Bonadio maneja el expediente a su antojo.

La causa de los cuadernos concentró la atención de los medios oficialistas durante buena parte del año, a los que poco parece importarles la forma discrecional, como mínimo, con la que el juez federal Claudio Bonadio lleva adelante el expediente. Los abogados defensores de los imputados ya han dicho que entre el juez y el fiscal Carlos Stornelli amenazan con la cárcel a los empresarios que no se arrepienten y los que cantan se van sin mayores problemas a sus casas.

Uno de los ex funcionarios detenido por Bonadio es Oscar Thomas, quien estuvo prófugo en el expediente convencido de que iba a quedar preso por más que no hubiera evidencias ciertas en su contra. El abogado de Thomas, José Manuel Ubeira, denunció al juez Bonadio por el delito de prevaricato,  tomar medidas contrarias a la ley, previsto en el artículo 269 del Código Penal, por las irregularidades que rodean a la causa. Thomas fue el titular del Ente Binacional Yaciretá durante el gobierno anterior.

Según el denunciante, existen dos lotes de personas en el sumario:

• Unos, los que se negaron al arrepentimiento, a la autoincriminación y a señalar a otras personas, duermen en las penitenciarias federales. Como en toda regla existen excepciones. El Dr. Javier Fernández.
• Los otros, en sus casas. Los casos de los señores Paolo Rocca y Mindlin son emblemáticos. Su examen pormenorizado determina, que las informaciones periodísticas se quedan cortas en materia de arbitrariedad e ilegalidad por parte del juez federal Bonadio.

Se hace necesario recapitular algunos datos. Rocca, titular de Techint, uno de los grupos empresarios más grandes del país, no se arrepintió y negó estar al tanto del pago de sobornos a los funcionarios del gobierno anterior, pese a que dos directivos del holding lo admitieron en la causa.

Marcelo Mindlin, es titular del Grupo Pampa Energía, amigo personal del presidente Mauricio Macri y uno de los que más creció al amparo del actual gobierno. Tampoco se arrepintió y menos admitió haber sobornado a funcionarios. Al igual que el poderoso Rocca también se fue a su casa.

Javier Fernández es director en la Auditoría General de la Nación y en los tribunales federales se lo señala como un histórico operador judicial del peronismo. Fue mencionado por la diputada Elisa Carrió en el pedido de juicio político que presentó contra el ministro de Justicia Germán Garavano por haberse pronunciado en contra de las detenciones preventivas.

La gran novedad de la causa de los cuadernos es el uso de la figura del arrepentido. La ley que la incorpora en nuestro ordenamiento legal explícita en su artículo 6° que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.

Pues bien, el abogado Ubeira sostiene en su denuncia que no hay evidencia en la causa de que esos registros figuren en el expediente. “Más allá del incumplimiento y sus consecuencias procesales en este expediente, es innegable que esta falencia refuerza la sospecha de las irregularidades denunciadas por los medios de prensa y la del prevaricato”, escribió Ubeira.

El abogado sostiene que no hay evidencias para encarcelar a Thomas y que el uso de la prisión preventiva “sea utilizado como medio coactivo” para que el imputado “con las escasas sortijas que quedan en la calesita de la libertad, se decanta por una confesión de delitos guionados o imaginarios, que a su vez, le permitan al instructor incriminar a autoridades del gobierno anterior”.

Ubeira cita en su escrito a periodistas como al columnista de La Nación Carlos Pagni, quien señaló lo llamativo que los titulares del grupo Eskenazi nunca fueron llamados a declarar, pese a las relaciones que mantuvieron con el kirchnerismo, a tal punto que terminaron comprando una parte de YPF. También cita los dichos de Jorge Fontevecchia, titular de la Editorial Perfil, quien dijo haber escuchado testimonios de empresarios que declararon en la causa y que cuando se desviaban de lo que le interesaba el juez los frenaba y les decía que a él le interesaba la ex presidenta CFK. La denuncia de Ubeira recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos.