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Cuándo y cómo Alejandra Gils Carbó decidió que debía renunciar

Con el fallo que objetó la ley del Ministerio Público, sintió que se quedó sin margen. Lo resolvió durante un fin de semana.

Gils Carbó se va el 31 de diciembre.

Gils Carbó se va el 31 de diciembre.

“Dale publicar”. A las 11, en el mismo momento que en el sitio Fiscales se publicaba el texto de la renuncia a su cargo de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, un mensajero llevaba la carta hasta la oficina del Ministro de Justicia, Germán Garavano, quien después de dos años consiguió su objetivo, la dimisión plena de la jefa de la fiscales, agotada por el hostigamiento del Gobierno durante los últimos dos años.

La decisión de Gils Carbó no sorprendió a sus colaboradores más cercanos. En soledad, durante el fin de semana, la Procuradora decidió que era el momento de abandonar la lucha y dejar el cargo, luego de que el Gobierno anunciara que planeaba modificar el texto de la ley del Ministerio Público, para eliminar la cláusula que establece que el Procurador sólo puede ser removido de su cargo mediante un juicio político, al igual que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Resolvió que era tarde para lágrimas y aunque varias veces desde su entorno se había adelantado en los últimos meses que la idea de Gils Carbó era recurrir a tribunales internacionales si la cesaban en el cargo, la procuradora consideró que no tenía sentido resistir, ante un panorama general de la Justicia que ha decidido alinearse a los nuevos aires de Cambiemos.

Tampoco Gils Carbó tenía mucho apoyo entre los fiscales federales y en algunos históricos del Ministerio Público, que se pusieron decididamente en la vereda de enfrente tras la muerte de Alberto Nisman, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma de un memorándum con Irán, la causa por la cual la semana pasada fue llamada a indagatoria por Claudio Bonadio la ex mandataria.

Por ejemplo, el titular de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 desde octubre de 1995, nunca estuvo alineado con la Procuradora. Fue uno de los impulsores de la causa contra Amado Boudou por la venta presuntamente irregular de la la imprenta Ciccone, causa de la que luego fue separado. En marzo de este año, Rívolo denunció a su jefa por la compra del edificio donde tiene sus oficinas en Perón 667, una construcción histórica que pertenecía a la familia Bemberg.

La denuncia se inició luego de que el diario Clarín publicara que Gils Carbó había direccionado la compra de ese edificio para beneficiar a su ex marido, para que cobrara una comisión indebida de 8 millones de pesos. Luego se comprobó que ese dato era falso, ya que ex marido de la Procuradora no había tenido ninguna intervención. De todos modos, el juez Julián Ercolini procesó a la Procuradora semana atrás, pese a que no hubo sobreprecios en la compra del edificio. También fue procesado un funcionario de la Procuración que había intervenido en el proceso junto a su medio hermano, quien hizo de intermediario y cobró varios millones de pesos. También fue procesada una cuñada del ex socio del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz.

“Esa causa en algún momento se va a caer. Está probado que se pagó un precio justo y que Alejandra no cobró un peso. Por más que eventualmente la Cámara Federal confirme el procesamiento, ella va a quedar desligada del caso”, indicó un allegado a la Procuradora. Pero el hecho de que la hubieran acusado y procesado por la compra del edificio afectó el ánimo de la jefa de los fiscales.

Dos días antes de las elecciones del domingo 22, Gils Carbó se dio cuenta de que aunque quisiera quedarse en el cargo, al que llegó el 29 de agosto de 2012, tras la salida de Esteban Righi, por presión del entonces vicepresidente Amado Boudou, ya no le quedaba margen de maniobra. Ese viernes 20, el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials  declaró que era “inconstitucional” el artículo 76 de la Ley 27.148, del Ministerio Público, que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema de Justicia en la forma de remoción de su cargo. La demanda había sido iniciada por Será Justicia, una ONG integrada por abogados de Cambiemos por el tradicional Colegio de Abogados de la calle Montevideo, integrado por los estudios más tradicionales de la City.

“Lo más llamativo es que el juez no dio intervención al Ministerio Público. Es como si a vos te hacen un juicio y nunca te dejan defender. Es inconcebible”, dicen cerca de la Procuradora. El viernes último la Cámara del fuero resolvió que se debía dar intervención a la Procuración, aunque no cambió el fallo de Cayssials. También fue notorio que el Ministerio de Justicia tampoco defendiera la constitucionalidad de la ley, sancionada ¡en 1998! O sea casi 20 años más tarde un juez resuelve que la norma es inconstitucional, sin que nunca hubiera intervenido, por ejemplo, la Corte Suprema. Ya ese día Gils Carbó que la habían acorralado y que el Gobierno podría nombrar a quien quisiera en su lugar. Hoy firmó la renuncia y comenzó a ordenar los papeles para iniciar un salida ordenada. “Ya no habrá equilibrio de poderes”, se lamentó uno de sus colaboradores más cercanos.