| Polémica

La Ley de Honorarios se convierte en el eje de la campaña del Colegio Público de Abogados

La ley fue impulsada por el Colegio Público de Abogados, pero surgen cuestionamientos por la fórmula que se utiliza para calcular el pago de honorarios.

Rizzo fue el principal impulsor de la ley.

Rizzo fue el principal impulsor de la ley.

La Ley de Honorarios profesionales de los abogados votada por el Congreso se puede transformar en un tema clave y hasta en un boomerang en la campaña de Gente de Derecho para seguir controlando el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Algo que debía ser una bandera para la elección, ya que la ley sancionada fue a partir de un proyecto del Colegio Público, se transformó en un tema en el cual Jorge Rizzo se ve forzado a explicar por diferentes canales por los vericuetos que tiene la norma.

El 13 de septiembre de 2017 se aprobó la ley 27.423, que regula los honorarios profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal. Sin embargo, a pocos meses de su funcionamiento estaría quedando demostrado que es peor que su predecesora y que en lugar de beneficiar a los abogados los perjudica aún más, dicen abogados que son críticos de la gestión de Rizzo.
La clave es que la unidad (UMA) sobre la que se calculan los honorarios de los abogados es de apenas $540, que representan el 3% de la remuneración básica de un Juez Federal (he aquí la trampa, la remuneración básica que se liquida actualmente es sólo una pequeña parte del verdadero sueldo de un Juez), dicen los abogados que la cuestionan.
La clave se encuentra allí. El salario básico de un juez sólo asciende a 17.000 pesos, pero la retribución que cobra un juez nacional llega hasta los 90.000 pesos, cómo mínimo, por lo que si se toma ese valor el monto de la UMA sería mucho más alta. Cerca de Rizzo no quieren soltar prenda sobre este punto, que en definitiva va a ser resulto por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, rechazan de plano que el valor de la UMA sea solamente de 540 y arriesgan un número mucho mucho más alto, que podría oscilar entre los 1.000 y los 2.700.
Comparar las UMA  de las diferentes jurisdicciones es un ejercicio que no beneficia a Rizzo, dicen sus críticos.  Sobre estos valores un divorcio por ejemplo importa un honorario de $ 38.880 en la provincia de Buenos Aires y de $ 5400 en la Justicia Nacional, si se tomara esa base de 540. Lo mismo sucede con todo tipo de procesos, las diferencias entre las demás leyes de honorarios y esta última son abismales, dicen los cuestionadores. Claro que el cálculo es apresurado porque aún no se sabe en rigor, cuál va a ser el valor final que se se tomará para realizar el cálculo de los honorarios, dicen en la actual conducción.
De ahí que Rizzo, en sus recorridos de campaña, cada vez se ve forzado a estar explicando una nueva ley que estaría perjudicando a sus representados y que es la consecuencia más visible de su ruptura con Daniel Angelici, aunque al lado del líder de la agrupación Gente de Derecho sostiene que son otros los motivos que provocaron la ruptura con el principal operador del macrismo.
De todos modos, cerca de Rizzo explican que la ley que se sancionó a nivel nacional es similar a la ley que se sancionó en la ciudad de Buenos Aires bajo el impulso de la agrupación Gente de Derecho y que tuvo el apoyo de casi todos los bloques en la Legislatura.
La norma nacional fue objetada por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores), que sostuvo que “además de afectar la libertad de contratación y el acceso a la justicia, y de contradecir una norma genérica del Código Civil y Comercial (art. 1255), esas disposiciones permitirán que un abogado, a quien se recurre justamente para prevenir o solucionar un problema por su conocimiento del derecho del que un cliente carece, pueda engañar a este tres veces: cuando le proponga un acuerdo nulo, cuando le otorgue un recibo ineficaz y cuando le reclame la diferencia entre el honorario pactado y el mínimo legal”.