| Desde Marcos Paz

De Vido declara en videoconferencia para evitar escrache mediático

El juez hizo lugar al pedido de la defensa para evitar el traslado. Tiene que declarar como imputado en la causa Skanska II de ampliación de gasoductos.

de vido esposas

La foto de Julio de Vido con casco, esposas y chaleco antibalas tendrá que ser en otra oportunidad. El ex ministro declarará como acusado esta semana pero lo hará por videoconferencia desde la cárcel de Marcos Paz.

El juez federal Daniel Rafecas hizo lugar hoy al pedido de la defensa del ex funcionario y decidió tomarle declaración el miércoles en el expediente por el que se investiga el pago de sobornos y sobreprecios en los gasoductos del norte y del sur, de las que participó la constructora brasileña Odebrecht.

De Vido tenía que declarar este martes, pero el juez autorizó este lunes que la declaración se realice por videoconferencia para evitar el traslado desde Marcos Paz.

En Tribunales trascendió que la medida se tomó porque los defensores del ex ministro quieren evitar el “escrache mediático”, como los que fueron sometidos otros ex funcionarios del kirchenerismo cuando fueron detenidos.

El ex secretario de Energía, Daniel Cameron, prestó declaración indagatoria hoy en la causa conocida como Skanska II, en la que junto al ex ministro están imputados por supuestas “negociaciones incompatibles con la función pública”.

Cameron dijo que la causa debería tramitarse junto con Skanska I, en la que ya fue sobreseído, y se remitió también a un peritaje ordenado en el marco de otra causa en el que se indicó que no se podía establecer que hubiera habido sobreprecios.

Durante su indagatoria, el ex funcionario entregó un escrito, respondió más de 10 preguntas y no hizo referencia a la firma Odebrecht, involucrada en la megacausa de corrupción brasileña conocida como Lava Jato, según fuentes judiciales.

Cameron y De Vido, entre otros ex funcionarios imputados, fueron llamados a indagatoria por supuestos hechos de corrupción en el “Plan de Ampliación de Gasoductos” entre 2006 y 2008.

Se trató de una obra pública de alcance nacional con un presupuesto inicial de 2.300 millones de dólares, adjudicada a la brasileña Odebrecht que es investigada por tres juzgados en Argentina, en distintas causas.

Rafecas sospecha que De Vido creó el marco normativo para el llamado a licitación por parte de la Secretaría de Energía, que finalmente favoreció a Odebrecht.

Las empresas licenciatarias de los gasoductos, TGN y TGS, no llamaron a licitación y, desde la Secretaría de Energía, se facultó para hacerlo a la firma Cammesa, la que adjudicó las obras a Odebrecht.


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