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El «cuadernogate» ofrece una situación, al menos extraña, sin una respuesta unánime: ¿Cómo puede ser que una figura como Javier Fernández, histórico nexo entre Comodoro Py y la SIDE, tenga como abogado a Domingo Montanaro?
El enigma es valido porque Fernández es un hombre de fortuna e influencias y podría contratar para algo tan sensible a cualquier de los abogados top de la plaza. Y sin embargo elige a Montanaro que hasta hace algún tiempo despachaba en la secretaría para la investigación del caso AMIA, en la gestión de Mario Cimadevilla.
Abogado penalista, histórico concursante para ser juez, Montanaro fue designado juez subrogante en la justicia penal ordinaria de la Capital a principios del 2005. Le había llegado su chance. Muy rápido ganó fama por sus fallos y actitudes polémicas. Fue conflictivo con el personal de su juzgado y hasta los fiscales resolvieron turnarse cada diez días por no tolerar su carácter.
El Consejo de la Magistratura le revocó la subrogancia a los seis meses. El dictamen de la expulsión calificaba a Montanaro como “un hombre honesto y laborioso”, pero contrapone que “se extralimita generando conflictos con empleados, abogados, fiscales y partes en los sumarios”.
Además señalaba que “cinco agentes del juzgado (que subrogaba Montanaro) han sido licenciados por razones psiquiátricas, debido al sistema de trabajo que impuso” el magistrado. En el mismo sentido, señaló las quejas que manifestaron dos fiscales correccionales y otros dos de Cámara, que –entre otras consecuencias– derivó en que los turnos con ese juzgado fueran “cubiertos rotativamente por los demás fiscales a razón de diez días cada uno”.
Lo habitual es que una fiscalía esté de turno con un juzgado determinado a lo largo de todo un año. Según el fallo del Consejo, en una oportunidad “Montanaro, en su carácter de secretario, se dirigió al presidente de la República Argentina arrogándose una representación que no poseía, exigiendo en términos descomedidos la sanción de una ley para implementar la pena de muerte”.
Uno de las intervenciones más cuestionadas de Montanaro como fue juez fue cuando ordenó el desalojo del inmueble situado en Salta 661, a principios del 2005. Además de desalojar a los ocupantes, les dictó la prisión preventiva a cinco, entre ellos, una mujer madre de una bebé con VIH.
Los acusó de usurpación y de formar parte de una organización dedicada a cometer ese tipo de delitos. La Cámara del Crimen revocó ese fallo y ordenó la libertad de los detenidos, tras considerar que no estaba probada la usurpación y solo se había tratado de una ocupación ilegítima por parte de familias en situación de emergencia habitacional.
Una serie de decisiones erróneas lo alejaron de la Justicia y en los últimos años ofició como abogado en casos menores. El cuadernogate lo regresa ahora al centro de la escena, de la mano de Javier Fernández, uno de los hombres más influyentes en Comodoro Py en tiempos pasados.
Otro dato que podría arrojar algo más de luz: a fines del año pasado Montanaro ocupó el segundo lugar en el concurso organizado por el Consejo de la Magistratura para ocupar un puesto en la Cámara Federal. Ese lugar quedó finalmente para Mariano Llorens.
