Gils Carbo no se quiere ir.

Dos días antes de las elecciones el Poder Judicial le dio otra buena noticia al Gobierno y al presidente Mauricio Macri, que así podría concretar uno de sus anhelos: remover por decreto a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.

El juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials declaró “inconstitucional” al artículo 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que quien ostenta ese cargo solo puede ser removido por la vía del juicio político.

La medida, que hace tambalear el estado de derecho y la división de poderes, le allana el camino al presidente Mauricio para que por decreto consiga su objetivo de remover de su cargo a Gils Carbó, algo buscó con denuedo desde que llegó a la Casa Rosada.

Cayssials falló a favor de una demanda presentada por Será Justicia, la ONG del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, contra el artículo que equipara la inmunidad del Procurador General con la de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. 

La ONG y el Colegio de Montevideo representan a los grandes estudios de abogados y todos comulgan con los intereses y la ideología de Cambiemos.

«Mal puede el legislador [que aprobó esa ley del Ministerio Público] pretender ampliar el grupo cerrado de funcionarios sujetos a juicio político haciendo ingresar, por vía infraconstitucional, a un funcionario no previsto por los constituyentes de 1994, so pena de propender a crear otras indemnidades no contempladas en la Carta Magna, lo cual derivaría inexorablemente en la tacha de inconstitucionalidad de dicha norma de rango inferior», estimó el magistrado.

En forma insólita la presentación había sido había sido avalada en su momento por el Ministerio de Justicia, que dijo que los demandantes tenían toda la razón y recordó que el Gobierno había presentado un proyecto de ley en ese mismo sentido.

La sentencia -que es apelable ante la Cámara del fuero- le abre al Gobierno un camino que el Congreso le había cerrado cuando presentó un proyecto para modificar el sistema de remoción de la jefa de los fiscales. Hasta la diputada oficialista Elisa Carrió la impugnó y se negó a votar.

El fiscal del caso, Miguel Gilligan, se había pronunciado en contra del pedido de inconstitucionalidad al sostener, entre otros argumentos, que la inmunidad funcional del Ministerio Público Fiscal “es otorgada para lograr la independencia del órgano (…) lo que no parece tener relación causal, es plantear como objeto de una demanda, que el Poder Judicial declare la inconstitucionalidad del proceso con mayor representación popular que establece nuestra Constitución”.

Además, el fiscal indicó que resultaría “improcedente pretender” que un juez “impulse una ley que regule la remoción del procurador”. Si lo hiciera, añadió, cometería un “exceso” respecto de “sus atribuciones”.

Sin embargo, en su fallo, Cayssials citó como antecedente un polémico fallo de 1991 que le permitió al entonces presidente Carlos Menem destituir por decreto a Ricardo  Molinas, quien ocupaba el cargo de Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas.

Cayssials tomó ese caso en el que Menem destituyó por decreto a Molinas, asentado en un fallo que a favor de su intención de removerlo dictó  la Corte Suprema con “mayoría automática”. La Corte más desprestigiada desde el retorno de la democracia, la que siempre votaba de acuerdo con los intereses del Gobierno.

En su decisión, el juez destacó que ese fallo “entendió que el Fiscal General no gozaba de inmunidad” como los miembros del máximo tribunal y agregó que “el hecho de que tal funcionario haya sido designado con acuerdo del Senado no supone que para su remoción deba aplicarse el procedimiento establecido” por la Constitución.

La demandante, Será Justicia, es una organización vinculada al PRO y a la Sociedad Rural, y tiene una historia que incluye la reivindicación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La cartera que encabeza Germán Garavano se unió al pedido y citó el antecedente del fiscal Molinas, un episodio cuestionado que se produjo antes de la reforma de 1994 que convirtió al Ministerio Público en un órgano extrapoder.

Con este antecedente, no sólo Gils Carbó podría ser removida por decreto sino que cualquier fiscal podría sufrir el mismo procedimiento, lo cual pone en riesgo la actuación de cualquier fiscal que inicie una investigación que no le guste al Gobierno.