Garavano tiene un potencial problema entre manos.

Por Rafael Saralegui

El tema todavía ni aparece en los noticieros -con su agenda mediática tan particular- y apenas circula en las páginas de los diarios, pero terminará por explotar en algún momento, por las tensiones que provoca puertas adentro del Gobierno.

La decisión del Ministerio de Justicia de no acusar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio que se lleva adelante por encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA, ya genera consecuencias en el ámbito judicial y político.

Uno de los acusados en ese juicio, el ex reducidor de automóviles y actual abogado Carlos Telleldín, denunció al ministro de Justicia, Germán Garavano, por los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y peculado, entre otros, por esa decisión oficial del Gobierno de no acusar a los ex fiscales de la causa.

La cuestión ya provocó roces dentro de la administración Cambiemos. Semanas atrás, la diputada nacional Elisa Carrió advirtió que ella ni su partido estaban «dispuestos a manipular una acusación en una causa judicial y por ninguna razón avalan los condicionamientos y presiones que han recibido los letrados designados como representantes de la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado de la AMIA”.

“El ministro debe dar explicaciones sobre su intempestiva decisión”, reclamó Carrió y aseguró que le advirtió a Garavano el año pasado “que si se afectaba la línea acusatoria se estaría encubriendo” a quienes están siendo enjuiciados en estos momentos.

En diciembre pasado, los fiscales que participan en el juicio oral habían acusado a los ex fiscales Mullen y Barbaccia y se esperaba que los abogados que participan en el debate en representación del Ministerio de Justicia iban a seguir la misma línea.

Pero nada de esto ocurrió cuando se reemplazó a comienzos de febrero, por decisión de Garavano, al abogado del Ministerio Enrique Ventos por José Console, que responde a Daniel Angelici, presidente de Boca, operador judicial del macrismo y uno de los enemigos declarados de Carrió.

En la denuncia realizada por Telleldín, que había sido acusado en el primer juicio oral de haber entregado la camioneta Trafic que se usó para volar el edificio de la AMIA y resultó absuelto por las irregularidades, con el patrocinio de Leonardo Martínez Herrero, se describió un círculo de intereses, amistades y vinculaciones políticas que llevaron a no acusar a los ex fiscales.

“Garavano tiene como aliados al operador judicial del presidente Mauricio Macri, Daniel Angelici, y al director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. El episodio pone de relieve la promiscuidad entre sectores de la Justicia y los servicios de inteligencia y la voluntad del Gobierno de la Alianza Cambiemos de proteger a sus hombres y mujeres”, dice la denuncia.

Según el denunciante, Garavano designó a Console un día antes de los alegatos, pese a que estaba inhabilitado porque en 2017 fue designado en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual su alegato puede ser declarado nulo. El tribunal oral pidió un informe a ese organismo y debe decidir sobre ese punto.

En la denuncia se sostiene que la esposa de José Barbaccia, uno de los ex fiscales enjuiciados, Silvina Rivarola O´Connor trabaja desde 2016 como directora de Coordinación y representación ante organismos internacionales de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de haber ganado un concurso para ser fiscal en la ciudad de Buenos Aires.

“Una fuente de la AFI dijo que el actual cargo de de Rivarolo O´Connor en la UIF es continuidad de su empleo como funcionaria orgánica del Departamento Exterior de la ex SIDE, al que accedió durante la gestión de Hugo Anzorreguy (otro de los acusados en el juicio oral”, dice la denuncia. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 9 y se pidió la declaración de Carrió como testigo.

Lo más paradójico es que el denunciante es Telleldín, el cobrador de los 400 mil dólares que le pagó la SIDE para acusar a un grupo de ex policías bonaerenses. Por ese pago, el primer juicio fue declarado nulo, todos resultaron absueltos y ahora son juzgados los participantes de la maniobra.