El fiscal Gabriel De Vedia dictaminó hoy en favor de que todos los trabajadores despedidos de la agencia nacional de noticias Télam vuelvan a sus puestos de trabajo, en un primer revés judicial para el Gobierno en medio del conflicto.

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal hizo un lugar a la acción de amparo presentada por una asociación civil en contra de los 354 empleados que fueron despedidos sin causa por orden de Hernán Lombardi, responsable del sistema federal de medios públicos.

El planteo de amparo en contra de los despidos lo presentó la Mesa Nacional por la Igualdad en la Justicia del Trabajo. De Vedia consideró que bajo el objeto y fin de esta asociación se encuentra la promoción y defensa de los derechos de todas las personas, incluye a los derechos de los trabajadores, más aún para este caso en que arguye la Asociación que los despidos se dieron en un marco arbitrario y discriminatorio.

Los despedidos de Télam, un 40 por ciento de la planta, fueron sin motivos fundados, más allá que desde el Gobierno se indicó que los despedidos eran militantes del kirchnerismo que habían ingresado en la planta en los últimos años del gobierno anterior.

Sin embargo, esto fue desmentido por los propios despedidos ya que muchos de ellos tienen una antigüedad de 20 o 25 años, lo que excede largamente los años del gobierno anterior. Además, los trabajadores argumentaron que las convicciones políticas no pueden ser causal de despedido, si se cumplen las tareas con profesionalismo y diligencia.

Desde que el Gobierno comenzó los despidos en Télam, hace tres semanas, los trabajadores ocuparon las sede de la empresa estatal y el servicio de noticias, imágenes y videos se ha visto interrumpido. La semana pasada una masiva concentración pidió la reincorporación de los despedidos.

La trascendencia que alcanzó el conflicto fue de tal magnitud que la noticia fue publicada por medios internacionales, en una seguidilla de malas nuevas generadas por el Gobierno.

El fiscal sostuvo en el dictamen que el relato de los hechos se alinean a los postulados de la ley 23.592 que protege contra actos discriminatorios, pues al darse los despidos sin motivación alguna, sin sumario previo, se cumple con el presupuesto de esta medida cautelar.

De Vedia sostuvo que el despido perjudica al trabajador, en cuanto al carácter alimentario de la prestación salarial, al correr de los días a la pérdida de cobertura de obra social no sólo del empleado si no también al grupo familiar, a la falta de aportes a la seguridad social.

Es por eso que expresa que “las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo al órgano judicial para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces”.