Garavano impulsa la nueva ley.

Por Rafael Saralegui

El nuevo proyecto de ley que el Gobierno impulsa para reformar el Ministerio Público -no conforme el oficialismo con la renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó- ha puesto en alerta a fiscales y funcionarios de carrera porque de aprobarse el texto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo podrían desaparecer fiscales y direcciones especializadas en la investigación de delitos complejos o de alta sensibilidad social, como los casos de violencia de género.

En el Boletín Oficial se publicó hoy el decreto del presidente Mauricio Macri con la aceptación de la renuncia de Gils Carbó, una de sus obsesiones desde que llegó a la Casa Rosada. Pero el Gobierno no sólo quiere nombrar un nuevo procurador sino que además busca reformar la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público, que podría amenazar su independencia y convertirla en un apéndice del Poder Ejecutivo, advierten varios fiscales, después de analizar el nuevo proyecto.

El proyecta cambia en forma radical la designación y la remoción del nuevo Procurador. Hasta ahora el titular del Ministerio Público requiere la aprobación de los dos tercios de los senadores, mientras que con la nueva ley, sólo establece una mayoría simple, de manera que no es necesario generar consensos especiales con la oposición, como ocurre en la actualidad.

Además elimina el juicio político, como hasta ahora, y lo deja a tiro de un simple decreto del Poder Ejecutivo, o de una mayoría simple de la Cámara de Diputados. La duración del cargo es de cinco años, prorrogable sólo por otros dos. Es decir que dura casi lo mismo que el titular del Poder Ejecutivo. Además, la simple acusación del Ejecutivo o de Diputados implica la suspensión automática del Procurador.

El artículo 22 del proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Senadores con fecha del 3 de noviembre, elimina las Direcciones Generales Técnicas de Apoyo ya existentes y las Procuradurías especializadas, lo que se considera un serio retroceso en la investigaciones de delitos complejos, sobretodo cuando en el futuro sean los fiscales quienes deban llevar adelante las investigaciones penales.

Según advierten los funcionario del Ministerio Público, que quedará subordinado al Ministerio de Justicia, podría desaparecer las fiscalías especializadas en la investigación de los delitos de lesa humanidad, de violencia de género, de violencia institucional (fuerzas de seguridad) y las direcciones de acceso a la Justicia, de protección y orientación a las víctimas, de derechos humanos y de políticas de género.

El proyecto también establece una cláusula transitoria que obliga a retornar los cargos originales a los fiscales que hayan sido trasladados en los últimos cinco años, muchos de los cuales pidieron nuevos destinos por cuestiones familiares. Según los registros oficiales, de los 51 traslados de fiscales concretados entre 2000 y 2017 sólo se dispusieron 12 en los últimos cinco años. Durante la gestión interina de González Warcalde hubo cuatro traslados, en la de Becerra hubo 13 traslados y en la de Righi, el antecesor de Gils Carbó, hubo 22.

El texto propuesto por el Ejecutivo también suspende las categorías de fiscales subrogantes, que en la actualidad son secretarios o abogados que cumplen funciones de fiscales en lugares donde las fiscalías se encuentran vacantes. Sólo en el interior del país se calcula que hay unas 100 fiscalías, de las cuales unas 20 son subrogadas porque no hay fiscales designados.

Y el dato que más preocupa a los empleados es que habilita al nuevo procurador a dejar sin efecto los nombramientos desde la sanción de la ley 26.861, de ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público, aprobada en junio de 2013. Todos esos empleados temen quedarse sin trabajo de aprobarse el nuevo texto impulsado por el Poder Ejecutivo.