La Justicia citó a indagatoria a 20 personas, entre ellas 12 policías, acusadas de conformar una banda que robaba cables de cobre telefónicos subterráneos en el microcentro porteño y el barrio de Recoleta, en el marco de una causa en la que fueron allanadas tres comisarías de la Policía de la Ciudad porque, de acuerdo a la investigación, en sus jurisdicciones les “liberaban la zona” a los delincuentes, informaron hoy fuentes judiciales.
El expediente , que está en manos de la jueza de instrucción 38, Wilma López, tras una investigación iniciada por el fiscal Julio Argentino Roca, quien al haber personal policial implicado, puso a trabajar en la pesquisa a la División Operaciones Judiciales de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Las tres comisarías de la Policía de la Ciudad que fueron allanadas en dos etapas fueron, en principio, la 1ra. del microcentro y la 3ra. de la zona de Tribunales y luego la 19na., que tiene jurisdicción en parte de Recoleta y Barrio Norte.
En uno de sus requerimientos, el fiscal Roca describió a la banda como una “organización criminal” dedicada “a la comisión de delitos indeterminados», entre los cuales destaca «la sustracción de cables” de cobre y fibra óptica.
De acuerdo a la investigación del fiscal, la banda se hacía pasar por una cuadrilla de falsos operarios de empresas de servicios públicos que se desplegaban con vehículos, vallados e indumentaria con logos de la concesionaria “Aysa” (del servicio de agua) en el sitio donde descendían a sustraer los cables para así “disfrazar la sustracción en una supuesta reparación efectuada en la vía pública”.
Una vez obtenidos los cables, la organización los trasladaba para su pesaje a la localidad bonaerense de Caseros y luego a un galpón de Ciudad Jardín, donde los pelaban y picaban para dejar al descubierto el cobre que luego fundían y vendían.
El fiscal Roca describe en el expediente que este accionar delictivo contaba “con el auxilio de personal policial de las comisarías correspondientes a las zonas donde se efectúan tales sustracciones, los que a cambio de dinero ‘liberarían la zona de control’ y en consecuencia, les brindarían ‘protección’ para llevar a cabo el desapoderamiento”.
En la causa, hay varias escuchas telefónicas que prueban la complicidad policial, como cuando el 1 de junio pasado, uno de los delincuentes convoca a sus cómplices para ir a “jugar a la 1-9”, en referencia a la comisaría 19 de Recoleta, donde robaron cables por las las avenidas Las Heras, Pueyrredón, Córdoba y Santa Fe.
En otra de las escuchas, del 3 de junio, uno de los policías que conformaba la banda llamó al jefe de servicio de la comisaría 19 y le dijo: “Voy a estar acá por tu zona, voy a revisar qué podemos hacer. Cuando voy a levantar te aviso”, mientras que el interlocutor contestó: “Sí, sí, dale tranquilo, yo estoy acá al pedo, estoy escuchando. Mandame un mensajito con las calles”.
Todo empezó el 10 de diciembre de 2016 en la esquina de Suipacha y Tucumán, a metros del Obelisco y cuatro cuadras del Palacio de Tribunales, donde cuatro delincuentes vestidos como una falsa cuadrilla de Aysa se introdujeron en una cámara subterránea de la empresa Telefónica de Argentina y extrajeron 200 metros de cables de cobre.
La maniobra fue detectada por personal de seguridad privada de la empresa de telefonía que, al arribar al lugar, retuvo a uno de los presuntos delincuentes, identificado como Miguel Héctor López Rocha, de nacionalidad uruguaya y quien terminó siendo el único detenido, junto a una camioneta Renault Kangoo con herramientas y un carrete con 200 metros de cable enrollado, por lo que llamó al 911.
Otros tres cómplices salieron corriendo perseguidos por el personal de seguridad y, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir con videos y la declaración de esos empleados, dos de ellos fueron detenidos en la esquina de Lavalle y Maipú por efectivos de la comisaría 1ra. y 3ra., pero más tarde fueron dejados en libertad sin ser individualizados, lo que para Roca “da cuenta de la ‘liberación de zona’ antes aludida».
Los cruces telefónicos analizados en la causa demostraron para los investigadores que entre los “robacables” y algunos policías existieron comunicaciones antes, durante y después de ese robo.
Uno de los policías más comprometidos es Pablo Ezequiel Centurión Giménez, oficial subinspector de la PFA, destinado en la delegación Pergamino de esa fuerza, pero con pasado en las comisarías que ahora están bajo la órbita de la Policía de la Ciudad.
Para los investigadores, Centurión Giménez era el encargado de gestionar las “zonas liberadas” con algunos de los policías porteños.
A partir de las escuchas, se pudo determinar que la banda continuó operando entre el 26 de mayo y el 13 de junio de este año y la jueza les imputa a los 20 imputados el delito de «robo en poblado y en banda».
Además de Centurión Giménez, que pertenece a la PFA, la jueza López citó a indagatoria a otros 11 efectivos pero de la Policía de la Ciudad -quienes según fuentes de la investigación ya fueron apartados de sus cargos-, y a ocho civiles.