Boudou está inquieto por su futuro.

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou deberá sentarse mañana por segunda vez en el año en la silla de los acusados en un juicio oral y público, acusado acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con su condición de funcionario pública en la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica.

Este año ya Boudou tuvo que enfrentar otro juicio oral, del que resultó absuelto, por anotar con datos falsos en el Registro de Propiedad Automotor un coche que había vendido.

Boudou intentó postergar el inicio del proceso al pretender unificarlo con otra causa que aún se encuentra en etapa de instrucción, que es la que lo investiga por la firma de un contrato por parte del gobierno de Formosa con el fondo de inversión The Old Fund, el mismo que aparece en la causa Ciccone.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 4 –Pablo Bertuzzi, María Gabriela López Iñiguez y Néstor Costabel– rechazaron el planteo, con lo cual quedó confirmado el inicio mañana del proceso oral a Boudou y otros acusados por la venta de la ex Ciccone Calcográfica a un fondo de inversión que para la Justicia está vinculado al ex vicepresidente.

Otro de los acusados, el supuesto testaferro y titular del fondo «The Old Fund«, Alejandro Vandenbroele, se presentó en la mesa de entradas del Tribunal para ratificar su domicilio y además anticipar su intención de cambiar de abogado defensor, pese a lo cual el debate comenzará como estaba previsto.

Boudou se sentará en el banquillo de los acusados desde las 9.30, cuando los magistrados y las partes comenzarán a escuchar la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y querellas en una jornada que se prevé transcurrirá con este trámite.

Recién para el martes de la semana próxima se plantearían las llamadas «cuestiones preliminares» y, luego, comenzarán las declaraciones indagatorias de Boudou y los demás acusados, quienes tienen obligación de estar presentes al menos hasta esta instancia.

Junto a Boudou serán juzgados su amigo y empresario José María Nuñez Carmona, quien figuró como titular de The Old Fund; Alejandro Vandenbroele, el ex jefe de asesores de AFIP Rafael Resnick Brenner; el ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Lorenzino y el ex dueño de Ciccone, Nicolás Ciccone.

En la causa que investigó el juez federal Ariel Lijo, Boudou fue procesado por haber supuestamente participado de una maniobra ilegal para quedarse con la ex Ciccone Calcográfica cuando era ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Para ello, su amigo Nuñez Carmona y Vandenbroele habrían aparecido como intermediarios para comprar la imprenta Ciccone y luego adjudicarse la impresión de moneda nacional, según la acusación.

Lijo también investiga a Boudou por un contrato firmado con Formosa para un asesoramiento en la reestructuración de su deuda pública, para lo cual también se usó al fondo «The Old Fund«. En esta causa, el ex vicepresidente fue indagado pero el juez aún no resolvió su situación procesal.

A lo largo del debate por Ciccone, que se realizará todos los martes en los tribunales federales de Retiro, declararán como testigos la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz y una ex pareja de Boudou, Agustina Seguín, entre otros propuestos por el fiscal de juicio Marcelo Colombo.

Según el juez Lijo, instructor de la causa, Boudou se «valió de su cargo para, con la intermediación de Vandenbroele y del empresasio José María Nuñez Carmona, lograr que la AFIP beneficiara a Ciccone con un plan de saneamiento fiscal», para evitar la quiebra y adquirir la imprenta.

Se trata del segundo juicio oral que enfrenta Boudou, ya que el primero fue ante el TOF 1, el 4 de agosto último, en una causa en la que se lo acusaba de haber falseado la documentación registral de un automóvil Honda de su propiedad, en la que resultó sobreseído, por decisión de la mayoría.

El tercer juicio oral y público que deberá afrontar Boudou será por la compra de 19 autos de alta gama para el Ministerio de Economía, cuando él lo encabezaba, y también estará a cargo del TOF 4.

La elevación a esa instancia de ese expediente fue resuelta el jueves último por el juez federal Sergio Torres, tras dar por concluida la investigación por la compra de 19 autos de alta gama por un total de 2,1 millones de pesos, en una licitación que, para el magistrado, fue direccionada para que resultara adjudicada la concesionaria Guidi.