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Bidone, el fiscal del triple crimen, será indagado por integrar la banda de D´Alessio

Fue citado para esta semana por el juez Ramos Padilla, quien ya investiga a Carlos Stornelli. Está suspendido en el cargo.

Bidone es investigado en dos causas.

La investigación que impulsa el procurador bonarense Julio Conte Grand sobre el fiscal de delitos complejos de Mercedes Juan Ignacio Bidone por sus nexos con el falso abogado Marcelo D Alessio tendría efectos explosivos.

Bidone ya está suspendido en sus funciones por tres meses, por decisión de la Suprema Corte provincial, pero en La Plata aseguran que el procedimiento terminará en la destitución del fiscal que se hizo conocido a nivel nacional por su pesquisa en el triple crimen de General Rodríguez, que tuvo un papel central en la campaña electoral de 2015, cuando se involucró a Aníbal Fernández en esa trama, algo que luego nunca se confirmó. Pero el daño ya estaba hecho.

Bidone quedó suspendido tras reconocer que intercambiaba información con el supuesto extorsionador. Los allanamientos al domicilio del fiscal y el acceso a cierta documentación crucial en su fiscalía estarían marcando su destino.

El comentario cerca de Conte Grand es que esa amistad se inició al tiempo del Triple Crimen, en la década anterior, cuando Bidone investigaba y por ese entonces D Alessio ofrecía sus servicios al laboratorio Abbot, algo que se desprende de la declaración de Bidone que dijo haber conocido a D´ Alessio a través de Eamon Mullen, ex fiscal del caso AMIA y abogado de dicho laboratorio.

El dato no es menor porque en ese entonces Abbot era el principal comercializador de efedrina legal en Argentina y la trama encabezada por Sebastián Sforza, de efedrina ilegal, los perjudicaba económicamente. Es una punta que nunca se investigó a fondo porque el triple crimen siempre se enfocó, incluso mediáticamente, como una pelea entre mafias.

El abogado Miguel Angel Pierri habría acumulado sobrada investigación sobre dichos nexos. “Es gracioso, hablan del cartel de Juárez pero nunca ni una palabra del principal perjudicado local del negocio de Sforza”, suele decir Pierri divertido, en su despacho de la zona de tribunales.

Es notable el impacto de este caso según el lado de la General Paz en el que uno se encuentre. La reacción de la procuración a cargo de Conte Grand fue distinta a la que se observó con respecto al fiscal federal Carlos Stornelli en el caso de la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal. Este último lo más que hizo fue abrir un sumario administrativo. Todavía no se ordenaron medidas.

Tanto Stornelli como Bidone están como imputados en la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien resolvió citar a los dos a prestar declaración indagatoria. Stornelli faltó a las primeras citas y Bidone tiene que concurrir esta semana. El juez lo acusa de haber suministrado información para las supuestas extorsiones que D´Alessio llevaba adelante. En concreto, lo acusa al menos de haberle dado información de movimientos migratorios del denunciante original de la causa, Pedro Etchebest.

La imputación formal contra Bidone, dice lo siguiente:

“se le hará saber que se le imputa haber tomado parte de la asociación ilícita dedicada a realizar acciones de espionaje ilegal –las que ya han sido ampliamente descriptas en estos actuados-. Su aporte en particular era la provisión de información –especialmente a Marcelo Sebastián D ´Alessio- vinculada con datos personales de las víctimas-objetivos de la organización con conocimiento de que la misma sería utilizada para llevar adelante múltiples planes delictivos. De ese modo, esos datos eran utilizados para fines distintos e incompatibles con aquellos que motivaron su obtención en las bases de datos públicas de acceso restringido. El aporte de información por parte de Bidone a otros miembros de la organización criminal se trataba en particular de registros de comunicaciones telefónicas que eran requeridas de forma indebida a las empresas prestatarias de telefonía celular y detalles de movimientos migratorios obtenidos también de modo indebido de la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, excediendo de esa forma las autorizaciones que poseía el imputado en su carácter de fiscal provincial a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes, ya que no sólo eran utilizados con una finalidad distinta a la autorizada legalmente sino que además eran obtenidas por fuera del marco formal de las investigaciones que llevaba adelante en dicha Unidad Fiscal”.

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