La causa por la masacre de San Miguel del Monte, con todos los ingredientes complejos y trágicos que aglutina, es además el escenario de una nueva interna entre los ministerios de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el de la Nación, que rema la tesis de una trama vinculada con la venta de drogas amparada por la policía que derivó en la muerte de los cuatro chicos luego de una inexplicable persecución.

La familia de Carlos Aníbal Suárez, el chico de 22 años que manejaba el Fiat Spazio, dijo a las pocas horas que la policía le había sacado 4.000 pesos días antes del accidente porque no tenía la documentación en regla. Y que al ver de nuevo a los agentes se imaginó que le pedirían dinero otra vez y por eso no se detuvo.

Pero en las últimas horas comenzó a circular otra versión, impulsada sobre todo desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Esa tesis sostiene que los cincos chicos ocupantes del auto habrían sido testigos de una transa de venta de drogas con algunos de los policías como protagonistas. Eso habría desatado la persecución, los disparos y las muertes.

En La Plata sostienen que esa versión surgió de un informe elaborado por Florencia Arrietto, asesora de Bullrich desde el año pasado, luego de haber militado en el Frente Renovador. La base de ese informe es un audio de WhatsApp, que circuló en las últimas horas y que afirma que los chicos vieron eso que no tenían que ver.

Esa misma tesis fue abonada por Marcelo Richmond, un abogado que actuó en las primeras horas como representante de algunas de las familias, hasta que el viernes último fue revocada esa representación. Desde entonces, las familias de Danilo Sansone y Camila López, ambos de 13 años, tienen la representación de la Comisión Provincial por la Memoria.

El abogado dijo que un testigo había declarado con su identidad reservada ante el fiscal de la causa, Lisandro Damante, con esa versión de la venta de drogas con la venia policial. De todos modos, las querellas no quieren descartar ninguna tesis para explicar la feroz persecución a los tiros que terminó cuando el pequeño coche se estrelló con un camión estacionado.

Pero las fuentes con acceso a la causa aclaran que los 12 policías detenidos, junto con el secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, están relacionados con la persecución y el ataque a tiros contra el auto y con las maniobras que se desplegaron luego para encubrir la tragedia. Por ejemplo, se mencionan la tergiversación de testimonios, el borrado de pruebas y el ocultamiento de casquillos y vainas servidas en la zona donde ocurrieron los hechos.

La abogada Dora Bernardez, que representa a la familia de Gonzalo Domínguez, otro de los chicos fallecidos, confirmó que se encontró una bala en el glúteo del adolescente fallecido, que tenía 14 años. También la abogada dijo que deben investigarse todas las hipótesis y confirmó que en el lugar donde ocurrieron los hechos se encontró un teléfono celular, pero que no está confirmada si pertenece a alguna de las víctimas.

Los efectivos que están acusados por las muertes de los adolescentes son el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez, quienes están imputados de «homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego». El resto de los detenidos fueron acusados de encubrimiento. El fiscal de la causa se reunirá esta tarde con los familiares de las víctimas para informarles sobre el avance de la investigación.