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Procesan a 30 policías por la desaparición forzada de un joven

Franco Casco tenía 20 años. Fue detenido y torturado en una comisaría, donde murió. Su cuero fue encontrado 20 días más tarde en el río Paraná.

franco cascoTreinta efectivos de la Policía de la provincia de Santa Fe fueron procesados bajo la figura de desaparición forzada seguida de muerte por el crimen de Franco Casco, un joven que fue detenido y torturado en una comisaría. Luego su cuerpo apareció flotando en el río Paraná.

El abogado de la familia del joven de 20 años, Salvador Vera, aseguró que “es alarmante cómo actúan las fuerzas de seguridad” y sostuvo que “parecería que hay un manual del desaparecedor”.

Minutos más tarde de que el juez federal Carlos Vera Barros procesara a 30 efectivos de la policía implicados en la desaparición y muerte de Casco, el abogado aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron de la misma manera ante ambas desapariciones. “Atemorizan las similitudes”, manifestó.

A partir de una presentación efectuada por la Defensoría General de la Nación (DGN), en el marco de la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte y torturas de Franco Casco, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 dictó el procesamiento de 30 uniformados de la policía provincial santafesina; y sobre 15 de ellos ordenó además la prisión preventiva.

En el fallo, el juez Carlos Vera Barros, ordenó contra tres de los 30 efectivos policiales el procesamiento con prisión preventiva por el delito de “desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima e imposición a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad de cualquier clase de tortura seguida de la muerte de la víctima”; en tanto que otros siete resultaron procesados con prisión preventiva por desaparición forzada seguida de muerte; cinco quedaron procesados con prisión preventiva por encubrimiento agravado; y los restantes 15 miembros de la fuerza de seguridad provincial fueron procesados por desaparición forzada seguida de muerte.

La DGN, querellante en la causa en representación de Ramón Casco (padre de la víctima), había efectuado la imputación y solicitado las indagatorias de los integrantes de la policía de Santa Fe el pasado 24 de agosto.

En la causa caratulada “N.N. s/ privación ilegal de la libertad (Víctima Franco Casco)”, los defensores públicos oficiales Mariano Maciel y Nicolás Laino (co-titulares, además, del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN); el secretario letrado y defensor público coadyuvante de la DGN, Andrés Pennisi; y el secretario letrado y coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN, Luciano Hazan; impulsaron la imputación con el objetivo de avanzar en la investigación y juzgamiento del caso del joven desaparecido forzadamente, torturado y muerto a manos de la policía de la provincia de Santa Fe.

Franco Ezequiel Casco fue detenido en la vía pública de la ciudad de Rosario por personal de la Comisaría 7ma de esa ciudad el 6 de octubre de 2014, mientras se dirigía a la terminal de trenes Rosario Norte para retornar a su domicilio en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

En esa dependencia policial se lo alojó entre la tarde y noche de ese día y la madrugada del día siguiente. Allí, según consta en las pruebas presentadas oportunamente por la querella, lo sometieron a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Como consecuencia de ello perdió la vida, sin que su familia ni la sociedad en su conjunto tuvieran durante un lapso de veinticuatro días conocimiento de su paradero, debido a maniobras de ocultamiento realizadas por los imputados del caso y por la reticencia y negativa a brindar información de todo el personal de la comisaría.

Incluso se fraguó una causa falsa contra la víctima con el objetivo de legitimar su detención. El cuerpo de Franco apareció, sin vida, en el río Paraná el 30 de octubre de 2014, según informó la DGN.

En el escrito presentado oportunamente por DGN se dejó constancia de que las torturas y la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco “no constituyen un caso aislado sino que se dieron en un contexto de repetidas y comprobadas violaciones a los derechos humanos protagonizadas por funcionarios de la policía de la provincia de Santa Fe, circunstancia de la que dan cuenta diversos informes producidos durante los últimos años por instituciones públicas locales y por organismos internacionales”.