López sale el viernes de la cárcel de Ezeiza.

En un hecho inusual para el recoleto mundo del Palacio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia pidió hoy que se investigue la forma en que se conformó el tribunal que el viernes de la semana pasada resolvió la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, detenidos desde diciembre último por orden del juez federal Julián Ercolini.

En el escrito de una página enviado esta mañana al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, los supremos Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti pidieron que se inicie una investigación para determinar cómo se integró la Sala I de la Cámara Federal, que el viernes excarceló a los dueños del grupo Indalo y además cambió la calificación del delito por el cual están siendo investigados.

Los dos empresarios fueron excarcelados por los votos de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, mientras que el camarista Leopoldo Bruglia, votó en contra, es decir, para que se mantuviera el arresto de los dos empresarios, acusados de haber retenido 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles mediante la petrolera OIL, una de las más importantes del Grupo Indalo.

Una fuente cercana a uno de los jueces de la Corte explicó que por vías informales llegaron hasta los ministros comentarios de supuestas irregularidades en la conformación de la Sala I y hasta del pago de presuntos sobornos para que se excarcelara López y de Sousa, medida que provocó la indignación del Gobierno, desde el presidente Mauricio Macri para abajo.

“Podrían haber optado por no hacer nada. Pero algunos jueces de la Corte tienen conciencia de la mala imagen que la Justicia tiene en la sociedad y por eso están decididos a reaccionar, más allá de los fallos en los que les toque intervenir”, comentó que transita a diario los pasillos de la Corte.

En la Corte tomaron nota además del reclamo que la diputada Elisa Carrió, enemiga histórica de Lorenzetti, hizo durante el miércoles al Consejo de la Magistratura para que se investigara si hubo intereses económicos involucrados» en el voto de los jueces Farah y Ballestero que cambió la calificación en la causa, de defraudación al Estado a evasión, una figura penal menor.

Carrió solicitó también en su nota al Consejo de la Magistratura que se investigue si familiares de ex directivos del Casino de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López, tienen o tuvieron algún vínculo laboral con el juez Farah, una de los firmantes del fallo que benefició a los acusados.

Carrió recordó sus cuestionamientos al juez Ballestero, que lideró el falló que excarceló a los empresarios, por su intervención en la causa conocida como la «Mafia del oro», en la década de los 90, y por la compra de un dúplex en la avenida Figueroa Alcorta de esta ciudad, «mediante un crédito simulado», según aseguró.

En los pasillos de la Corte, se menciona que los “intereses económicos”, indicados por Carrió podrían sumar hasta cuatro o cinco millones de dólares. Por la gravedad de las versiones, es que se decidió impulsar la nota enviada a Miguel Piedecasas, el presidente del Consejo.

En el organismo dijeron que tras la nota de la Corte, se puede recurrir a una vía formal administrativa para pedir el reglamento que establece cómo se conforma la sala o directamente dar intervención a la comisión de Acusación que preside el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Según se supo en el Consejo, finalmente Piedecasas decidió impulsar las dos vías. Envió una nota a la Sala I de la Corte para que informe cómo se integró la sala y además se dio intervención a la comisión que encabeza Tinelli.