Por Alejandro Bercovich

Talentoso como ningún otro empresario a la hora de seducir inversores extranjeros y embarcarlos en proyectos locales a través de su frondosa red de compañías offshore, Marcos Marcelo Mindlin es uno de los que hará punta desde el martes con las Participaciones Público-privadas (PPP), la nueva alquimia a la que apuesta el Gobierno para llegar a las elecciones del año que viene con la obra pública a toda velocidad y sin gastar un peso del Tesoro. El dueño del mayor conglomerado energético del país, cuyo patrimonio se disparó al calor del tarifazo que concentró esta semana las críticas de opositores y oficialistas, moverá para eso la última pieza que sumó a su tablero: la constructora SACDE. Es el nuevo nombre que él y sus socios le pusieron a IECSA, la histórica constructora de Franco Macri que condujo en los papeles Ángelo Calcaterra desde que su primo Mauricio se lanzó a la política, para cuidar las apariencias.

Mindlin tiene algo de lo que carecen sus competidores de la vieja Cámara de la Construcción: contactos fluidos y buena reputación en Wall Street. Eso le da una ventaja difícil de descontar a la hora de quedarse con contratos donde el dinero lo adelanta el contratista y el riesgo ante los prestamistas lo asume el Estado, aunque sin que se compute como deuda externa. El mecanismo es complejo pero funciona parecido al de los ferrocarriles construidos por compañías inglesas a principios de siglo XX: el privado adelanta los fondos para una obra y se asegura el repago a varios años con la garantía de la propia obra. Si es un tren, lo opera directamente o retiene los pasajes como garantía de cobro. Si es una ruta, cobra el peaje o se asegura que se lo giren. Si no tiene flujo de caja propio o ese flujo no alcanza, el Estado le garantiza el recupero emitiendo pagarés a su nombre.

Tan decisivo es el acceso al financiamiento para integrar el selecto lote de los futuros jerarcas de la obra pública criolla que un gigante global con base local como Techint debió asociarse con Acciona, una de las contratistas españolas cuyos jefes acompañaron la semana pasada a Mariano Rajoy en su visita a Buenos Aires. Según pudo confirmar BAE Negocios en fuentes del sector constructor, además de SACDE (Mindlin) y Techint-Acciona, también se postularán la constructora Roggio asociada con Chediack y Helport (de Eduardo Eurnekian) junto a Eleprint (de Gustavo Weiss) y a la gallega COPASA, entre otros pocos como Cartellone y Panedile.

Nadie parece haber reparado en que apenas un mes atrás, Acciona figuró entre los dueños de las nueve autopistas madrileñas construidas mediante contratos de PPP que quebraron y ahora rescatará el Estado español. El costo para el fisco, solo por esos 570 kilómetros, rondará los 4.500 millones de euros. Es porque los consorcios no alcanzaron a recuperar lo invertido pese a lo caros que son sus peajes. A la Xunta de Galicia, COPASA le reclama otro rescate millonario.

Buitres de 2030

El puntapié inicial de las PPP argentas iba a ser hoy, con la apertura de los primeros sobres con los interesados en mejorar y extender seis corredores de rutas y autopistas. Pero el martes por la tarde Vialidad decidió prorrogarlo por segunda vez, hasta el martes próximo, con la excusa de que necesitaba un salón de actos más grande para el lanzamiento. Contrarreloj, mientras tanto, negocia ventajas de último momento para tentar a los inversores. Ya les condonó el impuesto a las Ganancias y el IVA, aumentó un 50% los peajes en cuatro de los corredores que se licitarán y los habilitó a realizar «importaciones temporarias» de equipos y materiales. Mientras ayer la Unión Industrial celebraba la sanción de la nueva Ley de Compre Nacional, que otorga hasta un 15% de ventaja a los proveedores locales que participen en licitaciones para venderle al Estado, los aspirantes a quedarse con las PPP obtuvieron la confirmación de Transporte y de Jefatura de Gabinete de que la norma no regirá para ellos, según confirmaron a BAE Negocios. Si en los próximos cuatro años se van a hacer más autopistas que en los últimos 60, como promete Guillermo Dietrich, va a ser con empresas y máquinas extranjeras.

Otra zanahoria que les mostró Macri a los dueños de las topadoras (y a sus prestamistas) es que desde 2020, todo lo que recaude el impuesto al gasoil irá a financiar las obras con PPP. Hoy esos $20.000 millones anuales se destinan a obras viales ejecutadas por el Estado, a través de un fideicomiso llamado Sisvial. El vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, quien el 18 de noviembre pasado definía por Twitter a los impuestos de asignación específica como «un disparate», evitó criticar esta vez la decisión. Lo que indignaba a Llach era la tasa del 1% sobre las facturas de celulares que hasta el año pasado financiaba al deporte de alta competición. En 2012, cuando se impuso, lo comparó con el diezmo de las iglesias y opinó que iría a «subsidiar sexo en la Villa Olímpica».

Pero lo principal que reclamaban (y obtuvieron) los potenciales inversores es el derecho a litigar en tribunales extranjeros contra el Estado argentino, como hicieron los bonistas que no aceptaron la quita de los canjes de deuda de 2005 y 2010. Es sobre lo que advirtió una carta de la fundación Heinrich Boell al jefe del proyecto PPP del Banco Mundial, Laurence Carter, del 12 de junio del año pasado: «Ponen un nivel desproporcionado del riesgo en cabeza de los gobiernos» y «restringen todavía más que los tratados bilaterales de inversión la capacidad del Estad para regular en favor del interés público», critica el texto. «Eso lo pidieron los bancos. Nosotros no. Acá lo menos importante es la obra», protestó ante este diario el lobbista de una de las empresas que se subirá a la nueva moda.

Las PPP también fueron evaluadas negativamente por el Comité de Auditores de la Unión Europea, que acaba de advertir «demoras y sobrecostos en casi todos los casos» y «deficiencias extendidas» en el mecanismo que se apresta a abrazar el país. Su informe, de 79 páginas, puntualiza que «por el tamaño de los proyectos, pocas empresas pueden hacerlos» y que «el sistema incentiva proyectos más grandes de lo necesario». También calcula que en Grecia, el kilómetro terminó costando 69% más de lo presupuestado.

El recuerdo de los bolsos voladores del exsecretario de Obras Públicas José López le permitió hasta ahora al Gobierno esquivar con chicanas cualquier cuestionamiento respecto de lo caras que van a salir las PPP. Pero el sobreprecio que estiman en la City, donde muchos morderán comisiones de los nuevos contratos, llega hasta el 300% respecto de lo que cuesta una obra tradicional. Y los nuevos contratos tampoco son un canto a la transparencia. Al menos así lo denunciaron ActionAid y otras 157 ONGs y sindicatos de 45 países en octubre último: «Su experiencia ha sido abrumadoramente negativa», evaluaron en documento. Y agregaron que «son atractivas porque pueden esconderse de la hoja de balance para que no aparezcan en los presupuestos ni en las cifras de deuda del gobierno, creando la ilusión de dinero gratis, pero el gobierno suele ser obligado a rescatarlas y asumir los costos».

Tiro al Blanco

Lo que conecta a las obras públicas privatizadas del futuro con el recorte de subsidios energéticos que lleva adelante desde que asumió Juan José Aranguren es el riesgo de fijar tarifas impagables para los usuarios. Y de que eso empiece a drenarle votos a Cambiemos. Será entonces cuando, como esta semana hicieron los radicales ante el riesgo de que la oposición convocara una sesión especial para derogar el tarifazo, propios y extraños empezarán a notar algunas desprolijidades que de momento pasan inadvertidas.

Un viejo socio de Mindlin, Marcelo Pedro Blanco, fanático boquense y amante del rugby, encarna una de las más llamativas de esas torpezas administrativas. Heredero del puesto de «Toto» Caputo en el Deutsche Bank cuando el hoy ministro de Finanzas se abocó a su fondo Axis y a su offshore boutique Noctua, el «Pelado» Blanco asumió en diciembre de 2015 como presidente de Nación Fideicomisos. Que desde allí se manejaran fideicomisos vinculados a la energía como el Focede y el Focegas no le pareció motivo suficiente para abandonar su silla como director titular de Pampa Energía, donde permaneció hasta el 24 de agosto de 2016.

Con él todavía como director, Pampa compró la filial local de Petrobras por unos 900 millones de dólares. Para lograrlo, la nave insignia de Mindlin obtuvo un préstamo de 140 millones de dólares de la YPF con mayoría estatal. El crédito fue al 5% anual, una tasa de interés llamativamente baja al margen de lo curioso que resulta que una empresa financie la expansión de su competidora directa. Otros 405 millones los obtuvo del Deutsche, el nido común de Blanco y Caputo.

Blanco terminó por abandonar Nación Fideicomisos en agosto del año pasado para pegar el salto a la estratégica Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía. Desde entonces, su cuenta de Twitter refleja el mismo fanatismo por Aranguren que por el Hindú Club. Pero cuando en diciembre dispuso vender la parte del Estado en Transener, cuyo otro dueño es Mindlin, el conflicto de intereses se hizo palpable hasta para los socios radicales de Cambiemos, que lo condenaron en público y por escrito. El financista, socio y director de Pampa operaba para Pampa -por segunda vez en un año- desde un despacho oficial.

Ayer, los jefes radicales se fueron de la Casa Rosada con una vaga promesa de Marcos Peña de «aplanar» el tarifazo de gas, sin atenuarlo. Y sin siquiera rozar la calva de Blanco, contra quien habían apuntado todos sus cañones apenas tres meses atrás.

Fuente BAE