Basterra, en el centro, encabezó el plenario.

En su primera sesión plenaria, el lunes 22, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, resolvió por votación unánime el Plan de Readecuación Administrativa y de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad, para reducir el gasto en un 20%, según informó el organismo.

La novedad de la reducción de la planta se conoce, luego de que se hubieran realizado diversos cuestionamientos a la titular del organismo, Marcela Basterra, por diversas contrataciones de asesores y empleados. Y por el crecimiento de la planta de empleados.

«En consonancia con los requerimientos de austeridad, razonabilidad y transparencia que demanda la sociedad, el Poder Judicial porteño busca distribuir su presupuesto asignado por la Legislatura, de una manera eficiente», se sostuvo en un comunicado.

«Para lograr ese objetivo, el Consejo de la Magistratura se compromete a reducir su planta permanente, sin que esta medida implique el despido de ningún trabajador, promoviendo la jubilación de sus empleados en edad jubilatoria, como así también encabezando un plan de retiro voluntario con la participación de las asociaciones gremiales y prohibiendo el ingreso y nombramiento de nuevo personal hasta alcanzar la planta óptima de 875 agentes», se agregó.

«Este ahorro también alcanza a Jueces, Consejeros y Funcionarios eliminando el pago de pasajes al exterior con fondos públicos asignados al Consejo de la Magistratura, como así también la financiación de becas internacionales. En el mismo sentido, se redujo la cantidad de asesores que cada Consejero puede designar en su planta quedando explícito que una vez finalizado su mandato deben cesar en sus funciones no pudiendo pasar a formar parte de la planta permanente. En palabras de la Dra. Marcela I. Basterra, Presidenta del Consejo: “La planta de asesores políticos se va con su jefe político”, agregó el comunicado.

El Consejó informó que el Plan de Readecuación Administrativa y de Recursos Humanos prevé el dictado de una nueva estructura orgánica funcional acorde a las competencias penales transferidas, razón por la cual la Presidenta dejó sin efecto todas las estructuras creadas por la Resolución 1171/17. El plenario también aceptó, la renuncia del Alejandro Rabinovich al cargo de Administrador General del Poder Judicial de la Ciudad y designó en su lugar a Luis Montenegro.

Denuncia al Consejo

Esta semana, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reclamaron que se investigue al Consejo de la Magistratura porteño, luego de que se conociera una denuncia de corrupción contra su titular y salieran a la luz presuntas contrataciones irregulares.

«El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, como Institución rectora de la Abogacía de nuestra ciudad, manifiesta su honda preocupación por los supuestos hechos de corrupción que fueran denunciados por el matutino Clarín, en la esfera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad con Gobierno Autónomo de Buenos Aires», sostuvo hoy el presidente de esa entidad, Jorge Rizzo, a través de un comunicado de prensa.

«En esa inteligencia, auspiciamos que se lleven adelante todas las investigaciones, auditorías, denuncias y autodenuncias necesarias y conducentes hasta que se determine a ciencia cierta la existencia de cadenas causales y responsabilidades políticas y/o criminales», manifestó Rizzo en el texto que firmó junto al secretario general del Colegio, Pablo Dameschik.