investigar dos expedientes que radican en su juzgado con denuncias efectuadas por el defensor Julio Axat en relación a irregularidades en la extensión de certificados de defunción.

El juez Arias responsabilizó a Scioli.

El martes Arias se reunió con la Comisión Investigadora creada por el Concejo Deliberante platense para determinar las responsabilidades en el origen de la tormenta y la atención de las víctimas del temporal, donde enumeró las dificultades que encontró para acceder a la información y para poder establecer el número real de víctimas del temporal. “El problema principal es que es esencial que aparezca el libro de la morgue”, dijo entonces. “Nos ha ocurrido con el Registro de las Personas en Berisso y Ensenada donde se nos ha negado la documentación y tuvimos que secuestrarla siendo registros públicos, además que lo requiere una autoridad judicial para una finalidad específica. Aparentemente el libro de la morgue está en poder de Condomí Alcorta y ahí surgen muchos decesos que no están en el Registro de las personas”.

Además señaló que todavía hay 16 personas desaparecidas: la DDI de La Plata tenía una lista de 26 desaparecidos, que nunca cobró estado oficial, pero que fue entregada al fiscal. De esas 26 personas, 10 están en el listado de la morgue judicial, en tanto las demás continúan perdidas. “Realmente es sorprendente que se nos haya impedido el ingreso a la morgue para conocer la cantidad de muertos existentes y lo más curioso es que sobre estas situaciones ha existido un silencio oficial. Nadie que haya tenido la voluntad de investigar”, dice el juez. «Y hemos requerido información no solamente al cementerio de La Plata, sino también a algunos cementerios privados de aquí y de otras jurisdicciones, porque considero que como existe un importante silencio oficial, pudo haber existido una orden de cortar la registración de las víctimas».

Ante la Comisión, Arias expresó que la mayoría de los 51 decesos que se reportaron por el poder Ejecutivo como víctimas de la inundación, 25 hayan ocurrido puntualmente a las diez de la noche y 22 a las once, según el registro del día 2 de abril. “La mayoría fue de ese día, luego  se paralizó la registración; es decir que en los días sucesivos  no hubo víctimas del temporal. Esto es lo que sorprende: la documentación oficial no es confiable. Hay datos que son falseados, el causal de muerte, la hora de la registración”, denunció el juez.

Arias también se refirió ante la Comisión a las responsabilidades del gobernador Daniel Scioli: “Tiene que dar explicaciones respecto de estos funcionarios que se han negado a cumplir órdenes judiciales. Él es el jefe de la administración pública, es quien tiene a su cargo a la policía y al Registro de las Personas, es quien las designa y es quien tiene que exigir responsabilidades… y hasta ahora no hubo una respuesta. Lo que tuvimos fue silencio”.

“Según los vecinos, era la misma policía la que le sugiere a las personas que busquen un médico particular y que les firmen los certificados de defunción porque no había médicos forenses suficientes para llevar a cabo esa tarea”, sigue Arias. “Otra de las perplejidades es que no hay menores, no hay extranjeros y los 60 muertos oficiales son todos del casco urbano, no de las cuencas o de lugares cercanos a los arroyos”.