| Pele gremial

Conflicto en el subte: cuando el principio de la realidad se impone sobre la legalidad

La pelea entre la UTA y los metrodelegados tiene varios condimentos políticos. El Ministerio de Trabajo demora la entrega de la personería gremial. Para quien juega cada uno.

El metrodelegado Segovia, tras ser detenido.

El metrodelegado Segovia, tras ser detenido.

El conflicto que se desató en el subte es político y como tal tiene un serie de ingredientes que no son explicados en su totalidad por los medios dominantes -TN, La Nación, Clarín- que sólo tratan de llevar la discusión hacia los perjuicios que los paros provocan en los usuarios, en su gran mayoría trabajadores como los que están en la pelea, aunque algunos parezcan olvidarlo.

El argumento del Gobierno de la ciudad es que el gremio de los metrodelegados es ilegal porque así lo sostuvo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en marzo de este año. Ese fue el argumento del jefe de gabinete porteño en la conferencia de prensa del martes para justificar la represión y el uso de la policía para romper la huelga impulsada por los metrodelegados.

El gobierno de Rodríguez Larreta sostiene que tiene un paritaria firmada con la UTA por un aumento del 15,2% por ciento de aumento salarial para este año, cuando tras la última devaluación del peso argentino la inflación estimada no baja de un 25 por ciento según todas las consultoras.

La discusión es política porque la UTA y los metrodelegados se disputan la representación de los trabajadores del subte. La mayor parte de los empleados rechazan el acuerdo firmado por la UTA, un gremio mucho más cercano al Gobierno del Cambiemos que el combativo sindicato de los metrodelegados. Y ahí entra en juego el fallo de la Corte de marzo último.

La Corte rechazó la apelación de los metrodelegados a un fallo de la Cámara del Trabajo, que ordenó que se realizara una nueva compulsa, o empadronamiento de afiliados sindicales. A fines de 2015 el entonces ministro Carlos Tomada le dio la personería gremial a los metrodelegados. Pero la UTA sostuvo que no había podido participar en el proceso, y por eso eligió la vía judicial para seguir con una discusión política.

El Ministerio de Trabajo es el que debe convocar a la nueva compulsa o empadronamiento para determinar quién representa a los trabajadores del subte. Pero claro el Gobierno o el ministro Triaca no están interesados en otorgarle la personería gremial a los metrodelegados, porque saben que no serán dóciles, más allá de la legitimidad del reclamo. Ahora si la UTA no está en condiciones de llevar adelante el acuerdo firmado la situación se complica como ocurrió en los últimos meses. Es cuando se impone el principio de realidad, sobre el principio de legalidad, según una corriente conocida en el derecho laboral.

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralista, Matías Cremonte, sostiene que en rigor el Ministerio no quiere otorgar nuevas personerías a ningún gremio. “Tenemos un Ministerio de Trabajo que ha decidido no entregar más personerías gremiales, aunque estén los requisitos cumplidos por todos los sindicatos. Entonces claro ahora deberían estar convocando a esa famoso audiencia a la UTA y a los metrodelegados, pero no ha ocurrido y no va a ocurrir”, advierte Cremonte en diálogo con Cadena Eco.

“No se entregan personerías, al contrario, se están trabando todos los expedientes y los sindicatos no consiguen, incluso con razón, demostrando que son mayoritarios, inscripciones gremiales”, abunda el laboralista.