Cinto, in embargo, un protegido de Horacio Rodríguez Larreta, tuvo la osadía por ser el primer administrador en lustros que se animó a revisar dos cotos cerrados para los jueces: las horas extras y la cantidad de personas que demandan para su faena diaria.

Al mes de llegar a su oficina en la calle Libertad, Cinto constató sus sospechas: los jueces argentinos trabajan, en general, muy pocas horas reales. No tienen penalidades por las demoras en los expedientes con lo cual los atrasos no son sancionados, por eso hay causas que superan los 10 años. A esto se agrega que parecieran utilizar un sistema por demás permisivo para asignarse permanentemente el cobro de horas extras.

Apuntes que son cruciales si se entiende la contienda presupuesta que en estos tiempos de crisis domina la agenda entre Balcarce 50 y la Corte Suprema de Justicia, problemas que existen más allá de la devaluación y la corrida cambiaria.

Cinto hacía estos movimientos y a cambio otorgaba como gesto de buena fe no meterse en absoluto con los gastos del rubro informático, donde desde siempre se habrían gestado las maniobras más inconfesables y que ponen inquieto al propio Ricardo Lorenzetti.

El tacto de Cinto no alcanzó porque cuando los jueces comenzaron a recibir preguntas incómodas sobre cuántas horas se trabaja en sus juzgados estos fueron sin escalas a quejarse en la Corte y a decir que Cinto los quería evaluar y que se manejaba como si fuera un gerente de control de producción.

La Corte giró la queja al Gobierno y a las dos horas Cinto ya estaba fuera de la jugada. Y es que el Gobierno no puede permitir, en el escenario actual, el menor roce innecesario con los jueces a los que debe el corrimiento de la agenda mediática de os avatares económicos hacia la historia de los cuadernos del chofer Centeno.