Frigerio y Pérez son los responsables del escrutinio.

El escándalo por el escrutinio provisorio encargado por el Gobierno a una empresa venezolana de pésimos antecedentes, que ha puesto a sonar a todas las alarmas por la manipulación de datos y un posible fraude en las elecciones del domingo 11, ya tiene una denuncia en la Justicia

Los responsables de la empresa Smartmatic S.A. y los funcionarios públicos de Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio del Interior y Obras Públicas y Correo Oficial de la República Argentina fueron denunciados por el posible fraude a la administración pública ante las irregularidades conocidas durante las últimas horas.

La denuncia fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por un sector del peronismo porteño que no acompaña a la candidatura de Matías Lammens por el Frente de Todos. La denuncia quedó radicada ante el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello.

“La pertinencia de mantener la investigación en este fuero electoral se manifiesta con claridad si se repara en que las figuras penales de la ley electoral protegen al proceso electoral en múltiples dimensiones, entre ellas las de transparencia, bien jurídico que en este caso ha sido vulnerado por la maniobra fraudulenta ejecutada en perjuicio del estado nacional”, sostuvo el precandidato de Dignidad Popular.

Según su relato, el 29 de octubre de 2018, el Ministerio del Interior mediante una resolución le ordena al Correo Argentino la provisión del servicio de “digitalización de las actas de escrutinio de cada mesa de votación, producir las copias requeridas para la Justicia Nacional Electoral y los fiscales partidarios y transmitir desde un centro especialmente equipado en cada local de votación con señal de internet (Centro de Transmisión Electoral – “CTE”) los archivos de las imágenes producidas por los escaneos hacia el centro de recepción”, por un monto de 290 millones de pesos.

Luego el 10 de diciembre de 2018 por una decisión administrativa se ordena a Educ. Ar entregar en locación “el equipamiento vinculado con la transmisión de imágenes de las actas de escrutinio desde los establecimientos de votación y la provisión de conectividad en establecimientos educativos del Programa Nacional de Conectividad Escolar a utilizarse en los procesos electorales nacionales del año 2019” por un monto de 210 millones de pesos.

Según la denuncia queda claro “las computadoras necesarias para cumplir con el proceso de digitalización de las actas o telegramas de todas las mesas de votación del país son pagadas por el Ministerio del Interior y no corren por cuenta del proveedor contratado a ese fin”.

Luego el gobierno informó que se habían adquirido las máquinas multifunción para escanear. “Se trataría de la compra de 15.000 equipos multifunción para escanear y fotocopiar en las escuelas. Es decir, el Estado le facilita todo el trabajo a la empresa contratada para el servicio de digitalización de los telegramas, adquiriendo o alquilando todo el equipamiento necesario para cumplir con la manda del Ministerio del Interior, esto es la prestación de un servicio general de digitalización de todos los telegramas y/o actas de escrutinio”.  El 21 de diciembre se adjudica la provisión del software para la digitalización y el envío de la actas de votación a la cuestionada Smartmatic por por un U$S 1.3665.232.

El denunciante recordó los dos simulacros de transmisión de datos realizados por el gobierno que fueron un fracaso por la enorme cantidad de incidencias y fallas en la transmisión de datos, según lo relatado por los periodistas que cubrieron las pruebas y los responsables de los partidos políticos.

“La conclusión que deriva de lo expuesto es evidente: el Ministerio del Interior giró 290 millones de pesos para que el Correo Argentino contrate un servicio general de digitalización de la totalidad de los telegramas de la totalidad de las mesas de votación de todo el país, y dicha empresa terminó contratando a la firma Smarmatic que no sólo no puso una sola máquina (las pc las pagó el Ministerio del Interior, como vimos, y los scanner los compró el Correo), y el servicio terminó resultando un fracaso absoluto. En estas condiciones, parece inevitable investigar el posible fraude al Estado que implica haber contratado un servicio que no cumple mínimamente con lo requerido y pagado por el propio Estado nacional”, dice la denuncia.

El 6 de marzo de 2019 la Jefatura de Gabinete habilita la contratación de un “Servicio de recuento provisional de resultados para el proceso electoral nacional 2019”, que resulta adjudicado a Smartmatic por U$S 16.899.920, por ser el monto menor de los ofertados con lo cual quedó afuera Indra, la empresa que históricamente había sido contratada para prestar el mismo servicio.

Finalmente, el 18 de marzo el Ministerio del Interior mediante una contratación directa se adjudica al Correo Argentino por 4500 millones de pesos “la prestación del servicio general de logística que incluye el diseño, la planificación, el desarrollo y la operación del servicio de carga, procesamiento y difusión del recuento provisional de resultados para las Elecciones del año 2019”.

El denunciante sostuvo que “la clave de la investigación es determinar si el Estado pagó 4.500 millones de pesos por un software que no es tal, que no está listo y que se le está ocultando a las fuerzas políticas para evitar su evaluación”.