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Cada causa de corrupción dura más de diez años

Por Gabriela Oprandi.

La falta de capacitación de jueces y fiscales; la escasez de recursos humanos; la saturación de los tribunales; las presentaciones de los imputados para demorar las causas; y la falta de voluntad política del Estado para perseguir la corrupción; son los factores que determinan que un expediente que se inicia para investigar un hecho de corrupción demore más de diez años en ser elevado a juicio; y muchas veces ni siquiera llega a esa etapa.

Un informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), al que Crimen y Razón tuvo acceso, determinó que el promedio de duración de estas causas es de 11 años; y que entre el inicio del caso y el procesamiento de algún imputado transcurre un tiempo promedio de más de cuatro años.

Además, desde la misma institución relevaron que en un período de 24 años (1983-2007), la corrupción le ha costado al Estado 13 mil millones de dólares, contando solamente los casos judicializados.

Para Cecilia Vázquez, coordinadora del Programa de Transparencia del CIPCE, “las fallas de la justicia federal redundan en privilegios e impunidad que sólo beneficia a los empresarios y políticos involucrados en casos de corrupción”.

“Todas estas causas generan un daño social muy importante. Por un lado, las instituciones democráticas pierden legitimidad cuando son los mismos funcionarios públicos los que roban los recursos del Estado. Y también, el perjuicio económico es inmenso. Para visualizar el daño que causan, hay que pensar en todas las políticas públicas que se podrían desarrollar, en áreas como salud, educación, obras públicas, seguridad, etc”, explicó a Crimen y Razón Agustín Carrara, coordinador del área de litigio de casos del CIPCE.

El informe realizado que se basó en el estudio de 21 causas del fuero federal, se elaboró para verificar dónde, cómo y por qué se producen las demoras en los procesos penales en los que se investigan hechos de corrupción. Así las causas de María Julia Alsogaray; Víctor Alderete; el caso IBM-Banco Nación; la causa de la Secretaria General de la Presidencia por “Defraudación por Administración Fraudulenta” y el caso Siemens, también por “Defraudación contra la administración pública”, son parte de los 21 expedientes relevados; y de los cuales 15 llegaron a la etapa de juicio. De esos 15, 9 no tuvieron ninguna resolución al momento de finalizar el relevamiento.

La investigación fue realizada junto con la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a partir de los repetidos sobreseimientos por prescripción de la acción penal, que se vienen produciendo en las causas de corrupción que tramitan en el fuero federal de la Capital. Por ejemplo, en el caso IBM-Anses, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 3 absolvió a los imputados por haberse vencido el plazo razonable para el juzgamiento del hecho.

“Si excepcionalmente alguna causa logra avances importantes, generalmente se debe a la presión mediática, pero no a la política criminal del Estado. Y aún en estos casos, la regla sigue siendo la impunidad. Hoy, están tramitando tanto causas del Gobierno actual como causas iniciadas hace 20 años, y todas son atravesadas por la misma lógica de funcionamiento”, señaló Carrara, quien agregó que “una de las posibles soluciones a ésta problemática sería la reforma procesal penal a nivel federal, que permitiría que las investigaciones se lleven adelante sin tantas demoras”.

Cansado de la situación que se vive en los tribunales de Comodoro Py, un fiscal federal que prefiere mantener su nombre en reserva, dice a este portal que las causas de la demora en la resolución de las investigaciones son múltiples. “La principal es la desidia ¿por qué?. Porque en nuestro país no hay incentivos para trabajar bien y tampoco castigos para el que lo hace mal. Como en cualquier trabajo si todo da lo mismo no pasa nada”.


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