| Presentación

Caso Maldonado: diputados nacionales piden juicio político del juez Otranto

Fue denunciado ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura acusado de mal desempeño en el comienzo de la investigación por la desaparición del joven.

Otranto es el juez federal de Esquel.

Otranto es el juez federal de Esquel.

Los diputados nacionales Victoria Donda (Libres del Sur) y Horacio Pietragalla (Frente para la Victoria-PJ), y la legisladora porteña Myriam Bregman (Partido de los Trabajadores Socialistas), denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez federal Guido Otranto a raíz de su desempeño en la etapa inicial de la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado 78 días después en el río Chubut.
En la presentación, que ingresó ayer a última hora por la mesa de entradas del Consejo de la Magistratura, los legisladores apuntaron contra el juez federal de Esquel, el primero que intervino en la causa, a quien acusaron por presunto “mal desempeño de sus funciones” y pidieron su juicio político.
Otranto fue el juez original de la investigación de la desaparición de Maldonado el 1 de agosto del año pasado, durante un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche Resistencia Cushamen, en Chubut; pero luego fue apartado y reemplazado por Gustavo Lleral, quien orientó la pesquisa al hallazgo -78 días después- del cadáver del joven en el río Chubut.
En la presentación, los diputados firmantes aseguraron que la actuación de Otranto en el expediente caratulado como “desaparición forzada” estuvo “teñida de parcialidad” y señalaron que eso “limitó el acceso a la verdad” en esa etapa del proceso, crucial para establecer el paradero del joven artesano.
Los legisladores realizaron la denuncia ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, considerando que su “conducta, desde que decidió el primer desalojo en cercanías del paraje Leleque, cuando el artesano aún estaba con vida (…) estuvo teñida de parcialidad y limitó el acceso a la verdad”.
Como es de rigor, ahora, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, encabezada por el diputado Pablo Tonelli (PRO), deberá analizar la presentación y, si evalúa que corresponde, sortear entre sus miembros quién se ocupará de la instrucción del expediente.
En la presentación, Donda, Pietragalla y Bregman se remontaron a febrero de 2016, cuando la comunidad mapuche había instalado un piquete interrumpiendo la circulación del tren turístico La Trochita, que pasa por el predio, ante lo que Otranto “convocó a una mesa de diálogo”.
En este sentido, recordaron que el juez “interrumpió abruptamente y sin motivos” el diálogo, ordenando “el 10 de enero de 2017 un desalojo a cargo de Gendarmería Nacional, en conjunto con la Policía Provincial de Chubut, que culminó en una cacería humana”.
“Dicho operativo fue llevado a cabo, entre otros, por Emmanuel Echazú, quien luego sería imputado por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado”, agregaron, indicando que una denuncia a Gendarmería por ese operativo “recayó nuevamente (en el juzgado de Otranto), quien delegó la instrucción a la fiscal federal Silvina Ávila, cuya secretaria letrada resulta ser ni más ni menos que la esposa” del juez cuestionado.
Afirmaron que luego, el 31 de julio, Otranto “encomendó al Escuadrón 35 de Gendarmería un nuevo desalojo, esta vez de la ruta nacional 40”, que derivó en la desaparición de Maldonado al día siguiente, cuando “comienza otra serie de conductas plagadas de arbitrariedad por parte del magistrado”.
Entre ellas citaron la presencia de funcionarios nacionales en las declaraciones testimoniales, la tareas de inteligencia a la familia del joven y adelantar “en los medios de comunicación su opinión acerca de los hechos sucedidos, cuando aún la causa se encontraba en etapa probatoria”, lo que terminó en su apartamiento por la Cámara Federal de Apelaciones.
Los denunciantes adelantaron que el lunes presentarán junto a Sergio Maldonado, hermano de la víctima, una nueva denuncia contra el juez Otranto, debido al “espionaje ilegal” que, aseguran, realizó sobre miembros de la familia.