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El curro del Correo: desvío de fondos para pagar abogados amigos de Macri

La fiscal Boquín denunció maniobras de vaciamiento para beneficiar a estudios y empresas cercanas al Presidente.

La causa del Correo tiene años de trámite y dilaciones.

La aguerrida fiscal Gabriel Boquín sostuvo que estudios de abogados ligados a funcionarios del Gobierno y legisladores del oficialismo cobraron suculentos honorarios de la empresa Correo Argentino pese a que no estaba en actividad, por lo cual supone que son nuevas maniobras de vaciamiento, al presentar un detallado dictamen ante la Cámara Comercial en la causa donde se investiga la quiebra de la empresa que es de la familia del presidente Mauricio Macri.

Boquin sostuvo que los estudios del diputado Pablo Tonelli (PRO), el de Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la Presidencia y el de Jaime Kleidermacher, históricamente ligado a los Macri, recibieron sumas millonarias por asesoramiento legal en el concurso de acreedores.

Además sostuvo que algunos abogados que supuestamente trabajaban para el Correo eran además representantes de acreedores, es decir, que estaban de los dos lados del mostrador. En el dictamen pide que se investigue también el papel del secretario de Modernización, Andrés Ibarra, por haber sido integrante de sociedad vinculadas con el Correo antes de haber llegado al Gobierno.

A la fiscal le parece sumamente llamativo las dilaciones que pusieron los representantes del Estado que deben procurar que el Correo les pague el dinero que les adeuda por no haber pagado el canon y que a monto de hoy suma unos 4.000 millones de dólares. La fiscal sostuvo que pese a que el Correo dejó de operar en 2003, cuando fue reestatizado por el presidente Néstor Kirchner, se autorizaron pagos de honorarios y hasta de utilidades a directores de la empresa. Detectó pagos de honorarios a estudios de abogados por 14 millones de pesos. Pero también hubo pago millonarios a empresas dedicadas al marketing y comunicación. El desvío sería de unos 35 millones de pesos durante los últimos años.

Boquín es la fiscal que denunció a comienzos de 2017 que el acuerdo que intentó firmar el Correo de los Macri con el Estado, en junio de 2016, era “ruinoso y abusivo”, porque implicaba la condonación del 98,87 por ciento de la deuda. Tras el escándalo que se generó el Presidente salió a dar una conferencia de prensa e instruyó al entonces titular del Enacom, Oscar Aguad, que se diera marcha atrás con el acuerdo. Aguad fue denunciado e indagado por el juez Ariel Lijo.

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En su dictamen, la fiscal sostuvo que la dilación del trámite del concurso fue para vaciar la empresa, algo que ya ratificó en anteriores dictámenes. “Conforme se expondrá seguidamente, la extensión del trámite en este proceso ha posibilitado un vaciamiento progresivo de la concursada. Merced a numerosas erogaciones que van desde el pago de cifras millonarias en concepto de honorarios profesionales por “asesoramiento legal concursal”, hasta pagos a estudios Jurídicos de los cuales forman parte integrantes del propio directorio de Correo”, escribió Boquín.

Y además consignó que “deben agregarse otros egresos por importantes sumas a favor, en su gran mayoría, de consultoras o empresas de publicidad que tienen alguna vinculación con ios letrados de la concursada, sus directores y/o apoderados”. Luego detectó “pagos por montas elevadísimos en concepto de “anticipos al directorio” en infracción a la normativa societaria”.

Algunos datos de pagos llamativos:

El estudio KIeídemnacher & Asociados emitió facturas en concepto de “asesoramiento legal concursal”  yr “honorarios” por la suma de $ 9.547.819,61 La concursada ordenó pagar a favor del estudio Kleidermacher & Asociados, la suma de $ 9.661.585,82.

El estudio que pertenece al diputado Pablo Gabriel Tonelli tuvo pagos por parte del Correo por un monto de $ 4.437.984,88. Además consignó que abogados de su estudio fueron además representantes de acreedores.

La fiscal sostuvo que Pablo CIusellas, que en la actualidad se desempeña como Secretario de Legal y Técnica de la Nación, también fue contratado por el Correo y hay pago a nombre de su estudio.

Registró además que una empresa vinculada al Sr. Carlos Alberto Lelio (integrante del directorio de la concursada). Trayectoria Consultores S.A.recibió pagos por la suma de $ 810.899,54 en el período agosto 2004 a mayo 2013 y órdenes de pago por $ 786.651,68. a Carlos Lelio, (socio y presidente de Trayectoria), figura como director titular en Correo Argentino S.A. (años 2001, 2002 y 2003); y en el 2016 fue designado Subsecretario de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Modernización, entonces a cargo de Ibarra.

“De la compulsa efectuada también se advirtió la existencia de pagos a empresas por montas de gran envergadura que tampoco reconocen justificación alguna y que arrojan la suma de $ 5.109.901,91. En primer lugar considerando la inactividad de la concursada desde el 19/11/2003, pero también por la ajenidad absoluta del objeto social de dichas empresas (vgr. medicina, alimentos) o por superponerse la supuesta prestación (vgr. empresa de cobranzas con los estudios jurídicos)”, dijo Boquín.

Y al fundamentar sus dudas sobre el secretario Ibarra sostuvo que el actual funcionario “compartió la estructura del ministerio con otros miembros del directorio y apoderados de la concursada, o de sociedades vinculadas al mismo grupo a! que pertenece la concursada”.