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Otra mentira del gobierno porteño

Por Maria Elena Naddeo*

La salvaje represión vivida por la comunidad el viernes 26 de abril pasado quedara inscripta en la historia de la ciudad y de la salud pública argentina, como la expresión brutal de un gobierno decidido a descargar balas y palos contra todos quienes se atrevan a cuestionar la utilización de los terrenos del Hospital para la construcción de los enormes edificios del futuro Centro Cívico.

La idea de cercenar terrenos pertenecientes a hospitales de la zona de Barracas no es nueva. En la década del 90 se habían declarado muchos de estos predios tierras «vacantes» para la inversión urbanística e inmobiliaria. La lucha de la comunidad hizo que en el 2002 el Jefe de Gobierno Anibal Ibarra derogara el decreto de tierras vacantes y se emprendieran algunas de las obras de refuncionalización de pabellones de acuerdo a la nueva mirada planteada por la ley 448 de salud Mental.

El gobierno de Mauricio Macri retoma el viejo proyecto con la propuesta de trasladar la Jefatura de Gobierno y los Ministerios ubicados en el viejo edificio del Mercado del Plata, a un nuevo Centro Cívico a ser construido en terrenos del Hospital Borda, con frente sobre la avenida Amancio Alcorta.

La propuesta fue cuestionada desde muy diversos ángulos. Rechazada una y otra vez en las asambleas de los hospitales y por diferentes bloques políticos de la oposición. Desde nuestra perspectiva dijimos desde un primer momento que el lugar elegido para el Centro Cívico era equivocado, que en vez de iniciar estas obras en terrenos del hospital era imprescindible organizar la puesta en marcha de los dispositivos para la atención de los pacientes de salud mental, tal como señala la ley 448 siempre postergada.

A pesar de todas las críticas, el gobierno avanó en el llamado a licitación con el decreto 121/2012 por lo cual legisladores de distintos bloques políticos y delegados gremiales presentamos distintos recursos de amparo para suspender las obras.

Despues de circunstancias complejas en lo judicial finalmente la Cámara Contencioso Administrativa Sala II falló el 28 de diciembre ratificando la medida cautelar de suspensión de las obras otorgada por la jueza López Vergara en el recurso presentado por Frondizi y otros. Su fundamento central considera que  los estudios y consultas institucionales establecidas en la normativa de la ciudad no fueron realizados. En los primeros días de febrero, en un fallo de celeridad pasmosa la jueza Andrea Danas, levanta la medida cautelar sosteniendo que los estudios se habían efectivizado, sin respetar las opiniones vertidas por la Cámara en sus fundamentos. Los amparistas apelamos la medida de primera instancia. Nos encontrábamos esperando el fallo definitivo de la Cámara cuando se produjo la irrupción de la Policia Metropolitana en el Hospital, basada en ese amañado y fuera de contexto fallo de primera instancia de la jueza Danas.

Hoy el gobierno de la Ciudad tiene una sentencia de Cámara condenatoria con una elevada multa para sus miembros principales, además de un conjunto de denuncias penales por haber desoído el mandato judicial de Cámara, y por los daños causados a los pacientes, varios de ellos internados con gran cantidad de balas de goma y perdigones en sus cuerpos.

El gobierno de la Ciudad sostiene que la ley de venta del Mercado del Plata autoriza la construcción del Centro Cívico en el Hospital Borda. Es otra de sus innumerables mentiras y estrategias comunicaciones.  En la discusión previa, y a fin de lograr nuestro consentimiento, se eliminó del cuerpo del expediente y de la propia ley toda mención al Hospital Borda, autorizando entonces la realización del Centro Cívico en el Sur de la Ciudad. Y ese fue el compromiso asumido por el bloque oficialista, expresado incluso en la versión taquiráfica de la sesión legislativa, «no construir en los terrenos del Borda».

En las próximas semanas se expedirán el fuero  contencioso por los amparos sobre el terreno del Hospital y el fuero penal por las responsabilidades políticas señaladas y los daños causados en la comunidad.

Al mismo tiempo desde los bloques de la oposición se alzan nuestras voces y propuestas de interpelación a los ministros y de constituir una Comisión investigadora que dirima desde nuestra Legislatura la responsabilidad de los funcionarios frente a los terribles sucesos.

Es necesario volver a poner en la agenda del Poder Ejecutivo de la Ciudad el cumplimiento de la ley de salud Mental, la creación de los nuevos dispositivos por ella establecidos, los hospitales de día, las casas de medio camino, el fortalecimiento de los programas y servicios que hoy existen y languidecen por la falta de insumos y de designación del personal faltante.

Y redoblar la militancia política y social destinada a hacer retroceder este modelo de gobierno para pocos, un gobierno que no vacila en el uso de la fuerza contra los más vulnerables de la sociedad.

*Legisladora porteña Frente Progresista y Popular.

 


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