La empresa admitió que pago 35 millones de dólares de coimas.

Por Rafael Saralegui

La causa por la que se investiga la adjudicación de la obra de mayor presupuesto en el país, el soterramiento del Ferrocarril, tendrá un nuevo impulso luego de que la Cámara Federal ratificó la homologación del convenio firmado entre el Ministerio Público de Brasil y de la Argentina para incorporar los testimonios de los arrepentidos que declararon en las causas del país vecino.

La homologación del convenio impulsado por el fiscal Franco Picardi y resuelta por el juez Luis Rodríguez habían sido objetadas por las defensas del ex ministro Julio de Vido y del ejecutivo de IECSA Javier Sánchez Caballero, la empresa que era del primo hermano del presidente Macri, Angelo Calcaterra, cuando se adjudicó la obra.

“Una y otra vez se ha insistido desde esta Cámara en la necesidad de acceder a pruebas que, según se invocó desde un inicio, estarían bajo disposición de la justicia brasileña en el marco del enjuiciamiento públicamente conocido como ‘Lava Jato’ y ‘Odebrecht’”, dijeron los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, al respaldar la decisión de la primera instancia para avanzar con el acuerdo de cooperación.

“El texto del convenio se ha transcripto aquí. Su lectura deja en claro que no hay ninguna oración ni concepto que aluda a la imposibilidad de juzgar por los hechos a quienes prestaron ‘delaciones premiadas’ en Brasil o a eximir a cualquiera de esas personas, sin más, de responsabilidad penal ante la eventual comisión de delitos. No hace falta discurrir sobre las razones que vedan un proceder así en la legislación vigente, porque no es ése el compromiso que se promueve asumir”, agregaron los jueces.

La principal traba que había impuesto el Ministerio Público de Brasil que no pudieran ser juzgados por los mismos hechos en nuestro país, quienes se habían acogido en Brasil a la figura de de la delación premiada, similar a del arrepentido en nuestra legislación. Por eso los camaristas advierten que “claro está que se daría un escenario diferente si se llegara a corroborar que alguno de los “delatores” (o cualquier otro implicado en la causa) hubiere sido ya o esté siendo juzgado por los mismos hechos en Brasil (o en otro lado). Esta situación –que se desconoce por el momento, tal como se ha dicho ante varios planteos de las defensas de imputados en la causa- tornaría operativo el principio ne bis in idem y vedaría el avance de otro proceso por los mismos acontecimientos contra los mismos individuos”.

La homologación del convenio es clave porque permitirá incorporar por ejemplo la declaración de ejecutivos de Odebrechet Brasil que reconocieron el pago de coimas en nuestro país para que les adjudicaran obras públicas. Así se podrá contar, por ejemplo, con el testimonio de Fernando Migliaccio Da Silva, quien era el titular de la División de Operaciones Estructuradas, tal el nombre que se le había dado a esa oficina encargada de pagar los sobornos tanto en Brasil como en el extranjero.

Entre las constancias que hay en la causa figura un correo electrónico entre Mauricio Couri Ribeiro, el 19 de marzo de 2010, cuando era director de Odebrecht para América Latina, y que fue aportada a la causa por la diputada Graciel Ocaña, luego de haber obtenido información de la policía brasileña.

En el mail que Couri Ribeiro envió Migliaccio Da Silva, adjuntó también, una conversación mantenida entre él con Manuel Vázquez, supuesto testaferro de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte. Vázquez le cuestionaba la demora en una transferencia que formaría parte del pago de parte de las coimas.

Para el fiscal Picardi, los pagos de sobornos tuvieron diversas etapas. Según su dictamen, las empresas firmas Iecsa y Comsa realizaron pagos de un millón de pesos a Jaime, mediante tareas de una supuesta consultoría inexistente con la empresa fantasma Caesa SA., que pertenecía a Vázquez. Cuando la obra ya fue adjudicada, se utilizaron empresas offshore para la triangulación de dinero y se logró determinar la fuga de casi cinco millones de dólares al Principado de Andorra a través de un contrato ficticio entre las cuatro firmas ganadoras de la licitación (UTE) y la empresa española DSC (utilizada por Odebrecht en toda la región para el pago de sobornos).

La fiscalía recordó que la denunciante Ocaña, puso en conocimiento de que se habría revelado un informe de la Policía Federal de Superintendencia Regional de Paraná, Delegación Regional de Combate contra el Crimen Organizado, Grupo de trabajo Lava Jato, de la República Federativa de Brasil, que involucraría a la constructora IECSA –cuyo titular indicó la denunciante en ese momento era Angelo Calcaterra- en el pago de coimas por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

“Así, refirió Ocaña que la información habría surgido de un intercambio de correos electrónicos que fueron obtenidos por la Policía Federal de Brasil durante la investigación, agregando que las pruebas se desprenden del back up realizado de la computadora del ya conocido Mauricio Couri Ribeiro, quien se desempeñaba como Ejecutivo de Odebrecht en la Argentina”, describió la fiscalía.

En un escrito en el que pidió diversas medidas, Picardi recordó que Couri Ribeiro, en una serie de correos habría dejado asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA, y quien objetó el acuerdo con la Justicia de Brasil, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del Tren Sarmiento. “En uno de ellos, de fecha junio de 2010, se habría citado a una reunión para debatir el pago de un soborno con Sánchez Caballero. Las sumas mencionadas en el intercambio de correos electrónicos excederían los veinte millones de dólares estadounidenses”, consignó el fiscal.