La frustración de Paolo Rocca es la misma que, a menor escala, sienten todos los industriales que apoyaron con entusiasmo a Mauricio Macri en 2015 y acaban de experimentar un desplome productivo de dimensiones bélicas, el más pronunciado desde junio de 2002. El balance no para de entregar números rojos: compañías que valen la mitad que un año atrás, crédito doméstico e internacional vedado, negocios locales abúlicos y un ajuste en puerta sin precedentes. A Rocca, como a los demás popes del establishment, se le sumó en los últimos meses algo inédito: el miedo a terminar preso. Incluso aunque nadie crea seriamente que Claudio Bonadio vaya a meterlo en un calabozo por dos años como Sergio Moro a Marcelo Odebrecht en Brasil, la sola posibilidad de que eso ocurra con él o con otros empresarios top terminó de contaminar una campaña a la que ya le iba a costar encontrar financistas.
La eyección del secretario de Energía, Javier Iguacel, vino a coronar ese descontento en el sector más mimado por la política económica de Cambiemos, incluso por encima de la producción de soja para la exportación. El recorte de los multimillonarios subsidios para Vaca Muerta era algo que todos los petroleros veían venir para un 2019 ya sin margen para el déficit fiscal. Y aún así, el fracaso total de Iguacel para imaginar alternativas o senderos para retirarlos gradualmente los convenció de que la incapacidad técnica y la ausencia de un plan pueden combinarse incluso peor que la corrupción y la ineficiencia.
La principal misión de Gustavo Lopetegui va a ser sostener jurídicamente los tarifazos de luz y gas que anunció Iguacel antes de irse. Eso terminaría de barrer, de un plumazo y sin anestesia, con los desestabilizantes subsidios a los usuarios heredados del devidismo, que Axel Kicillof procuró pero no llegó a desmontar. Antes que eso, no obstante, Lopetegui deberá eliminar gradualmente los subsidios a la extracción de gas de Vaca Muerta. Esas subvenciones iban a costar casi 1.500 millones de dólares en 2019. Una montaña de plata. Los destinatarios, a diferencia de los subsidios a la demanda, son apenas un puñado de empresas. El 70% lo venía cobrando Tecpetrol, la petrolera de los Rocca. Le seguía la Compañía General de Combustibles (CGC) de Eduardo Eurnekian.
Los petroleros más experimentados ya no entienden siquiera si hay una lógica. Algunos ya habían empezado a mofarse de Iguacel hacía tiempo. Como Carlos Gilardone, ingeniero en petróleo y profesor del posgrado de Ingeniería de Reservorios de la UBA. Cuando el ahora exsecretario subió a Twitter una nota de un diario chileno que elogiaba el repunte de la producción argentina, en agosto, le espetó: «Maestro, bajate de la moto que esto no se hizo en dos años. Esto se hizo a partir de la gestión de Galuccio, el Plan Gas y a los que nos rompimos la cabeza haciendo proyectos como El Orejano, Segmento V, EFO (Estación Fernández Oro) y Río Neuquén». Y agregó, por si quedaban dudas: «Tecpetrol ahora copió lo hecho poe YPF».
Baraturras
No es que Macri haya decidido ahora tomar las riendas de la política energética y que antes la hubiera tercerizado, como subtitularon en estos días los más cotizados hermeneutas del oficialismo. No es que el exCEO de Shell y el exCEO de Pluspetrol hayan hecho mal las cuentas y que ahora vaya a enmendarlas el exCEO de LAN, de la mano de un Macri «auténtico» y liberado de los condicionamientos que según ese relato le imponían sus anteriores colaboradores. Tampoco se trata del tan mentado viraje del gradualismo al shock. La energética fue siempre la política que dictó Macri. Solo que ahora emergieron sus contradicciones.
¿Cuál es la más decisiva de esas contradicciones? Que no se puede garantizar ganancias crecientes en dólares a un puñado de empresas amigas (o incluso propias, como Yacylec) y a la vez intentar atraer inversiones bajando el costo de producir en Argentina. En un mundo donde la energía barata desplazó a los salarios bajos como ventaja competitiva clave, y justo mientras Estados Unidos y Europa procuran frenar y revertir sus procesos de desindustrialización, la autoproclamada modernidad de los meritócratas herederos vuelve a oler a viejo.
¿Acaso la noción de que la energía barata atrae más y mejores inversiones que los salarios bajos es un fenómeno del último bienio, que por lo disruptivo se le puede haber escapado al mejor equipo de los últimos 50 años? ¿Acaso es una novedad de la gestión Trump? Nada de eso. Libros como The Frackers (Greg Zuckerman, 2013) o The Boom (Russell Gold, 2014), publicados mucho antes de que Macri y Trump fueran electos, cuentan con lujo de detalles cómo las grandes petroquímicas, siderúrgicas y fundidoras de aluminio volvieron a instalarse en el Golfo de México de la mano de la revolución del shale gas. Europa, que penalizó las emisiones de carbono y dedicó ingentes recursos fiscales a subsidiar energías alternativas, fue la contracara negativa del proceso.
Iguacel, coinciden casi unánimemente en el sector energético, canchereó demasiado para alguien con tan poco equipo y tan poca preparación. Fletó con bombos y platillos un buque regasificador que dijo que no necesitaría más y que costaba demasiado pero que ahora habrá que reemplazar por otro para volver a importar gas licuado en invierno y no pasar frío. Nunca abandonó el modo campaña. El saldo fue el mismo que en su previo paso por Vialidad: muchos nuevos enemigos y pocos resultados. Ahora, de regreso en su Capitán Sarmiento natal, su ansiada candidatura a vicegobernador se le va a hacer cuesta arriba. ¿Volverá a pelear la intendencia?
El IVA del DJ
El establishment sabe que la campaña presidencial, esta vez, va a estar más teñida por todo lo que pase en los tribunales de Comodoro Py que en los discursos de los candidatos. Lo inédito es que los que suben y bajan por las escaleras de Retiro son también algunos hombres de negocios. El banquero Jorge Brito, procesado en la causa por la venta de Ciccone aunque no haya sido probado de modo tajante que el dinero para la compra de la imprenta de billetes haya salido del Macro, lo comenta amargamente con quien se acerque a escucharlo en la intimidad. Sospecha que el Presidente se la tiene jurada y que Gustavo Arribas influyó de algún modo sobre las decisiones del juez Ariel Lijo. Sus interlocutores suelen retrucarle que Macri está lejos de controlar el proceso. Como si para un poderoso arrinconado eso no fuera aún peor.
Brito sería capaz de financiar íntegra la candidatura de Roberto Lavagna si tan solo el exministro se decidiera a dar el paso al frente. «Macri o Cristina es como elegir entre bóveda y nicho. Morirte te morís igual», le dijo su amigo José de Mendiguren mientras peregrinaban caminando a Luján el mes pasado, como todos los años. A otras tradiciones, como la fiesta que organizaba cada enero en su chacra esteña Mamá Ganso, debió renunciar para bajar un poco el perfil. También porque Lijo lo obliga a pedirle permiso cada vez que quiere volar al Este.
Más allá del entusiasmo de Brito o de Mendiguren, Lavagna no emite señales y dedica más horas a su campo de Cañuelas que a las reuniones con dirigentes. Su antiguo secretario de Legal y Técnica, Eduardo «Ratón» Pérez, es el encargado de mantener encendida la llama de su candidatura en el corazón de sus eventuales mecenas. Su discípulo Carlos Hourbeigt cerró el año renunciando al directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde lo había logrado colocar Sergio Massa. El técnico que lo representó ante el Fondo Monetario durante la renegociación de la deuda, Héctor Torres, lo visitó cuando vino a Buenos Aires para la cumbre del G20. Su equipo no incluye a muchos más colaboradores.
El remedo de mani pulite criollo al que Macri apuesta su pellejo también puede llegar a consumir su credibilidad o agotar al electorado antes de las elecciones. Algunos juicios incluso pueden terminar coqueteando con el ridículo. Un ejemplo estos días lo dio el empresario Carlos Molinari, el exjefe de Leonardo Fariña procesado por lavado de dinero en la causa promocionada como «la ruta del dinero K». Días atrás, y sin el eco que tienen las decisiones de los jueces de Py, el Tribunal Fiscal de la Nación falló en contra de su empresa, Real Estate Investments Fiduciaria S.A.
¿Cuál era el pleito? Que Molinari pretendía descontar de su liquidación de IVA unos $300.000 que había pagado su empresa al salón Tattersall, a la empresa de cátering Eat S.A. y a una productora fílmica especializada en eventos sociales. ¿Por qué había hecho el pago? Para la boda de Fariña y Karina Jelinek, en abril de 2011. ¿Habrá habido algún lavador de dinero presidencial que haya pedido que le devuelvan impuestos por un monto así?
Fuente: BAE
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