La decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de avanzar a gran velocidad con la causa en la que se investiga una banda dedicada a la extorsión, el espionaje ilegal y el direccionamiento de expedientes judiciales mediante testimonios guionados provoca inquietud en el Gobierno porque pone al descubierto los vínculos del grupo con la ministra Patricia Bullrich y la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia.

Y esa inquietud quedó de manifiesto hoy con la decisión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que resolvió informar al juez que tiene un expediente abierto en el que se lo investiga por supuesto mal desempeño, como consecuencia de haberse presentado en su momento ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, cuando estalló el escándalo.

Ramos Padilla tiene dos denuncias en el Consejo. Una fue realizada por el representante del Poder Ejecutivo Juan Bautista Mahíques por decisión expresa del presidente Mauricio Macri, quien así lo admitió en un reportaje televisivo ante el periodista oficialista Luis Majul. La otra fue hecha por las dirigentes de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Mariana Civic, quienes figuran como imputadas en la causa que lleva adelante el juez de Dolores, quienes las considera usuarias de la red encabezada por el falso abogado Marcelo D´Alessio e integrada también, según la acusación, por el fiscal federal Carlos Stornelli.

La Comisión de Disciplina que encabeza el diputado del PRO Pablo Tonelli resolvió hoy unificar las dos denuncias y notificar al juez que se había abierto el expediente, según lo dispone el artículo 11 del Reglamento de Acusación, que dice textualmente: “Sustanciación. Admitida la denuncia, ésta será notificada al magistrado denunciado, oportunidad en la que se le hará saber que podrá ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte (20) días”.

Quienes votaron por notificar al juez Ramos Padilla fueron Tonelli, Mahíques, el juez Juan Manuel Culotta (cercano al macrismo), la diputada Graciela Camaño y el consejero por los abogados Juan Pablo Mas Vélez (radical). En contra votaron el juez Alberto Lugones y el consejero académico Diego Molea.

La discusión por la votación fue bastante acalorada. Quien llevó la voz cantante fue el consejero Lugones quien lamentó que la televisión le marcara la agenda al organismo. Lo dijo en referencia a los programas de Majul y de Jorge Lanata, el último domingo, quienes difundieron escuchas a ex funcionarios del kirchnerismo detenidos, cuando hablaban de una denuncia contra Stornelli diez días antes de que se concretara específicamente la presentación en el juzgado de Ramos Padilla.

«Personalmente me preocupa que los medios nos marquen la agenda. Cualquiera podría pensar que actuamos como respuesta a un programa de televisión», se despachó Lugones, quien de todos modos quedó en minoría. El propio Ramos Padilla se refirió esas grabaciones justamente esta mañana, cuando fue entrevistado en la puerta del juzgado por un periodista de TN.  “A mí no me compete si conocían o no el contenido de la denuncia. Si lo conocían, allá ellos. Acá hizo la denuncia el señor Etchebest, que dijo que era víctima de un delito de extorsión y que los imputados eran D’Alessio, Stornelli y Bonadio, que le reclamaban 300 mil dólares. El juzgado, si lee la resolución del 25 de febrero, descarte de plano que alguno de los funcionarios estuviera involucrado en el reclamo de dinero”, aclaró el juez.

Ramos Padilla aclaró además que el centro de la causa no es el fiscal Stornelli y que no pretende sacarlo de la causa de las fotocopias de los cuadernos, tal como argumenta el imputado para no presentarse a declarar.  “Esta causa poco tiene que ver con la ‘causa de los cuadernos’, como así no tiene que ver con la causa de Los Monos. Lo que sí tiene que ver con las actividades de espionaje que se pueden desarrollar a la sombra de esos expedientes. Estamos investigando el espionaje político en Corrientes, donde el afectado fue el ex gobernador (Ricardo) Colombi. Estamos investigando actividades de espionaje en Rosario, donde se pueden haber realizado maniobras para afectar al gobernador de Santa Fe, maniobras de lavado de dinero de centenares de millones de dólares. Hay un caso puntual que atrae a la opinión pública, que es el fiscal de capital federal, pero no es el eje de la investigación”, explicó.

En ése párrafo queda en claro el alcance de la investigación. Stornelli fue citado a prestar declaración indagatoria por quinta vez para este viernes. Nadie cree que se vaya a presentar.