Macri atacó a jueces y abogados.

Mientras el Gobierno analiza impulsar una reforma laboral, al calor de la resonante victoria en las elecciones legislativas de mitad de mandato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará mañana las violaciones del Estado argentino a los derechos humanos laborales durante la presidencia de Mauricio Macri.

Será en una audiencia pública que se realizará desde las 9.45 en el Palacio Legislativo de Montevideo, en Uruguay, a partir de una presentación impulsada por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), acompañados por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos.

Meses atrás el presidente Macri denunció la existencia de una supuesta mafia en el fuero laboral encabezada por el diputado nacional y ex abogado de la CGT Héctor Recalde, quien, obviamente, rechazó las acusaciones. Desde entonces, la Corte Suprema de Justicia sacó una serie de fallos en sintonía con las aspiraciones del Gobierno.

Ahora, apenas dos días después de la victoria en las elecciones, tras las que el gobierno afirmó su proyecto de lanzar una “reforma laboral”, mañana martes en la audiencia pública se expondrán las denuncias contra el Estado Argentino por el ataque del gobierno de Macri a los abogados laboralistas, a la justicia del trabajo y a los Sindicatos. Se trata de un hecho histórico ya que es la primera vez que la CIDH habilita una audiencia pública para tratar violaciones de derechos laborales.

En su momento, al solicitar la audiencia, la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas había denunciado que los ataques del gobierno de Macri a los abogados y a la justicia laboral estaban destinado a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo” y enfatizó que se trataba de maniobras que “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.

Las denuncias abarcan, por ejemplo, los pedidos de juicio político de cinco jueces laborales por el contenido de sus sentencias, los ataques a los abogados laboralistas como forma de obstaculizar el acceso a la justicia, las intervenciones a los sindicatos, la criminalización de la acción colectiva, etc.

La audiencia que realizará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue requerida, entre otras organizaciones, por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma  y una decena de asociaciones sindicales y de derechos humanos de la Argentina.

Entre otras, la Federación Judicial Argentina, ATE, Aceiteros, Sipreba, Actores, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas, la APDH, CEPRODH.

De todos modos, más allás de la convocatoria, el Gobierno parece decidido a impulsar una reforma para disminuir los costos laborales, un reclamo de los empresarios a la Alianza Cambiemos, que seguramente será impulsado ahora tras la victoria del domingo en buena parte del país.