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Procesan a Gils Carbó y a la cuñada del ex socio del juez Rosenkrantz

La Procuradora fue procesado por administración fraudulenta por la compra del edificio de la calle Perón. Bárbara Jaureguiberry fue la intermediaria. Es la cuñada del ex socio del juez.

Gils Carbo no se quiere ir.

Gils Carbo no se quiere ir, pese al procesamiento.

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, por el delito de administración fraudulenta por la compra del edificio donde tiene su despacho y además dictó un embargo de 7 millones de pesos.

En la misma resolución, Ercolini procesó también a Bárbara Jaureguiberry, la agente inmobiliaria que se encargó de llevar adelantas las gestiones para venta del edificio en nombre de la empresa Arfinsa.

Lo llamativo es que Bárbara Jaureguiberry es la cuñada de Gabriel Bouzat, el ex socio del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, nombrado por el presidente Mauricio Macri en el máximo tribunal a poco de llegar a la Presidencia. Bárbara es hermana de Eleonora, la espoa de Bouzat.

La mayoría de los medios oficialistas ponen el foco en el procesamiento de la Procuradora con el argumento de que con la medida dictada por el juez ahora el Gobierno tendrá argumentos para pedir el apartamiento de la jefa de los fiscales.

Jaureguiberry tuvo un rol central en la trama de la venta del edificio donde tiene sus oficinas la Procuradora y donde además tienen sus oficinas varias fiscalías especializadas creadas durante su gestión.

Ercolini dictó esa medida contra la Procuradora por “considerarla coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”, según la extensa resolución de más de 200 fojas que se conoció esta tarde.

Además Ercolini procesó a otros cuatros imputados en la causa en la que se investiga el pago de una abultada comisión por la compra del edificio situado sobre la calle Perón, en el microcentro porteño.

Entre los procesados figuran Juan Carlos Thill, la mencionada Bárbara Jaureguiberry, Guillermo Bellingi y Adrián González Fischer, ejecutivo de ArFinsa, la empresa del grupo Bemberg que vendió el edificio a la Procuración General de la Nación.

Thill y Bellingi son hermanos por parte de la madre. El segundo era quien llevaba adelante la licitación para la compra del edificio. Su hermano es un productor de seguros de La Plata, que no tiene vínculos con el negocio inmobiliario.

Sin embargo, cobró una jugosa comisión que le pagó Jaureguiberry, responsable de la inmobiliaria que participó en la operación de compra venta del histórico edificio, por el que se pagó 43,5 millones de dólares.

En su auto de procesamiento, Ercolini sostuvo que “Alejandra Magdalena Gils Carbó – Procuradora General de la Nación – y Guillermo Alfredo Bellingi –subdirector General del mismo organismo– violando consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos, previo acuerdo con ejecutivos de Arfinsa Argentina Financiera S.A. –en particular con Adrián Marcelo González Fischer, en forma directa o a través de intermediarios– idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención dolosa fundamental de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill.

El juez sostuvo que en la compra del edificio se abonó “una comisión de $ 7.706.399,90, representativa de un porcentaje totalmente inusual en el mercado inmobiliario,que oscila normalmente entre un 3 y un 5%”.

Luego Jaureguiberry abonó a Juan Carlos Thill “la suma de $ 2.969.252,97 –monto que habría resultado de las deducciones que efectuara a la facturada suma de $ 3.019.054,85– por unos supuestos e inexistentes servicios de asesoramiento y gestión para los trámites que hiciera en relación a esa licitación, siendo que este último era ajeno e ignoto en el rubro inmobiliario pero resulta ser el hermano de Guillermo Alfredo Bellingi, subdirector general de la P.G.N. designado especialmente por la Sra. procuradora general, el día 26 de septiembre de 2012″.

Cuando fue llamada a indagatoria, Gils Carbó sostuvo que desconocía que Guillermo Bellingi tuviera un hermano y que alguno de ellos tuviera vínculo con la inmobiliaria que licitó el inmueble. Además aseguró que el precio pagado por el edificio era inferior al del mercado y que las comisiones fuerona abonadas por los vendedores a los intermediarios.

En un comunicado, la defensa de Gils Carbó, encabezada por el ex juez León Arslanian, sostuvo que “la resolución judicial que dispuso el auto de procesamiento de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por un delito imaginario, no nos sorprende, pero sí nos produce estupor. No nos sorprende, porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando”.

“Nos produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública al autorizar, la funcionaria, la compra de un inmueble para sede de su desempeño, en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales. Sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado, ni fuera del conocimiento de aquélla. Por fin, cabe señalar que genera suspicacia el dictado de esta resolución con anterioridad al lunes 23 de octubre. Desde luego, se interpondrán los recursos judiciales pertinentes”, añade el comunicado.

El juez Ercolini sostuvo que la administración fraudulenta se concretó con el pago de las comisiones. “La compra del inmueble ubicado en la calle Perón 667 de esta ciudad fue efectuada bajo la simulación engañosa de una licitación pública -para darle apariencia de legitimidad-, previo acuerdo con la vendedora, de modo tal que parte de lo abonado en ese concepto con fondos provenientes del Estado nacional fuera entregado a Bárbara Jaureguiberry –persona interpuesta con el carácter de agente inmobiliario, que apareciera como contratada por la vendedora– y Juan Carlos Thill –insertado con la simulada calidad de asesor y gestor de la anterior– bajo la apariencia del pago de comisiones, que en realidad no fueron tales”, dice el procesamiento.

Alejandra Gils Carbó y Guillermo Bellingi actuaron en violación de los deberes que tenían a cargo y de ese modo perjudicaron los intereses que les fueran confiados -todo ello en el ámbito de la función que cada uno de ellos tuviera asignada-, con el fin de procurar un lucro indebido, cuanto menos, para Juan Carlos Thill y Bárbara Jaureguiberry“, agrega Ercolini.
Y al describir la actuación de Jaureguiberry, la cuñada de ex socio del juez Rosenkrantz, Ercolini sostuvo que “a efectos de dar apariencia de legalidad a su actuación y a la exorbitante comisión que recibiera, firmó la propuesta de corretaje inmobiliario dirigida a Arfinsa Argentina Financiera S.A., en base al cual le emitió las correspondientes facturas. A su vez, simuló la contratación de Thill por unos servicios de gestión y ases oramiento que en realidad fueron inexistentes, y basado en ese convenio suscripto por ambos, contra la emisión por parte de éste de la factura correspondiente, libró el cheque en su favor. Bárbara Jaureguiberry tuvo activa participación en el asunto, a punto tal que mantuvo numerosas comunicaciones telefónicas con Guillermo Bellingi, inclusive, en momentos previos y al mismo tiempo en que fuera dejada sin efecto la licitación anterior. En definitiva, actuó como una de las personas interpuestas para la realización de la maniobra, y lo hizo a sabiendas de su ilicitud y con total voluntad de realización, para que tanto Juan Carlos Thill como ella –por lo menos– obtuvieran un lucro indebido, con el consiguiente perjuicio para el Ministerio Público Fiscal”.

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