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El primer pedido de extinción de dominio es en una causa contra la familia Macri

Es una causa en la que se investiga la compra de parques eólicos que luego fueron revendidos. Una ganancia de 70 millones de dólares.

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Un poco de su propia medicina. Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Martín Doñate realizaron una presentación el viernes último ante el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para pedirle que se aplique el DNU firmado por el presidente Mauricio Macri sobre extinción de dominio en una causa a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la que se investiga a la familia presidencial.

Los legisladores se presentaron en la Procuración para solicitarle una audiencia al titular interino “a efectos de presentarle información y documentación vinculada a la causa 415/2018”, periodísticamente conocida como “parques eólicos”, con el fin de “recuperar los cinco millones de dólares que están en poder de Gianfranco Macri” fruto de esa operación presuntamente fraudulenta.

Se trata, valga la paradoja, de la primera presentación que se realiza en la Justicia para recuperar bienes frutos “de la corrupción”, entre otros delitos, según la genérica definición del decreto firmado por el presidente la semana pasada con el argumento de que la iniciativa no había sido aprobada por el Congreso.

La presentación de los legisladores fue adelantada por El Destape. El mismo sitio había mostrado en diciembre “los documentos que prueban que la firma vinculada a la familia presidencial desvió una fortuna de dinero apenas después de concretada la venta de los parques a un inversor chino, que le permitió ganar decenas de millones de dólares”.

Los legisladores recordaron que en la última ampliación de la denuncia judicial el diputado  Tailhade presentó documentación que acredita que “el hermano del Presidente de la Nación, Gianfranco Macri, recibió la suma de US$ 5.000.000 de parte de la firma que controla los paquetes accionarios de las sociedades que obtuvieron las concesiones, y que constituye una mínima parte de lo que se estima fue la ganancia de la familia presidencial por esta operación: aproximadamente 70 millones de dólares”.

Los diputados del FPV-PJ consideraron que “se impone la apertura del procedimiento que establece el anexo I del DNU 62/19, en tanto se trata de una suma de dinero obtenida a partir de hechos que configuran claros delitos contra la administración pública”.

En la ampliación de la denuncia que Tailhade hizo a mediados de diciembre último, el legislador recordó que el Gobierno le adjudicó a fines de 2016 dos proyectos de parques eólicos a la firma española Isolux Corsan, que estaba al borde de la quiebra.

Luego dos sociedades recientemente constituidas (Sidsel y Sideli, del grupo Macri) compraron esos dos proyectos y otros cuatro que tenía Isolux por 25 millones de dólares, para luego venderlos por 95 millones, según revelan los últimos informes comerciales de una de las sociedades involucradas.

En su ampliación, el diputado consignó que una investigación del periodista Juan Amorín reveló ahora que la firma Usir Argentina, controlante de Sidsel y Sideli (todas sociedades creadas por el ex contador de los Macri Mariano Payaslian), le giró 5 millones de dólares a Gianfranco Macri, hermano del Presidente de la Nación, confirmando la relación directa entre las empresas beneficiadas y la familia Macri.

“La operación se disfrazó de un préstamo cuyas condiciones son absurdas y reflejan en realidad que la familia Macri comenzó a percibir las ganancias de la maniobra”, asegura Tailhade. Las operaciones de compra venta de los parque eólicos situados en Chubut y en Miramar habían sido revelados por la periodista Emilia Delfino en el diario Perfil.

Cinco parques fueron vendidos a la china Goldwind y otro a la argentina Genneia. En su denuncia los legisladores recordaron los negocios que llevaron adelante Isolux y las empresas del grupo Macri durante años. De esta forma se explica que se le haya adjudicado el negocio a la española, pese a casi estar quebrada, para luego venderlo a otras compañías del mismo grupo empresario de los Macri. Todo queda en familia.

“Como dato de color, pero que sirve para reforzar esta histórica vinculación entre Isolux y la familia Macri, agregamos que la administradora de Inversora Andina Ibérica era hasta el año 2015 Pía Monkes Calcaterra, sobrina de Angelo y del presidente Macri, quien a pesar de estar imputada por evasión impositiva en España aquí en Argentina es una alta funcionaria de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del combate contra el lavado de dinero en nuestro país. Nada es casual, V.S”, dijeron los diputados en la denuncia.

“Queda claro que Sideco Americana tenía el control absoluto de los acontecimientos, conociendo con muchos meses de anticipación que se quedaría con el parque Miramar (y con Loma Blanca), aun cuando nunca se presentó a la licitación pública”, se detallaba en la ampliación de la denuncia de los diputados, presentada a mediados del año pasado.


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