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Sergio Maldonado y su mujer Andrea en una conferencia de prensa.
La novedad pasó casi desapercibida, aunque ocurrió hace un par de semanas. El presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun decidió que el caso por las presuntas irregularidades en la búsqueda de Santiago Maldonado (básicamente espionaje sobre la familia) se quede en la justicia federal porteña en lugar de pasar a al ámbito patagónico.
El Gobierno quería lo segundo. En el oficialismo está la idea de que este caso en Comodoro Py podría ser un potente boomerang en contra que afectaría sobretodo al equipo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, siempre en la mira desde que estalló el caso.
El interrogante mayor es porqué el camarista Irurzun definió en este sentido. Circula la idea de que podría ser una forma de presión para su aspiración más inconfesable: ser nominado por el Gobierno a la Corte Suprema de Justicia, aunque hasta todas las vacantes están cubiertas.
Sergio Maldonado y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, solicitaron que la causa por el espionaje de Gendarmería que sufrieron mientras se buscaba a Santiago quedara en la justicia federal porteña dado que las órdenes para que Gendarmería monitoreara sus movimientos fueron emitidas por el Ministerio de Seguridad, según dijeron.
Irurzun resolvió que la denuncia presentada en octubre pasado sea investigada por el juez federal Daniel Rafecas, quien se había declarado incompetente, lo que hubiera significado el traspaso de la causa a manos del cuestionado juez federal de Chubut, Guido Otranto, apartado del caso Maldonado por falta de imparcialidad y prejuzgamiento.
«El espionaje denunciado salió a la luz durante el desarrollo de la causa principal, en cuyo trámite quedaron en evidencia decenas de comunicaciones entre el Centro de Reunión de Información de Gendarmería en Neuquén y Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón, en las cuales intercambiaban información de la actividad de los familiares, de los organismos, de los pobladores originarios y de los manifestantes que reclamaban, en todo el país, la aparición de Santiago Maldonado, para lo cual usaron celulares radicados en Buenos Aires. El colmo del escándalo hubiera sido que el encargado de investigar esa actividad fuera Otranto, el mismo juez que filtró la información», consignó Página 12.
Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, es por ahora el único imputado en el expediente. Claro que llegó a esa condición porque decidió presentarse en forma espontánea en la causa. De esa manera, puede tener acceso a todo lo que se tramita en la causa.
