| Columnistas

Destrucción total

Por Maximiliano Rusconi

Los últimos tres años de justicia penal, en particular la que se ocupa de temas índole político institucional, la llamada “justicia Federal”, sobre todo aquella que tiene su asiento en la Ciudad de Buenos Aires, han mostrado ciertos costados dramáticos que, si bien lamentablemente no son nuevos, esta vez los malos espíritus se han decidido a usarlos con una intensidad que espantaría al más anómico.

El drama institucional llega a niveles que invitan a pensar que el destino no ofrecerá una segunda vuelta reparadora a quienes se han decidido a usar la magistratura judicial para encarar papeles tan vergonzantes para una república.

El ridículo no es, de ningún modo, el único lugar de donde no se vuelve. Tampoco hay billete de retorno para aquellos que, al estilo de los originales “traidores a la patria”, han jugado al amorío entre poderes que lejos de seducirse deben controlarse de modo obsesivo: la libertad de los ciudadanos depende de este juego de frenos y contrapesos que algunos han creído tener el poder de ocultar detrás de relaciones carnales, para colmo pagas.

En los últimos años, bajo el paradigma políticamente correcto de la “lucha contra la corrupción”, hemos asistido a humillaciones masivas montadas bajo el pretexto de actos procesales, soportado al presidente expresar con contundencia volitiva lo que espera de cada decisión judicial y observado como cientos de noticias judiciales, siempre lesivas para la oposición y siempre festivas para el gobierno, emanan con un oportunismo de relojería.

Este listado preliminar alcanzaría para escandalizar a cualquier ciudadano que valore el estado de derecho. Pero en la Argentina de los últimos años pareciera que las tragedias rechazan cualquier intento de colocar algún límite. Es por ello que los episodios luctuosos se concatenan ad infinitum.

Los jueces han entendido que el presidente no tiene que soportar opositores molestos. Sólo ello puede explicar, por ejemplo, que hace nueve meses el diputado Julio de Vido este preso, en cautiverio, sólo por razones políticas escondidas detrás de una ignorancia jurídica que no reconoce antecedentes.

Los jueces de instrucción del fuero federal, algunos, últimamente creen que no es necesario investigar realmente si hay o no un delito, un acto ilícito. La investigación se trata de un trabajo tan duro como engorroso (sobre todo cuando no hay delito que amerite alguna investigación).

No hace falta investigar nada, diría un juez que solía adornar servilletas con su apellido, cuando se puede forzar a un perito inmoral a decir cualquier cosa por fuera del cuerpo pericial sin ningún control. Luego, el juez sólo tiene que decir que frente a seis peritos oficiales y de parte, que han trabajado seria y conjuntamente, sólo le cree a uno que ha volcado, sospechosamente, sus fraudulentas conclusiones en un informe que sólo ha visto el agradecido juez.

Que luego el perito termine investigado o haga un papelón histórico en el juicio oral es harina de otro costal, ya se ha cumplido con los deseos del presidente.

 El objetivo de hacer daño sin límite, a veces requiere, aún sin ninguna razón procesal que lo justifique, involucrar también, con la moral más perversa, a hijos y esposas. Nada debilita más al enemigo, al desafortunado opositor del presidente, que lastimar a su familia. Allanamientos, pedidos de informe y operaciones de prensa exponiendo a la familia del ex funcionario parecen ser eficientes armas de destrucción masiva.

 Claro que los jueces requieren, para esta servil tarea, de órganos de control que estén dispuestos a mirar para un solo lado, cueste lo que cueste y sin límite.

La oficina anticorrupción de la oposición (OADO), la unidad de información selectiva financiera (UISEFI) y la administración federal oficialista de ingresos públicos (AFOIP) se ocupan de llevar al límite la falta de objetividad de los procesos judiciales.

Quien confíe en que la corte suprema de justicia pondrá las cosas en orden, debiera recordar que dos integrantes le deben al presidente un nombramiento por decreto y el mismo presidente de este organismo ha confesado haber armado un tribunal que pudiera juzgar (condenar) rápido el caso de la tragedia de Once.

No está claro cuánto durará este desastre institucional, pero los juristas le debemos al derecho, de seguro, un concepto que grafica muy bien las consecuencias que han tenido estos tres años para la vida republicana: destrucción total.

Fuente: Cicerón


Compartir: