La cita terminó de ratificarse cuando el lunes confirmó su presencia Mauricio Macri, que también quería decir lo suyo. «No tengo previsto hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que haya hecho nada indebido», soltó finalmente. Fue una alusión elíptica pero inequívoca a su primo hermano Ángelo Calcaterra, dueño en los papeles de la constructora familiar del clan Macri durante casi todo el kirchnerismo y autor intelectual confeso de los pagos ilícitos que ejecutó el histórico CEO de la constructora, Javier Sánchez Caballero, siempre a través de Baratta.
Ángelo Calcaterra y Paolo Rocca son los homólogos locales de Marcelo Odebrecht en el Lava Jato, la investigación del juez brasileño Sérgio Moro que barrió primero con Petrobras, después con el gobierno del PT y finalmente con todo el sistema político verdeamarelo. Pero mientras el «príncipe de los contratistas» pasó dos años en un calabozo, el primo arquitecto del Presidente y el heredero del imperio siderúrgico fundado por Agostino Rocca en los años 40 pretenden una cirugía sin dolor. Enterrar para siempre las chances de regreso del kirchnerismo al poder sin interrumpir ni un fin de semana la vida de lujos en la que se criaron.
La estrategia «Ángelo Paolo» amenaza con socavar la legitimidad del proceso judicial, sobre todo porque la veintena de empresarios imputados empezó a cambiar los argumentos y los testimonios gracias a los cuales el juez Claudio Bonadío aceptó dejarlos en libertad al inicio. El primero de los «arrepentidos», Juan Carlos de Goycoechea, declaró en un principio haber realizado «aportes para la campaña» en nombre de Isolux, la multinacional española a la cual el kirchnerismo encargó la central térmica carbonífera de Río Turbio. Ayer se enmendó: «Hablar de aportes de campaña era un eufemismo. Nos apretaban, eran coimas».
Probablemente Techint también tenga que revisar pronto sus explicaciones. Rocca repitió ayer el argumento que ya había volcado ante Stornelli su lobbista Luis Betnaza. «Teníamos 280 personas nuestras en Venezuela» en el momento de la expropiación de Sidor, dijo. Según declaró Betnaza, los pagos que efectuó el valijero Zabaleta y que registró Centeno en sus cuadernos fueron para que el gobierno de Cristina Kirchner (donde todavía gravitaba fuerte su marido) facilitara el regreso de esos expatriados y evitara que los maltrataran. No para obtener un beneficio económico. «Actuamos para defender a nuestra gente», intentó convencer ayer Rocca. Pero tal como se detalló en esta columna el viernes pasado, la motivación fue más metálica que humanitaria: los pagos coincidieron con la negociación de la indemnización, que fue más alta que otras pagadas por el chavismo.
Peor aún para la «T» resulta lo que ventiló en el quinto piso de Comodoro Py otro imputado que el fiscal y el juez aceptaron como colaborador esta semana, el ex controlador de concesiones viales Claudio Uberti. «Kirchner me encomendó que busque a Techint. Me comuniqué con Betnaza y me presenté en su oficina de la calle Della Paolera. Me dio 100 mil dólares, me dijo que eran para Kirchner. Eso se repitió entre cinco y seis veces», declaró, según el testimonio de 13 páginas que se incorporó el martes a la causa y al que accedió BAE Negocios. ¿Tendría Betnaza más empleados que rescatar en otro país hostil?
Rocca jamás se había mostrado en público sin su lugarteniente. Ayer, en el evento empresario más importante del año, Betnaza brilló por su ausencia. Quizás no quería responder preguntas de la prensa. Si esto va en serio, seguramente vayan a hacérselas pronto a ambos en la fiscalía.
Un contador ahí
Un problema es que todo se sucede demasiado rápido. El cordobés Aldo Roggio, por ejemplo, pateó el avispero anteayer, cuando admitió que pagó durante diez años coimas equivalentes al 5% de los subsidios que recibía para operar el tren Urquiza y los subtes porteños. La confesión seguramente deje al histórico rival de los Macri sin chances de renovar la concesión de Metrovías (¡justo esta semana había quedado entre los tres finalistas!). Lo que le preocupaba al grupo, sin embargo, era otra cosa: aclarar que los retornos salieron de su rentabilidad. De su margen. De la ganancia que generaba la explotación del servicio.
Parece una nimiedad, pero no lo es. Así como Rocca busca autoexculparse del delito de cohecho al negar el beneficio económico que presumiblemente buscaba a cambio de las dádivas que recibía Baratta en nombre de sus superiores, los Roggio pretenden minimizar el riesgo de que se los acuse de malversar fondos públicos al aclarar que pagaban las coimas «con la suya». Más complicado -aunque menos expuesto al falso testimonio- aparece Gabriel Romero (dueño del grupo EMEPA, otro concesionario de trenes), quien ayer reconoció haber pagado coimas a cambio del decreto que le prorrogó la concesión de la Hidrovía. ¿No podría Macri, si quisiera, revocar la concesión tomándose tan solo de su declaración? ¿Quién estaría, en todo caso, en condiciones de empezar a dragar la principal vía de salida de las exportaciones del país en su lugar?
Otro problema es que para haber efectuado todos esos pagos, las empresas tienen que haber justificado en sus balances y declaraciones juradas impositivas erogaciones de dinero «blanco» sin contraprestación real de bienes ni de servicios. Porque los circuitos de dinero blanco y negro no suelen cruzarse, pero necesariamente lo hacen en casos como el de un concesionario que devuelve en efectivo parte de los subsidios que recibe o de un contratista que devuelve en efectivo el anticipo para iniciar la obra. Y ahí es donde se abre un camino de investigación hasta ahora inexplorado: las facturas truchas. En el Tribunal Fiscal, por caso, más de la mitad de las causas pendientes son por facturas apócrifas. Muchas, de empresas grandes como las involucradas en los cuadernos. «Acá falta que aprieten a los contadores. El contador es el que viste al chico para salir», dijo a este diario otra fuente judicial.
Si las empresas falsearon sus declaraciones juradas e ingresaron al último blanqueo de capitales, además, deberían perder inmediatamente ese beneficio. Y en última instancia, por más que Guillo Dietrich procure alumbrar la versión corporate de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para que la investigación no paralice por completo las obras públicas ya asignadas, muchas obras y concesiones deberían terminar por revisarse.
Antes que todo ese castillo de naipes vuele por los aires, y cuando ya haya cumplido con su cometido político de cara a las elecciones del año que viene, muchos temen que el proceso vaya a frenarse en seco. Como la cadena Ángelo Paolo, que llegó a tener más de 100 locales en su momento de auge y que terminó evapoándose a fines de los 90 en medio del escándalo de la aduana paralela.
Agrietados
Fuera del escándalo de las coimas, lo que también se vio clarito en el Sheraton fue que el establishment se dividió en dos bandos: los que todavía creen en el plan económico de Macri y piden sacrificios para llevarlo adelante (como Rocca, David Lacroze o Alejandro Bulgheroni) y los que empiezan a sospechar que los sacrificados serán ellos. Entre los primeros casi se quedaron solos los abocados a la explotación de recursos naturales, como la energía y la exportación de granos. Del otro lado, por medidas como la quita de los reintegros a la exportación de bienes manufacturados, pusieron el grito en el cielo todos aquellos que llevan adelante el más elemental proceso de transformación de las materias primas locales. Desde Luis Pagani (Arcor) hasta los aceiteros como el titular de la UIA, Miguel Acevedo.
Cuando la marea judicial baje y el capitalismo de amigos haya terminado de dar sus explicaciones, quizá los empresarios vuelvan a debatir sobre eso. Sobre lo más importante.
Fuente: BAE
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