Báez, durante la primera audiencia.

Después de horas en la televisión en las que fue el tema central de los canales hoy oficialistas, el empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos se sentaron hoy por primera vez en el banquillo de los acusados para enfrentar un juicio oral acusados por el delito de lavado de dinero, un tipo penal que se remonta a los comercios dedicados a la limpieza de ropa en los Estados Unidos.

Según recuerda el experto Carlos Reggiani en un artículo publicado por la Asociación Pensamiento Penal «la expresión “lavado de dinero” es utilizada con mayor profusión en el área latinoamericana por influencia norteamericana, siendo su etimología proveniente de las lavanderías utilizadas por la mafia norteamericana para blanquear o lavar el dinero obtenido del tráfico de la cocaína colombiana junto con el dinero obtenido en dichos establecimientos».

Aunque también se atribuye el origen del término lavado de dinero al famosos Al Capone, el mafioso norteamericano, luego de haber montado una cadena de lavanderías para esconder el origen del dinero obtenido por su negocios ilegales.

El lavado de activos es, en consecuencia, la maniobra por la cual se convierte en «lícito» el dinero que se obtiene de manera ilegal, para que comience a circular por los circuitos financieros y bancarios legales. En nuestra legislación, la figura de lavado de dinero se incorporó justamente al vincularlo con el dinero que se obtenía por la venta de drogas. Luego se la amplió a otros delitos.

Por eso, el empresario santacruceño, sus hijos y los 25 imputados están acusados de haber llevado adelante maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares, que según la acusación obtuvieron de manera supuestamente irregular por haber recibido obras en su provincia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En el artículo mencionado, se recuerda que el cambio en la legislación, agregó  la expresión “provenientes de un ilícito penal”, para reemplazar a “provenientes de un delito”, como regía antes.  «Se entendió que ello elimina la posible discusión en torno a si debería requerirse sentencia condenatoria para su prueba o si, por el contrario, resulta suficiente la mera acreditación de un injusto que, como concepto de delito en abstracto, satisfaga la exigencia típica. El ilícito penal precedente puede ser de cualquier naturaleza y gravedad», dice el columnista.

Esa es una de las claves del juicio que comenzó hoy. El delito precedente al lavado de dinero es el otorgamiento de obra pública a Lázaro Báez en forma supuestamente irregular durante el gobierno anterior. La cuestión es que si bien hay una causa en trámite sobre ese tema, hasta ahora no hubo un juicio oral.

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Esa causa fue la que llevó adelante el juez Julián Ercolini y que le adjudicó a CFK la condición de jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar la obra pública y beneficiar a Báez, amigo de Néstor Kirchner. Ese juicio podría comenzar el año próximo. Uno de los argumentos de las defensas es que todavía no hay «un ilícito penal» con sentencia.

Los integrantes del Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) dispusieron un cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana, cuando resolverán sobre una catarata de planteos hechos para frenar el juicio durante la primera audiencia presentados por las defensas de todos los imputados.

El abogado de Báez, Victor Hortel, abrió la etapa dedicada a las cuestiones previas pasado el mediodía al reclamar la nulidad de la elevación a juicio del caso, y pidió que se suspenda el debate hasta que se resuelva una recusación presentada para apartar al juez suplente del caso, Rodrigo Giménez Uriburu.

Al planteo del abogado del dueño de Austral Construcciones siguieron con el mismo fin los de otros defensores de los 25 acusados, entre ellos los cuatro hijos de Báez, Martín, Leandro, Luciana y Melina.

Las defensas de otros acusados se sumaron al planteo sobre este juez, quien desde febrero próximo integrará el Tribunal Oral Federal 2 que iniciará el juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros acusados, incluido Báez, tras el cierre de la causa de Ercolini.​​​​​​​ Giménez Uriburu fue nombrado juez sustituto para intervenir en caso de algún inconveniente de los tres miembros del Tribunal, Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti.

El defensor oficial de Chueco, Eduardo Chittaro, cuestionó por ejemplo que el juez del caso, Sebastián Casanello, continúe con la investigación del caso y pueda obtener prueba que influya sobre quienes ahora son juzgados. En esa causa fue indagada la ex presidenta por el juez Casanello luego de que se lo ordenara la Cámara Federal.

Entre los juzgados están el ex marido de la vedette Ileana Calabró, Fabián Rossi, el imputado protegido Leonardo Fariña -ubicado al fondo de la sala-, el financista Federico Elaskar, el también preso ex contador de los Báez, Daniel Perez Gadin, y su hijo Sebastián, y el ex abogado Jorge Chueco.

El debate se inició con la lectura del requerimiento de elevación a juicio hecho por el fiscal que investigó el caso, Guillermo Marijuán. Los procesados están acusados de montar «una estructura jurídica y bancaria en el país y en el extranjero» para ingresar al circuito económico formal y dar «apariencia de legalidad» unos 60 millones de dólares a través de diferentes maniobras.

También se juzga el episodio conocido como «la Rosadita«, cuando Martín Báez, Rossi y otros acusados fueron filmados en la ex financiera SGI, de Puerto Madero, contando cinco millones de dólares que habían transportado desde Río Gallegos en un avión privado.