Por Sabina Frederic*

Las imágenes de gendarmes arrojando piedras a los gritos durante el operativo de despeje de la ruta 40 en Chubut, tanto como el despliegue del grupo de elite Albatros de Prefectura en el desalojo de un predio a orillas del Mascardi en Rio Negro, son hechos de violencia estatal. En ambas circunstancias dos muchachos perdieron la vida: Santiago Maldonado de 27 años, hasta donde se sabe, ahogado, y Rafael Nahuelde 22 años, con un disparo ejecutado por la espalda. Los gendarmes respondieron con piedras en el contexto de un procedimiento, apartado de los procedimientos indicados por la doctrina de esa Fuerza; los prefectos ingresaron aduciendo la presencia de armas de fuego y tirando munición letal. En los dos casos intervino una orden judicial y la consabida decisión gubernamental de darle cada vez más prioridad a las fuerzas de seguridad en su entendimiento de un rango más amplio de actos factibles de ser catalogados por ellos como delito.
Pero la sucesión de los hechos muestra un aspecto de la política actual de seguridad al que poca atención se le ha prestado: el pasaje del apedreo al ataque armado y el anuncio por parte del Ministerio de Seguridad de un nuevo protocolo, nos llevan a la cuestión. El caso Maldonado develó las limitaciones que en este contexto político posee la fuerza de seguridad federal sobre la cual se ha venido sosteniendo la violencia legítima del Estado desde 2003 en adelante. La Gendarmería duplicó su número en menos de diez años pasando de 17000 a 37.000, desplegó sus tropas en todo el territorio ampliando sus tareas policiales en centros urbanos, donde los vecinos resistían y resisten a la policía e incluso a la Prefectura, fuerza responsable de un porcentaje significativo de homicidios por casos de gatillo fácil. Sin embargo, su crecimiento plagado de dificultades ya mencionadas en otros artículos propios, fue parte de una extensa época donde la formación, la capacitación, la instrucción y el re-entrenamiento, estuvieron fundados en la protección de las garantías individuales, y en la aplicación de protocolos de uso proporcional y racional de la fuerza. La disciplina militar de esta fuerza federal, la única con dicho estatus jurídico, fue empleada internamente para dar cumplimiento a esos protocolos. Aquel episodio de enero de 2016 en que un grupo de tres gendarmes en la 1-11-14 se enfrentó a integrantes de una murga, dejando numerosos heridos entre ellos a: niños ya dos gendarmes, es signo de violencia institucional para una parte del arco social y político. Pero para muchos gendarmes es una muestra del fracaso en el control del uso de la fuerza, aunque la Ministra en este y el caso de Maldonado, los haya respaldado. .
La entrevista al subalferez Emanuel Echazú, vestido de uniforme, por un cronista de Telenoche realizada en oficinas del Escuadrón donde presta servicio, deja ver no sólo el interés en levantar la imagen de la Fuerza, también revela la vulnerabilidad del joven(1). Sin ningún otro efectivo a la vista reponiendo la cadena de mando, se lo escuchó contar la correría para “hacer cesar el delito”, mostrar sus cicatrices por fractura de cráneo dejadas por los piedrazos de los mapuches que repelían la represión, y quebrarse por la angustia en la que ahondaban las preguntas insidiosas del cronista. Con dos años de antigüedad en la Fuerza, y menos de 30 años, esta exposición pública no hace sino esfumar la trama de decisiones, omisiones y ausentes, que lo llevaron a él y a sus compañeros a evitar el disparo de munición letal y quedar, “por voluntad” al decir de la fiscal de la causa, como querellante.
No será acaso que la sustitución de la Gendarmería por la fuerza especial Albatros enuncia el límite encontrado por aquella para cumplir con la clase de exigencias de la nueva política de seguridad.Como se sabe estas fuerzas actúan en caso de “desbordar la capacidad operativa de los servicios policiales regulares ya establecidos” (2) . Ese límite, inhabilitado para pronunciarse como negativa al cumplir con la orden de las máximas autoridades, parece anudarse en las personas de muchos uniformados con el pasado reciente que los formó y la movilización de organizaciones nacional e internacional de protección de Derechos Humanos y garantías constitucionales.
Frente a tales circunstancias, y al hecho de estudiar a la Gendarmería desde adentro la pregunta que nos hacemos es ¿En qué medida las fuerzas de seguridad que debe conducir este gobierno son tropa verdaderamente propia?Muchos gendarmes reconocen un cambio significativo en el salario, y un mejor trato que el recibido por la gestión que terminó en 2015. El postergado mejoramiento salarial realizado a la gendarmería durante el 2016 sin duda cambió el ánimo de la Fuerza federal más importante por su tamaño, funciones y despliegue territorial. Pero mi pregunta va más allá de este necesario bienestar,hacia una tensión más profunda.
¿Será acaso que la huella introducida por el valor de los derechos humanos, su enseñanza en todos los niveles de capacitación, y la instrucción en el protocolo de uso proporcional y racional de la Fuerza, resulta un obstáculo? ¿O por el contrario el cambio de aire visto como beneficioso para la mayoría de sus integrantes, es suficiente para que todos sus integrantes anulen en sus prácticas lo que reconocen incorporado?
Ciertas evidencias parecen indicar que las señales son por lo menos contradictorias. Durante el 2016 participé de una reunión en la que un funcionario del ministerio de Seguridad respondía a una consulta formulada por una académica experta. Ella le preguntó cuál era la concepción de seguridad que esta nueva gestión sostenía y el respondió sin titubeos que compartían la dejada por la gestión anterior (2010-2015). Sus palabras no eran retórica, en absoluto, pues la reenvío al documento redactado para orientar el gobierno de ese período, que aún hoy se puede encontrar en la página web del Ministerio de Seguridad, y que se denomina Modelo Argentino de Seguridad Democrática (3) . El trabajo de campo que vengo realizando en unidades de Gendarmería del país, indican que tanto la formación básica, superior, como la instrucción y el re-entrenamiento, integran dichos principios a la doctrina. No sólo eso, muchos oficiales y suboficiales, se ocupan de mantener el apego de sus subalternos al control emocional, de evitar la reacción frente a la hostilidad y el maltrato, para lo que se instruyen.Además, resoluciones dictadas en aquel período, como el protocolo a seguir luego de disparar el arma de fuego reglamentaria, son inobjetables. Tanto como el 0800, más conocido como 0800 Nilda – Garré – mediante el cual los integrantes de la Fuerza denuncian injusticias o actos de corrupción producidas por sus superiores. A diferencia de otras resoluciones como aquellas vinculadas con autorizar el salto de la cadena de mando en cualquier circunstancia, que ya fueron modificadas.
Así las cosas, las autoridades de este gobierno encarnadas en el Ministro de Justicia, Ministra de Seguridad y Jefe de Gabinete, envían señales en una dirección contraria al del mencionado Modelo. Redoblaron la apuesta, al punto de proponer un protocolo mediante el cual los uniformados invaliden las decisiones judiciales, o alcen su interpretación del hecho sobre la de estos, de acuerdo al delito (4) . Una vez más declaman la aplicación de procedimientos que convaliden la fuerza contra derechos constitucionales como el de la tierra de las comunidades originarias, o el derecho a la protesta (5) . De aprobarse, le daría un enorme poder discrecional a las fuerzas de seguridad. Pero acaso los/las uniformados/as están íntimamente dispuestos/as a ejecutarlo.
Ese movimiento hacia los nuevos protocolos muestra que el propio uso que el gobierno hace de las fuerzas de seguridad exige romper los parámetros establecidos por más de una década, para poder seguir adelante con su cruzada. A través de ellos, le hablan también a los/as miles de uniformados/as que deben someterse a las operaciones policiales de este gobierno. Son ellos/as lo que deben conocer las nuevas reglas de juego. Deben saber que la negociación, el diálogo, el control emocional frente a la hostilidad, el uso proporcional de la fuerza ya no son principios rectores, sino para un número de situaciones cada vez más reducida.
Todos sabemos que la política de este gobierno hacia los asalariados ha sido disciplinamiento por vía de la amenaza de desempleo. También sabemos que el personal de las fuerzas federales de seguridad no escapa al mismo principio, aunque algunos de ellos puedan estar convencidos de que lo hacen porque es su deber de servicio al Estado. Además sobre ellos pesa el riesgo de ser objeto de persecución penal y ese es un límite más al de la pérdida del empleo.
De manera que habrá que ver si las nuevas señales de este gobierno a los miles de personas enroladas en las Fuerzas Federales de Seguridad sobre el desapego alas enseñanzas del pasado, alcanzan para anular su observancia. Lo que va quedando claro es que las órdenes no alcanzan, la obediencia debida no funciona como antes. Las imágenes esparcidas por las redes sociales y los medios, conspiran contra la cruzada del gobierno. Recuerdan a gendarmes, prefecturianos y policías, que hoy la mirada social es global, heterogénea, y que ellos no pueden caminar por la calle haciéndose invisibles.
Se verá hasta qué punto las condiciones de los operativos ordenados o no por la justicia, pero con aval del gobierno, empujan a los integrantes de las fuerzas de seguridad a comulgar con el mensaje inscripto en los nuevos protocolos. Pues habrá que ver si las instrucciones donde la conversación, la negociación y el recurso a la palabra, del antiguo régimen permanecen encarnadas en el comportamiento del personal. Dependerá de en qué medida esos nuevos protocolos respondan a concepciones sobre el bien y el mal, y el lugar que la legalidad cobra para los/as uniformadas/os.

1- La entrevista fue emitida el 28/11/2017, véase https://tn.com.ar/politica/caso-maldonadoel-gendarme-emmanuel-echazu-mi-familia-estaba-angustiada-porque-en-un-momento-era-el_836601
2- “Es una fuerza de operaciones policiales, organizada, instruida, adiestrada y equipada para responder rápida y eficientemente a una amplia gama de requerimientos del servicio que, por su importancia y características puedan en un momento dado, desbordar la capacidad operativa de los servicios policiales regulares ya establecidos.” http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/inst_servicios9.php
3- http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/Publicaciones/El%20Modelo%20Argentino%20de%20Seguridad%20Democratica.pdf
4- https://www.pagina12.com.ar/79154-los-policias-por-encima-de-los-jueces “/…/el Ministerio de Seguridad dictó una resolución para que las fuerzas federales no obedezcan las órdenes de los jueces si consideran que no son legales. En una decisión inédita, los jefes policiales podrán decirle a los magistrados que su interpretación de la ley no es la correcta.” Página 12, 29 de noviembre de 2017.
5- Resolución de febrero de 2016 que aprueba el protocolo de actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en caso de Manifestaciones Públicas: http://www.minseg.gob.ar/pdf/protocolo-final.pdf 

*Esta nota fue publicada en el Observatorio de Política Criminal  el 6 de diciembre de 2017.