| Cuadernos K

Traiciones, peleas y vínculos entre los empresarios presos del Club de la Obra Pública

Por Pablo Fernández Blanco
A mediados de 2013, Rubén Valenti frecuentaba los despachos del Ministerio de Planificación con mayor ansiedad que otras veces. Esperaba un resultado adverso que, pese a su resistencia mediante el lobby y las peleas con funcionarios públicos, sellaría el destino de IMPSA (la empresa de la familia Pescarmona, de la que él era vicepresidente), según él creía.

Valenti paraba en el hotel Sofitel Arroyo, uno de los más lujosos de la Capital, y lo convertía en una especie de segunda vivienda cada vez que venía de Mendoza. El check-out le costaba mucho menos que el dinero que prometía la construcción de las centrales Condor Cliff y La Barrancosa (hoy Kirchner y Cepernic), en Santa Cruz, por encima de los U$S3000 millones. Pero el negocio nunca llegó para Impsa porque se lo quedó Electroingeniería, la empresa cordobesa de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, lobbysta del grupo, todavía a cargo del proyecto. Los enemigos de antes tienen hoy un presente común: Valenti y Ferreyra están detenidos por orden del juez Claudio Bonadío en el marco de la causa denominada “los cuadernos de las coimas k” porque se sospecha que sobornaron a los funcionarios cercanos a Julio De Vido.

Si se contrasta con la narración del chofer Oscar Centeno, el párrafo anterior arroja una verdad desoladora para quienes pagaron coimas: el gran gasto de dinero que habrían hecho en comprar la voluntad del poder no les aseguraba, sin embargo, quedarse con el negocio millonario al final del día. Más aún: los designios de Planificación podían quitarle un trabajo a un grupo al que ya se lo habían dado.

Algo similar ocurre con Ferreyra, que se juntó con Baratta u otros funcionarios en varias ocasiones (junio de 2012, septiembre de 2008, agosto y enero del mismo año; mayo, abril y septiembre de 2007 y octubre de 2006, entre otras). Algunas veces participó Néstor Kirchner, el secretario de Obras Públicas, José López, y Claudio Uberti, señalado como el jefe de la embajada paralela en Venezuela.

En las reuniones que tienen a Baratta como denominador común se repiten los nombres de empresarios y funcionarios que ahora están bajo la lupa de la Justicia. En junio de 2012, por caso, Juan Carlos De Goycoechea se entrevistó con el número dos de De Vido en un encuentro del que también participó Rafael Llorens, asesor legal del ministerio. Bonadio pidió la detención del primero, mientras que el último ya está en prisión.