Por Horacio Lutzky

El régimen de excepción de Macri me deja sin mi fuente laboral. Mediante un ilegítimo e inconstitucional decretazo ómnibus modifica –entre otras- las leyes de marcas y patentes, cambiando radicalmente un sistema con décadas de vigencia, en el cual algunos abogados especialistas en marcas, patentes y propiedad intelectual intervenimos en la defensa de los derechos de los titulares de marcas nacionales cuando empresas extranjeras solicitan marcas que infringen registros argentinos.

De un plumazo, y “con el propósito de desburocratizar”, el emperador modificó por completo a partir de hoy, la ley 22.362 de marcas y designaciones y dispuso que los conflictos por oposiciones al registro de marcas ya no pasarán por trámite de mediación ni por la Justicia, sino que serán resueltos directamente por el INPI (organismo administrativo).

En mis más de 30 años en la especialidad, he ganado juicios por estos temas contra The Coca Cola Company, Clorox, y Techint entre otras, defendiendo intereses de empresas locales y sentando jurisprudencia en más de un caso. Dentro del plan de entrega, apertura indiscriminada y extranjerización, que ya gozaba con el levantamiento de toda traba arancelaria, este decretazo le suma el relajamiento de la protección a los derechos de propiedad industrial argentinos y refuerza la invasión de productos extranjeros en detrimento de los nacionales.

Por mi parte, tendré que ver de qué trabajo hasta que pase esta pesadilla y vuelva la democracia. Salvo que los jueces de la Corte Suprema que Macri eligió por decreto consideren que el decreto es inconstitucional.